Pedro Sánchez admite que se equivocó y reconoce que la Fiscalía es autónoma del Gobierno
El presidente en funciones achaca su promesa de traer a Puigdemont al fragor del debate electoral
El presidente del Gobierno en funciones y candidato socialista a las elecciones generales del domingo, Pedro Sánchez, ha admitido este jueves, a tres días de los comicios, que la Fiscalía es autónoma y que se equivocó al decir el miércoles que depende del Gobierno. Sánchez ha atribuido su frase errónea al cansancio acumulado en la campaña. "Son muchas entrevistas, muchas horas frente a un micrófono, frente a una pantalla. Algunas veces no se es preciso", se ha disculpado en una entrevista grabada y emitida en diferido por La Sexta. Sánchez ha puesto como prueba de su respeto a la autonomía del ministerio público la actuación de este en el juicio del procés.
Preguntado sobre si estas palabras equivalen a una petición de disculpa, ha afirmado: "Sí, hay que ser humilde". "Creo que además la trayectoria que he tenido durante estos meses de presidente del Gobierno ha sido precisamente esa, respetar tanto la autonomía de la Fiscalía como la independencia del poder judicial", ha añadido.
Sobre la promesa lanzada el lunes en el debate electoral de que traerá a España al expresidente catalán Carles Puigdemont, fugado en Bélgica, algo que depende exclusivamente de la justicia, ha matizado: “Son expresiones que se utilizan en los debates electorales”.
En una entrevista en Radio Nacional el miércoles Sánchez dio por hecho que la Fiscalía depende del Gobierno, lo que causó una gran irritación en la carrera fiscal. La Fiscalía General del Estado y las asociaciones del ministerio público enviaron comunicados en los que recordaban su autonomía respecto del poder ejecutivo.
El ministerio fiscal, órgano integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, no depende ni orgánica ni funcionalmente del Gobierno, como se desprendía de las palabras de Sánchez el miércoles. Es cierto que el artículo 124.4 de la Constitución otorga al Ejecutivo el nombramiento del fiscal general del Estado y que el Gobierno puede pedirle a este que "promueva ante los tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público", según el artículo 8 del Estatuto Orgánico del ministerio fiscal. La ley establece que el máximo responsable del ministerio público decide en última instancia sobre su viabilidad o procedencia. Es decir, que el Gobierno no les da órdenes ni instrucciones a los fiscales.
El presidente en funciones ha rechazado que el decreto ley contra la república digital que pretende poner en pie el independentismo catalán y que, entre otras medidas, permite al Gobierno central intervenir “con carácter excepcional y transitorio” las redes y servicios de telecomunicaciones —telefonía, fibra óptica, Internet...— en caso de amenazas para el orden público, no tiene por objeto "cerrar Internet" sino "proteger los datos personales de los ciudadanos". Ha dicho que el Ejecutivo está "poniendo coto" a un uso espurio de los datos por parte de la Generalitat y que las normas del decreto ley son "algo absolutamente reglado en la UE y forma parte del acervo comunitario, para garantizar la ciberseguridad".
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