Solo el 5,6% de los españoles censados en el extranjero votaron el 28-A

Las trabas para votar que soportan los españoles censados en el exterior persistirán el próximo 10 de noviembre, aunque con una leve mejora por tratarse de una repetición electoral. Pese a que los cuatro principales partidos prometieron desterrar el llamado voto rogado, que obliga a registrarse y a completar varios trámites para ejercer el derecho, el bloqueo político ha impedido modificarlo tras el 28-A. Solo el 5,6% de los más de dos millones de españoles residentes en el extranjero depositó su voto en la urna en las últimas generales, según los datos definitivos publicados por el Ministerio del Interior.

Aunque la participación exterior nunca fue masiva —no llegaba a un tercio de los electores—, el cambio legal de 2011 desplomó las cifras hasta el mínimo del 4,7% registrado en diciembre 2015. El 10-N, los residentes en el extranjero afrontarán la quinta convocatoria de comicios generales con unos requisitos que obligan a comunicar la intención de votar, a esperar las papeletas en el domicilio y por último, a apresurarse a enviarlas (o a depositarlas en el consulado más cercano) antes de la fecha límite. En los lugares más remotos, el tiempo necesario para completar esos trámites supera los plazos estipulados.

La novedad en esta ocasión es que, al tratarse de una convocatoria automática —derivada del fracaso en la investidura del presidente—, al menos los expatriados que solicitaron el voto para la cita de abril no tendrán que hacerlo de nuevo. La modificación de la ley electoral aprobada en 2016 establece que la solicitud anterior se dará por válida. Quien no lo hiciera entonces y desee votar ahora sí deberá notificarlo desde el principio.

La proporción de expatriados en esa situación más ventajosa es, en todo caso, muy baja. Pese a los intentos de movilización para la última campaña de las generales, la participación exterior cayó respecto de la anterior convocatoria, la de junio de 2016. Solo 118.357 electores formalizaron a tiempo el procedimiento, un 5,6% del total, inferior al 8% de solicitudes iniciales. Son los datos definitivos que publicó Interior durante el mes de agosto. Al igual que en el conjunto del país, el PSOE fue el partido más votado, con el 27% de los apoyos válidos. Le siguieron Ciudadanos (16,1%), Partido Popular (14,5%), Podemos (13,4%) y Vox (9,6%).

Todos ellos —salvo Vox, que no presentó programa electoral para las generales— prometieron erradicar el sistema. El PSOE se comprometía a “suprimir el voto rogado y reemplazarlo por un sistema eficaz y garantista”; Podemos, a “reformar de manera urgente la ley electoral para eliminar la carrera de obstáculos para votar que se impuso en 2011” y Ciudadanos declaraba su intención de “eliminarlo”. El Partido Popular, que pactó con el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero introducir esa figura para evitar episodios de votos falsos y suplantación de identidades, matizaba más su propuesta. El programa electoral admitía “los problemas” derivados de esa fórmula y abogaba por reformar la ley electoral con el fin de “facilitar la participación de los españoles en el exterior en los diferentes procesos electorales”.

La letra pequeña

Los partidos confiaban en poder gestionar este cambio al comienzo de esta legislatura. Pero el bloqueo político lo ha impedido. “Con la nueva convocatoria electoral, lamentablemente la situación será la misma. Pero tenemos intención de presentar enseguida el cambio de la ley electoral para eliminar el voto rogado”, asegura Sergio Gutiérrez, presidente de la Comisión de Exteriores del Congreso. Este diputado socialista no augura grandes dificultades para erradicarlo en la próxima legislatura: “Hay más consenso de lo que parece, al menos en la intención de eliminar esa fórmula; luego la letra pequeña es otra cosa”.

Esa letra pequeña —y la rápida disolución de las Cortes para las elecciones del 28-A— frustraron hace pocos meses la desaparición del modelo. PSOE y Unidas Podemos presentaron una proposición de ley destinada a allanar el voto de los españoles en el exterior. Pero el PP recelaba de la solución propuesta (una papeleta en blanco) al considerar que no ofrecía suficientes garantías. Finalmente, no hubo tiempo y el Parlamento cerró su actividad legislativa sin haberlo arreglado. En aquel momento, a principios de marzo, ninguno de los promotores del cambio pensaba que habría otra cita electoral antes de que el problema quedara solucionado.