Precariedad contra las llamas

Cuando Juan Antonio Azpeleta, bombero forestal de 60 años, vuelve a casa tras un incendio apenas habla con su mujer y sus hijos, de 27 y 30 años, de lo que ha vivido: algo parecido al infierno. Este vallisoletano lleva una década arriesgando su vida junto a sus compañeros Alberto y Óscar, de 53 y 55 años. Ninguno de los dos quiere que su identidad trascienda, porque temen represalias en el trabajo. Por eso no dan sus verdaderos nombres. Los tres coinciden en que enfrentarse a las llamas es una experiencia brutal.

En España hay alrededor de 35.000 bomberos forestales, según cálculos de los sindicatos. Pero no todos trabajan con las mismas condiciones. Es más, el Ministerio de Agricultura ni siquiera puede precisar cuántos hay, porque hay comunidades que no tienen reconocida la categoría de bombero forestal. Hay quienes son empleados públicos y quienes trabajan subcontratados en el sector privado. Unos dependen de los servicios de emergencias y otros apenas reciben formación. Ese es el motivo por el que reclaman al Gobierno un estatuto que fortalezca su posición en el mercado laboral, aunque las competencias en prevención y extinción estén transferidas.

El año pasado, 6.830 incendios y conatos devastaron 23.472 hectáreas de bosque y pasto de todo el país, según Agricultura. Los expertos advierten de que, aunque se registren menos fuegos, estos cada vez serán más grandes y virulentos por el cambio climático y el incremento de las temperaturas. Y los primeros en enfrentarse a estos monstruos son, casi siempre, los bomberos forestales. En las tres últimas décadas han muerto 245 atrapados en las fauces del fuego. En la memoria de los tres, los 11 compañeros de un mismo retén que perecieron en 2005 en un incendio en Guadalajara.

“Alberto y yo estuvimos cerca de morir”, cuenta Azpeleta, liberado sindical de la UGT y conductor. “Nos metimos directos al fuego en un enconar hace ocho años. El compañero bajó del camión y yo di marcha atrás para dejarlo colocado. De repente le veo correr por delante; teníamos el fuego al lado”.

Estos hombres —las mujeres apenas están representadas— se juegan la vida. En Castilla y León, una de las comunidades donde peores condiciones tienen según los sindicatos, dicen que demasiado por lo que reciben. “Aquí no está reconocida la categoría de bombero forestal”, protesta Tomás Pérez, secretario de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Castilla y León. Reciben apenas un curso de seis horas y con contratos temporales de tres meses coincidiendo con la temporada de incendios.

Unidas Podemos recogió el guante de los forestales el año pasado y presentó una proposición de Ley en el Congreso para dotarles de ese estatuto que reclaman. En ese proyecto, los legisladores entendían que la transferencia a las autonomías hizo que los bomberos pasaran a prestar sus servicios en empresas públicas, semipúblicas o privadas en función de la administración de turno. Esto, aseguran, hace que los trabajadores sean contratados con sueldos muy diferentes.

En esa batalla contra las llamas, Óscar se ve perdedor. “No es normal que trabajando las mismas horas, en el mismo incendio, unos no tengamos formación y quien está a tu lado, de una empresa o de la UME sí la tenga”.

Nueva legislación

El Ministerio es sensible a las quejas de los forestales, aunque les augura horas de protesta. “Entendemos la petición de mejora, pero hay que ser conscientes de las dificultades que existen para poder dar forma a cualquier desarrollo legislativo que unifique”, aclara. Además, fuentes del Ministerio que dirige en funciones Luis Planas aseguran que Agricultura invita al resto de ministerios a implicarse en una nueva legislación.

Mientras, hay comunidades que son un ejemplo de buenas prácticas. En Andalucía, el Plan Infoca pauta los esfuerzos del Gobierno andaluz contra el fuego. “Es normal que digan que somos el modelo de éxito viendo cómo están en otros lados”, sintetiza Emilio del Pino Mazuela, bombero forestal de esta comunidad. La principal diferencia entre castellanoleoneses y andaluces es que estos están integrados dentro de Emergencias 112 de la Junta. Además, desde 2009 el personal es fijo: trabaja el año completo en lugar de los que corresponden a la campaña de verano. Una vieja reclamación de los trabajadores. Aunque Del Pino advierte de otro problema en la región: “La edad media de la plantilla ronda los 53 años y no salen plazas para reponer las jubilaciones”.

Juan Antonio y sus dos compañeros se cuelgan la mochila verde que les señala como forestales. Azpeleta lanza una advertencia a los políticos de su comunidad: “La naturaleza está cambiando y lo lógico es que los servicios que tienen que ver con la protección de la naturaleza, como el nuestro, lo hagan a la vez y no vayan a rebufo, porque entonces se nos quemará todo”. Por delante tienen más de cien kilómetros hasta la base. Por el camino, miles de hectáreas de pino desafiantes; el infierno no avisa.