Los siete acusados de matar al alcalde de Polop se centran en desacreditar al testigo protegido

Las defensas del juicio del crimen de Polop, en el que murió a tiros en 2007 el alcalde de esta localidad alicantina, Alejandro Ponsoda, tienen un objetivo casi único. Se trata de desacreditar por completo el relato del testigo protegido, principal baza de las acusaciones, al que los letrados de los acusados han calificado este martes de “espejismo de solución eficaz”, mentiras, historia de ciencia ficción o “fábula bien inventada”. Además, añaden que esta declaración sirvió para atenuar la “desesperación” de los investigadores, que no fueron capaces de hallar una sola prueba del crimen, y reportó beneficios para quien las realizó.

Los siete letrados de la defensa coinciden en el mismo punto. Sus representados no tuvieron nada que ver con el asesinato, el 19 de octubre de 2007 y en su mismo domicilio, de Ponsoda. Ni los presuntos instigadores, el exedil polopino Juan Cano, el empresario Salvador Ros y el propietario y el gerente del club de alterne Mesalina, Pedro Hermosilla y Ariel Gatto, en el que supuestamente se orquestó el complot. Ni tampoco los presuntos autores materiales, un narcotraficante extremeño, Raúl Montero Trevejo, y dos presuntos sicarios checos, Radim Rakowski y Robert Franek. Por tanto, para todos ellos, sus respectivos abogados piden la absolución.

A lo largo de este martes, se han ido sucediendo las lecturas de los escritos de cada una de las nueve partes implicadas, la fiscal, la acusación particular que representa a las dos hijas de la víctima y los siete defensores. Buena parte de ellos se han dedicado a recordar que la causa se sobreseyó en su momento y que solo se retomó tras la adhesión de la acusación particular y tras la declaración del testigo protegido, cuya intervención en el juicio está prevista para el próximo jueves y sobre el que han descargado toda su furia. Su relato de los hechos fue “una solución engañosa”, alega Jorge Martínez Navas, defensor del empresario Salvador Ros, quien señala que “cada una de sus declaraciones difiere de la anterior”. Y su reputación, muy oscura, ya que “posee una larga lista de antecedentes” y se trata de “un confidente policial con fama de fabulador”, continúa el letrado.

Similar es la opinión del defensor de Gatto, Jaime Pérez Linares. A su juicio, el testimonio principal de la acusación es un relato “de ciencia ficción” constituido por “declaraciones interesadas que proporcionaron beneficios al testigo protegido”. Es más, señala que estas declaraciones se deben a “la desesperación de los investigadores”, “acuciados por la presión de los medios”, tras una instrucción en la que “se carecía de indicios y pruebas”, y ni siquiera se llegó a localizar “las armas” empleadas en el tiroteo. “La investigación dio un vuelco”, apunta José María Borja, defensor de Montero Trevejo, cuando apareció “no se sabe bien cómo” este testigo.

Los representantes de los dos presuntos sicarios, Mariana Ivanov y Sebastián Padilla, han hilado una trama similar a la del resto de letrados. Sin embargo, la de los dos principales implicados, Cano y Ros, se ha basado también en determinar que ninguno de los dos mantenía una mala relación con Ponsoda, móvil principal aducido por la parte contraria para la comisión del crimen, que la fiscal, Lourdes Giménez-Pericás, y el letrado de la acusación particular, Vicente Guerri, achacan a la “animadversión” de los acusados contra Ponsoda.

Ros no mantenía ninguna “enemistad” con el alcalde asesinado, sino con el que señalan como su presunto cómplice, Cano. Tampoco tenía “ningún interés urbanístico ni de ningún otro tipo con el ayuntamiento de Polop”, explica su defensor. Y solo comenzó a frecuentar el burdel Mesalina “en 2008”, después del asesinato, “tras una ruptura familiar”.

Por su parte, los representantes de Cano, Carlos Ruiz y Javier Boix, niegan la presunta “animadversión” y aseguran que se le apartó de las listas electorales en 2003 por una simple “confusión”, que posteriormente fue “aclarada” y condujo a su reposicionamiento como número dos de Ponsoda en 2007. También sostienen que del resto de los acusados, solo conocía previamente a Ros “por ser vecino de Polop” y a Hermosilla, que era “cliente de la oficina de Caja Mediterráneo (CAM) en la que trabajaba el exconcejal de Urbanismo.

Los defensores de Cano, además, no han dejado pasar la oportunidad de tratar de aducir otro posible móvil del crimen, la homofobia, debido a la orientación sexual de Ponsoda. La tarde del crimen, han recordado los defensores, “Ponsoda pasó por la sauna Adonis de Benidorm”.