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CASO ERE ANÁLISIS i

1.821 páginas que entierran 37 años

La conmoción que vive el socialismo andaluz es similar a la que experimentó al perder el poder el año pasado

Manuel Chaves, a su llegada al tribunal en Sevilla.

Las 1.821 páginas de la sentencia del caso ERE entierran, como si fueran cemento, los casi 37 años de gobierno del PSOE en Andalucía. Cuando quedan justo dos semanas para que se cumpla un año de las elecciones que lo desalojaron del poder, el socialismo andaluz ha sufrido un golpe equiparable y del que tardará en recuperarse. Y esto es porque la Audiencia de Sevilla no solo ha condenado a la que fue cúpula de la Junta durante casi cinco lustros, con los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán a la cabeza, sino también una forma de gobernar para conseguir la paz social en una comunidad azotada por el paro.

Los magistrados han avalado de principio a fin la tesis que mantuvo la juez Mercedes Alaya acerca de que el fondo de los ERE era completamente ilegal y que fue puesto en marcha con el fin último de esquivar los controles de la Intervención de la Junta y repartir el dinero de forma discrecional entre empresas y personas afines. “La necesidad política de dar una respuesta rápida a los grandes conflictos sociolaborales llevó a los responsables de la Junta de Andalucía a establecer un sistema ágil, si bien tal agilidad se consiguió eliminando los mecanismos de control legalmente establecidos”, sostienen los jueces.

Con esta frase, el tribunal pone en cuestión la política de concertación que puso en marcha Chaves en Andalucía tras las crisis industriales de los noventa, una línea de acuerdo con empresarios y sindicatos que luego continuó Griñán y que fue durante años bandera del PSOE andaluz. Y avala la teoría de quienes sostienen que los socialistas tejieron en Andalucía una red clientelar que les ayudó a ganar una elección tras otra gracias a que usaron dinero público para acallar la conflictividad social.

La Audiencia zanja así una polémica que empezó casi desde el origen de la instrucción del caso ERE. A lo largo de este tiempo, los principales acusados han reconocido que se produjeron irregularidades con el dinero —los conocidos como intrusos, la rapiña de las comisiones, la arbitrariedad en las ayudas...—, pero defendieron siempre la legalidad del fondo, que tuvo una dotación presupuestaria de 680 millones de euros entre 2000 y 2009.

La Audiencia sostiene, por el contrario, que el fondo es ilegal de raíz y que los rectores de la Junta de Andalucía idearon un complejo sistema para burlar cualquier control interno y parlamentario. Para ello utilizaron una herramienta, las transferencias de financiación, que efectivamente agilizaba los pagos a las empresas pero sacrificaba la supervisión del dinero público. Los jueces van más allá y sostienen que, en la práctica, los dirigentes condenados falsearon año tras año el Presupuesto de la comunidad hasta conseguir que fuera una partida completamente opaca y ajena a cualquier escrutinio. “La indebida presupuestación de las transferencias de financiación en los anteproyectos de presupuestos elaborados por la Consejería de Economía y Hacienda, aprobados por el Consejo de Gobierno, fue lo que permitió que se prescindiera total y absolutamente del procedimiento administrativo en la concesión y pago de las subvenciones. Así como que los fondos se pudieran destinar a fines ajenos al interés público”, dice la sentencia.

El margen que tienen ahora los condenados para defender la legalidad del fondo de los ERE es el recurso al Tribunal Supremo, pero los antecedentes no les favorecen. Durante el tiempo que la causa fue investigada en el alto tribunal por la condición de aforados de Chaves y Griñán, el instructor, Alberto Jorge Barreiro, sostuvo que la cúpula de la Junta utilizó un procedimiento “claramente ilegal” para conceder las ayudas sociolaborales a empresas en crisis y mantuvo que ambos prevaricaron con la implantación y mantenimiento del sistema.

Sí descartó el juez Barreiro, y será sin duda una de las principales bazas que empleará Griñán en su recurso, que los exdirigentes socialistas cometiesen malversación. El magistrado apuntó entonces que ninguno había intervenido directamente en la entrega de las ayudas ni supo que el dinero se había empleado para el lucro ilícito de terceras personas.

Los socialistas se han apresurado a subrayar que la sentencia deja claro que ninguno de sus históricos dirigentes en Andalucía se enriqueció y que en ese texto no hay ningún indicio de que el PSOE recibiera financiación ilegal, dos argumentos que resultan aplastados por la dureza de una sentencia que la mayoría no esperaba.

La conmoción que está viviendo el socialismo andaluz es similar a la que experimentó el 2 de diciembre del año pasado, cuando la suma de PP, Ciudadanos y Vox le apeó de su principal e histórico bastión de poder territorial tras la decisión de Susana Díaz de adelantar las elecciones.

Ambos factores (pérdida del Gobierno y condena a la excúpula de la Junta) dejan en una situación muy compleja a una federación que ha sido la columna vertebral del PSOE en las últimas décadas y que desde hace mucho tiempo solo vive momentos de zozobra. Chaves y Griñán fueron presidentes federales no solo porque ganaran elecciones sino por la autoridad que se les reconocía internamente.

En estos momentos, la tregua entre Pedro Sánchez y Susana Díaz, tras la cruenta batalla que ambos libraron por el control del PSOE, está pendiente de que España salga del bloqueo político. Pero la batalla por el control definitivo del socialismo andaluz sigue ahí. Pendiente.

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