El Gobierno deniega el asilo a rescatados por el ‘Aquarius’

La Comisión Interministerial de Asilo y Refugio ha denegado ya las primeras solicitudes de asilo presentadas por algunos de los 630 migrantes rescatados por el buque Aquarius en junio del año pasado. El grupo, recibido en el puerto de Valencia por un ejército de 2.300 personas —entre traductores, policías y asistentes sociales—, tuvo un trato preferencial desde el primer minuto de su desembarco, pero más de un año después varios de ellos podrían quedar en situación irregular. Los afectados han tenido que abandonar sus empleos y cursos de formación.

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Al menos tres de los rescatados por el Aquarius —dos chadianos y un marfileño— que aguardaban la resolución de sus expedientes en Valencia se ven ahora en la calle y sin papeles, según confirma la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear). También ha comenzado un goteo de denegaciones entre los 60 migrantes que desembarcaron del Open Arms en el puerto de Barcelona en julio del año pasado y que, como los del Aquarius, recibieron un trato preferencial a su llegada. Al menos seis egipcios repartidos entre Barcelona, Reus y Valencia se han quedado o se quedarán en unos días fuera del sistema, según fuentes conocedoras de esos expedientes.

Esa decisión se ha tomado en la Comisión Interministerial, un órgano colegiado adscrito al Ministerio de Interior que está compuesta por representantes de todos los ministerios con competencias en política interior, exterior, de justicia e inmigración. La comisión interministerial considera que no ha quedado acreditado que los migrantes hayan sufrido una persecución personal y, por tanto, no cumplen con los requisitos para obtener la condición de refugiados ni la protección subsidiaria.

La normativa, no obstante, contempla otras vías para proteger por razones humanitarias a los solicitantes que no cumplen los requisitos de la Convención de Ginebra. Del 1 de enero hasta el 30 de junio, 2.395 personas —la mayoría venezolanos—, se habían beneficiado de esa fórmula alternativa que, aunque supone perder la cobertura social destinada a los refugiados, sí les permite vivir y trabajar legalmente en España sin temor a ser expulsados. Los interesados, según ha informado Cear, han recurrido el rechazo de sus expedientes.

“En este caso se podría esperar que el Gobierno fuese coherente y autorizase su permanencia por razones humanitarias, ya que con ellos tuvo un gesto político y humanitario extraordinario y de gran relevancia”, defiende el abogado especializado en asilo Alfredo Campos. “En la protección internacional se valora si el solicitante cumple los requisitos; aunque se entienda que no los cumple, debe contemplarse qué riesgos implicaría la devolución a su país de origen”, añade. “Ese criterio se aplica a los sirios”, cierra.

Uno de los afectados, Mohammed, de 20 años, contó su historia al diario Levante. Tras nueve meses en el Centro de Acogida para Refugiados de Mislata (Valencia), donde recibió clases de español y acompañamiento para iniciar una nueva vida de forma independiente, pasó a la segunda fase del programa para refugiados y se mudó a un piso con otros dos chicos gracias a una ayuda para el alquiler que el Gobierno destina a los solicitantes de asilo. Hasta que su solicitud fue rechazada, el joven del Chad asistía a clases de español, cursos de informática y de búsqueda de empleo, pero en 15 días tuvo que abandonar todo eso, recoger sus cosas y marcharse. Sus pertenencias cabían en una mochila. “Huí del Chad con mi tío, que también llegó en el Aquarius, porque nuestra vida peligraba. Él pidió asilo en Francia y ya tiene protección definitiva, no sé bien por qué”, contó en castellano al diario valenciano.

“Estas personas huyeron del infierno de Libia y fueron rescatadas en altamar por la embarcación de una ONG. Ante el cierre de puertos de Malta e Italia, España se ofrece a acogerlas y se esperaba que el paso siguiente fuese darles algún tipo de protección. España facilitó primero que puedan pedir protección internacional, pero ahora las deja en mitad de un proceso de inclusión y en situación irregular”, defiende Jaume Durà, coordinador territorial de Cear en la Comunidad Valenciana.

Un 75% de denegaciones

Rechazar expedientes de solicitud de asilo es habitual en España, un país que el año pasado otorgó protección a solo uno de cada cuatro demandantes. Aun así, estos casos suponen, según los expertos consultados, un dilema para el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez.

Concederles protección por el hecho de haber sido rescatados por un barco de una ONG podría interpretarse como un privilegio frente a los llegados en patera. Pero no contemplar la vía que permitiría concederles una residencia legal, argumentan los expertos, no es coherente con el gesto político que supuso acogerles en su día. Sobre el papel, ningún migrante debe tener un trato preferencial frente a otro; en la práctica, sin embargo, los desembarcados por el Aquarius sí lo recibieron. Nada más llegar se les entregó un permiso de residencia extraordinario de 45 días y, mientras el resto de recién llegados aguarda meses para formalizar sus solicitudes de asilo, ellos consiguieron dar entrada a sus peticiones en apenas unas semanas. El Gobierno extendió estos beneficios al primer grupo de 60 rescatados por el Open Arms en julio, que tuvieron un permiso de residencia de 30 días mientras iniciaban sus expedientes, pero acabó retirándoselo a los siguientes tres grupos de migrantes que trajo el buque de la ONG catalana durante el año pasado.

Los rescatados no entraron irregularmente en España y en los planes de muchos de ellos estaba reunirse con sus familiares en otros países europeos. Fue la decisión de abrirles los puertos, señalan los expertos, lo que les llevó a pedir asilo en territorio español, en cumplimiento de la normativa europea.

Tres años para intentar regularizarse

En 2018, España solo concedió protección internacional a 2.895 personas, el 24% del total. Son, según el último informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear), 14 puntos menos que la media europea y 11 puntos menos que el año anterior. La mayoría de los beneficiarios fueron sirios.
Cuando se rechaza la petición de un solicitante de asilo se le conceden 15 días para que abandone el sistema de acogida, gracias al que se benefician de ayudas al alquiler, cursos de formación, como en peluquería o informática, y clases de español. También dejan de tener autorización para trabajar.
A partir del rechazo, tienen que buscarse la vida y esperar a cumplir tres años de residencia en España para intentar regularizar su situación mediante el arraigo social o laboral. El caso de los rescatados por barcos como el Aquarius o el Open Arms es especial, porque no entraron irregularmente en España y no cuentan con un expediente de devolución. Pero la policía puede abrirles un expediente para expulsarlos si les identifica y comprueba que están en situación irregular.