Andalucía aprueba el Presupuesto de 2020 que garantiza a Moreno agotar la legislatura

Andalucía ha sido la primera comunidad de España en aprobar su presupuesto para 2020. Son los segundos que salen adelante en los 11 meses del Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos con el apoyo de la ultraderecha de Vox. Y más allá del alivio que supone para la Administración de la región más poblada del país (8,4 millones de habitantes) contar con dinero fresco para desarrollar los acuerdos firmados al inicio de la legislatura por los tres grupos de derecha, supone la consolidación de la estabilidad política del Ejecutivo. Si hay ruptura o fugas antes de tiempo, el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno (PP), siempre puede optar por la prórroga presupuestaria que lo lleve en volandas hasta el final del mandato en 2022.

El Presupuesto de la Junta para el próximo año asciende a 38.540 millones de euros, 5,4% más que el vigente. Son unas cuentas expansivas, pese al clima de incertidumbre económica y a que el propio Ejecutivo autónomo calcula que la economía andaluza crecerá cuatro décimas menos (del 2,3% al 1,9%). También prevé crear 60.000 empleos en 2020.

El próximo ejercicio Andalucía, como el resto de las comunidades autónomas, está obligada por la ley de estabilidad a no gastar más de lo que ingresa, por lo que debe lograr el déficit cero. Este objetivo está en riesgo, según ha advertido la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que en un informe emitido a principios de diciembre recomendó a la Junta “aplazar las nuevas medidas de rebaja fiscal propuestas o plantear otras actuaciones que favorezcan el cumplimiento de la regla de gasto, compensando el impacto de la pérdida de ingresos de medidas adoptadas”. La comunidad ya aprobó en la práctica supresión del impuesto de sucesiones y donaciones y la rebaja del tramo autonómico del IRPF, entre otras rebajas fiscales.

Una de las novedades del Presupuesto andaluz afecta a la reducción del sector público. En 2020 se realizarán auditorías independientes en lo que el PP ha denominado siempre de manera despectiva como la “Administración paralela”. Los tres partidos que sostienen el Gobierno están de acuerdo en reducir el sector público andaluz, con una plantilla de 26.045 personas. En estas auditorías se estudiará cómo, cuándo y de qué manera esos trabajadores accedieron a una plaza pública. La creencia de Gobierno es que una mayoría la logaron por afinidad política o familiar con el PSOE, que estuvo 37 años seguidos en la Junta. El Presupuesto andaluz destina tres millones de euros para la contratación con firmas privadas de auditoría para la totalidad de su sector público instrumental. Es la primera comunidad autónoma que hace un encargo de este tipo. El sector público instrumental andaluz se ha dividido en 16 lotes, de los que a una sola empresa se le puede adjudicar un máximo de cuatro.

Vox ha advertido en el debate final en pleno del Presupuesto que esta reducción es básica para mantener su apoyo al Gobierno andaluz a lo largo de la legislatura. En tono amenazante, su portavoz Rodrigo Alonso ha dicho que, si el Ejecutivo dilata la toma de decisiones en este asunto y opta por la prórroga presupuestaria dentro de un año, Vox ejercerá “una hostilidad democrática muy grande”. “Tener a Vox durante un año de forma hostil es sumamente incómodo”, ha subrayado.

Antes de la presentación del proyecto de ley, Vox logró en las negociaciones previas que su sello ideológico y programático quedara estampado en el texto: se fomentarán con dinero público las escuelas taurinas, se promoverá “el conocimiento y la reflexión” sobre el descubrimiento de América y en los colegios habrá programas que “exponga la importancia” de la caza. Lo mismo consiguió en las cuentas de 2019, cuando se redujeron partidas para la inmigración, la puesta en marcha de un teléfono para atender a víctimas de “violencia intrafamiliar” o subvenciones para para andaluces “con problemas de inmersión lingüística”.

A lo largo del debate de dos días, los portavoces de PP, Ciudadanos y Vox han subido a la tribuna con un tema reiterado en su guion: una crítica feroz a la bancada socialista tras la sentencia de los ERE, un reproche que los diputados del PSOE han sorteado cada uno como ha podido, aunque no se ha visto una estrategia común de defensa.

El 58,7% del Presupuesto de la Junta de Andalucía va destinado a salud, educación y políticas sociales, aunque esas consejerías crecen menos que el conjunto del presupuesto. La Consejería de Empleo, sobre la que pivota todas las políticas de formación y las acciones activas de empleo, sólo lo hace en 1,9%, cuando en el ejercicio aún en vigor vio disminuidas sus partidas en un 15%. Las inversiones (3.750 millones) se mantienen con perfil bajo y la subida es de un 1,4%, apenas unos 50 millones de euros más respecto a 2019. El pago de la deuda consume el 20,3%. Los gastos de personal el 4,4% y los gastos corrientes el 6,4%.

Durante la tramitación, los grupos mayoritarios aceptaron sólo ocho enmiendas del grupo Adelante Andalucía y tres del grupo socialista.