Espinosa se niega a dar explicaciones: “Son asuntos personales de cosas que no pasaron y fueron hace 18 años”

El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, se ha negado este viernes a dar explicaciones sobre el décimo caso de irregularidades urbanísticas que publica hoy EL PAÍS y que protagoniza junto a su mujer, Rocío Monasterio, líder de la formación de extrema derecha en Madrid. La justicia confirmó en 2010 una sanción del Ayuntamiento del año 2005 y le obligó al pago de una multa de más de 17.000 euros y a demoler lo construido en el sótano, unos trabajos que hizo sin licencia a pesar de la prohibición municipal tras una inspección. Espinosa vendió el inmueble en 2008 sin advertir al comprador de la orden de derribo pendiente, según alegó ante el Ayuntamiento el nuevo propietario, David Naranjo, uno de los productores de Ocho apellidos vascos.

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Las primeras palabras de Espinosa de los Monteros, a preguntas de los periodistas en el Congreso, fueron: “De las invenciones del Grupo PRISA lo único que tengo que decir es que lamento siempre que arrastren a terceros en esas informaciones falsas, en este caso a un comprador, que es un buen amigo, con el que tengo muy buen trato y del que se han escrito también muchas falsedades y lo siento por él, nada más”. Este periódico se puso en contacto con Naranjo, pero este prefirió no hacer declaraciones sobre el tema y mantenerse al margen. Las obras ilegales del tándem de Espinosa de los Monteros y Monasterio también han afectado a otros personajes conocidos, además de ciudadanos anónimos: el presentador Arturo Valls ha demandado a la dirigente ultraderechista este mes por un loft ilegal y el propio vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, fue víctima de otro de sus proyectos, un complejo de lofts levantado en suelo industrial.

Vox ha vetado a EL PAÍS y otros medios en sus ruedas de prensa, y Espinosa de los Monteros no quiso responder a la petición de explicaciones de este periódico antes de la publicación de la noticia, pero hoy ha comparecido en el Congreso por la jornada de puertas abiertas y se ha visto obligado a responder a los periodistas. Estos le han planteado si fue condenado o no, si hizo o no una obra ilegal y si tenía que haber demolido esa obra, pero el portavoz de Vox no quiso contestar alegando que eran “temas personales”. Al preguntarle por qué Monasterio y él trabajaban sistemáticamente sin licencia y de forma ilegal, contestó: “No tengo ninguna necesidad ni ningunas ganas de hablar de las invenciones del Grupo PRISA, y no lo voy a hacer, y además son asuntos personales de cosas que no pasaron, pero en todo caso fueron hace 18 años, así que no voy a dar más explicaciones sobre eso”.

En realidad, ocurrieron hace menos tiempo. Los casos desvelados por EL PAÍS y otros medios comienzan en 2003 y llegan hasta 2010, en su actual casa, donde también hubo irregularidades y recibió otra condena por no pagar a un acreedor. Espinosa de los Monteros y Monasterio, que ejercía como arquitecta sin tener el título y falsificó el visado oficial del Colegio de Aparejadores en unos planos, no han desmentido ninguna de las informaciones de este periódico en los últimos dos meses. Se limitan a hacer comentarios sarcásticos con insultos en Twitter.

La escueta versión de lo ocurrido en el último caso que ha dado Espinosa de los Monteros es: “Yo hice unas obras en mi casa; se justificaron perfectamente; hubo asuntos que tienen que ver con la seguridad de estructura y con buen criterio se decidió reforzar esa estructura. A partir de ahí tuvimos una disputa con el Ayuntamiento. Impusieron una multa, la recurrimos, la ganamos parcialmente, se pagó la parte que no se ganó y ya está”.

En realidad no es así. Espinosa de los Monteros empezó unas obras con una licencia de “saneamiento y pocería” para trabajos menores, si bien creó una nueva planta con cocina en el sótano, que era una simple carbonera, ampliando ilegalmente el volumen de la edificación. Los inspectores municipales le descubrieron, le ordenaron parar las obras y solicitar la licencia adecuada, pero Espinosa de los Monteros hizo caso omiso. Al acabar la obra, el Consistorio le ordenó demolerla y le impuso una multa. En 2008 vendió la casa con la demolición pendiente. El comprador, según argumentó ante el Ayuntamiento en su recurso, se enteró de todo siete años más tarde, al recibir un requerimiento municipal. Tras recurrir la decisión, una sentencia firme de este año le obliga a derribar la obra, con un coste de 22.000 euros.