La selección del jurado consume la primera jornada del juicio del crimen de Polop

El juicio del asesinato de Alejandro Ponsoda, alcalde de la localidad alicantina de Polop, ha consumido su primera jornada en la selección y formación del jurado. Cinco horas y media después de que comenzara el proceso, la magistrada, Cristina Costa, ha determinado el fin de la sesión, en la que estaba prevista la declaración de uno de los acusados, Raúl Montero Trevejo. La resolución del caso, que tratará de dilucidar un asesinato cometido hace más de doce años, deberá esperar un día más.

Los nueve integrantes del jurado, más dos suplentes, dictaminarán la inocencia o culpabilidad de los siete acusados, en un juicio que concluirá, en principio, el próximo 30 de enero, con la entrega del objeto del veredicto. Hasta entonces, pasarán por la sala de la Audiencia de Alicante cerca de un centenar de declarantes, incluidos los acusados y el testigo principal, protegido, y la familia de la víctima de un crimen cuya dilatada instrucción, sumada al colapso del juzgado de instrucción de Villajoyosa, ha ido postergando sucesivamente el juicio.

Los hechos sucedieron el 19 de octubre de 2007. Medio año después de su cuarta victoria por mayoría absoluta, Ponsoda llegaba a casa una noche de viernes. A punto de entrar en su aparcamiento particular, recibió tres tiros a bocajarro. Agonizó durante ocho días en el Hospital de Alicante y finalmente, murió a causa de las lesiones generadas por la única bala que le impactó, que se quedó alojada en su cabeza.

Su sucesor al frente del Ayuntamiento fue el teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Juan Cano. Dos años después, fue detenido como presunto inductor del asesinato y pasó ocho meses en prisión, de la que salió tras pagar 20.000 euros de fianza. Según el escrito del fiscal, en verano de 2007, Cano se reunió con el empresario polopino Salvador Ros en un club de alterne del municipio cercano de Finestrat, el Mesalina. Allí, “puestos en común acuerdo y movidos por la idea de acabar con la vida” de Ponsoda, solicitaron ayuda al dueño y al gerente del local, Pedro Hermosilla y Ariel Gatto, “para llevar a cabo su propósito”.

Según el fiscal, los instigadores del crimen se reunieron primero con un veterano mercenario confeso, el testigo protegido, y le “instaron a que lo matara” por 35.000 euros. Sin embargo, el primer candidato se opuso y, años después, se convirtió en la principal baza de la acusación, dado que no han aparecido las armas utilizadas ni se hallaron huellas o evidencias físicas en el escenario del crimen. Su declaración se convertirá en el argumento principal contra los acusados.

Los cuatro conspiradores contactaron entonces con los considerados autores materiales del asesinato. Un narcotraficante extremeño, Raúl Montero Trevejo, y dos habituales de los clubes de la zona, Radim Rakowski y Robert Franek, los tres con “fácil acceso al mercado ilegal de armas de fuego”, señala el fiscal, quienes “sí accedieron a acabar con la vida de Alejandro Ponsoda a cambio de una cantidad aproximada de 50.000 euros”.

Todos los acusados se enfrentan a 25 años de cárcel por el delito de asesinato. Los tres presuntos autores materiales, además, podrían sumar dos años más de condena por tenencia ilícita de armas.