Deshacer los desequilibrios económicos enquistados

El nuevo Gobierno se enfrenta al reto de continuar promoviendo la creación de empleo en una economía ralentizada en la que, si bien los peores augurios de una recesión han quedado atrás, se espera que el crecimiento económico no remonte el vuelo hasta bien entrada la nueva década, si lo llega a hacer. Con una previsión de desempleo situada alrededor del 13% para el año 2020, España seguirá lejos de los registros previos a la crisis, cuando esta magnitud se situaba en el 8% de 2007. Generar empleo con bajos crecimientos será difícil y la evolución tanto del crecimiento económico como de la creación de empleo durante 2019 así lo atestiguan, con una clara desaceleración de ambas magnitudes.

La palanca fiscal tiene, ya, poco recorrido: España no ha terminado de corregir sus desequilibrios fiscales, con un déficit estructural desbocado, que apenas se ha reducido en los últimos seis años, debido a los regalos impositivos y al crecimiento del gasto público en un momento de expansión económica. La situación se complica pues la Unión Europea exige un ajuste adicional para cumplir las normas de estabilidad presupuestaria que será difícil de combinar con un presupuesto expansivo en términos de gasto. A esta dificultad se añade la entrada en vigor de la regla presupuestaria nacional, que implica, de acuerdo con la Ley 2/2002 de Estabilidad Presupuestaria, que el déficit estructural de las Administraciones públicas debería situarse, en el año 2020, en un 0,4% del PIB, cuando en la actualidad se sitúa alrededor del 3%. Esta formalidad, incorporada en 2012 en un contexto económico y con una visión de la política económica radicalmente diferente de la actual, puede poner en riesgo la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, al abrir la puerta a un posible recurso de inconstitucionalidad por parte de una oposición que no va a poner nada fácil las cosas. Así que, antes que nada, la mayoría parlamentaria que ha apoyado a este Gobierno debería acceder a aprobar una reforma de dicha ley, algo que podría llevar más tiempo del inicialmente previsto.

España tiene todavía viento en las velas para mantener una tasa de crecimiento económico razonable, pero con el alto nivel de deuda, la fragilidad de sus cuentas públicas, el alto nivel de desempleo y la fragmentación parlamentaria será difícil que la agenda económica permita avanzar en las numerosas propuestas contenidas en el acuerdo programático que ha llevado a Sánchez a La Moncloa. Lo más dramático de esta situación es que la necesidad de enfrentarse a estos desafíos se ha visto agravada por la inacción procrastinadora de cinco años de vientos de cola y dos años de interinidad, que no han permitido consolidar una serie de reformas en momentos de bonanza económica y estabilidad política. Si el clima económico de la Unión Europea, muy marcado por las decisiones que tome Alemania y por la reactivación del comercio internacional, acompaña, el Gobierno de Sánchez tendrá una oportunidad para reorientar la política económica. Pero no todo dependerá de él.

José Moisés Martín es economista. Este artículo ha sido elaborado por Agenda Pública para EL PAÍS.