Empieza el juicio por el asesinato del alcalde de Polop, 12 años después
Siete acusados, entre ellos un exconcejal, se sientan en el banquillo por la muerte de Alejandro Ponsoda
Nada hacía pensar que el asesinato en 2007 de Alejandro Ponsoda, alcalde de Polop (Alicante), pudiera tener otro móvil que la codicia. Un pueblo situado cerca de la costa más castigada por la especulación, muy próximo a Benidorm. Parecia el hábitat propicio para un crimen por dinero, justo cuando la crisis estaba a punto de saltar. Sin embargo, la investigación, centrada casi desde un principio en Juan Cano, concejal de Urbanismo y número dos de la lista de Ponsoda, condujo inesperadamente a otro motivo: el odio puro.
Una tortuosa instrucción del caso y el colapso del juzgado de la capital comarcal, Villajoyosa, que investigó la causa, fueron postergando la fecha del juicio, que comenzará finalmente este lunes, pese a que la fiscalía presentó su escrito de acusación en agosto de 2017. Cuando se reúna el tribunal para formar el jurado, habrán pasado 12 años y tres meses desde que el 19 de octubre de 2007, en torno a las 21.20, Ponsoda fue acribillado en su garaje. Alcalde apreciado por los vecinos que encadenaba victorias para el PP, agonizó ocho días en el hospital hasta que una bala, alojada en su cabeza, acabó con su vida. Cano asumió las riendas municipales.
Pronto, todos los hilos de la investigación llevaron a Cano, un empleado de banca que, según la investigación, vio en la política una forma de medrar. Pero unas supuestas grabaciones en las que extorsionaba a un empresario truncaron aparentemente su carrera.
En un prostíbulo
El concejal fue relegado en las listas en 2003, pero se hizo con la presidencia local del PP y se colocó como número dos en los comicios de 2007, en los que el alcalde volvió a ganar. Ese verano, según la acusación, Cano fragua su venganza por el castigo político junto a un empresario local. Para la fiscal, el crimen es el fruto de la "animadversión" que sentían hacia Ponsoda "por razón de su cargo de alcalde".
El crimen se gesta en un prostíbulo donde se reúnen, siempre según la investigación, los siete encausados que se sentarán en el banquillo: Cano y el empresario de Polop Salvador Ros como instigadores del asesinato; el dueño y el gerente del club, Pedro Hermosilla y Ariel Gatto, como conseguidores, y un narcotraficante extremeño, Raúl Montero Trevejo, y dos sicarios checos, Robert Franek y Radim Rakowski, como presuntos autores materiales. Todos están en libertad provisional. Los instigadores se enfrentan a 25 años de cárcel, dos menos que los supuestos sicarios y el narco.
Sin embargo, la participación de los acusados no se puede certificar con prueba alguna. La única base de la fiscalía es el relato de un testigo protegido, un antiguo mercenario confeso con varias muertes a sus espaldas en África que se reconvirtió en portero de clubes nocturnos. Y que, durante la investigación, aseguró que él había sido la primera opción de los conspiradores.
Este testigo protegido aseguró que el concejal, el empresario y los dos responsables del Mesalina le encargaron el asesinato a cambio de 35.000 euros. Sin embargo, ni el guardia civil que contaba con los servicios de este testigo como confidente llega a fiarse del todo de él, según declara durante la instrucción. Pero doce años después del crimen, con la construcción todavía de incipiente rebrote y la economía aún dependiente del vigor turístico de Benidorm, incluidos sus submundos, Polop estará pendiente de un veredicto que llegará, como muy pronto, el 31 de enero.
