Negociar bajo la amenaza de elecciones

El tono desabrido de la segunda votación de investidura contrasta con los grandes movimientos que PSOE y Podemos han hecho hacia el otro: la negociación parece haberse roto por el Ministerio de Trabajo. Es un progreso notable teniendo en cuenta lo mal que se han llevado las negociaciones: poco tiempo, filtraciones y desconfianza a raudales. Las referencias de Podemos a su autonomía programática en las áreas que le correspondieran y de Calvo a que cediendo tantas carteras el PSOE renunciaría a su programa indican que los partidos no han llegado a negociar un programa conjunto: en un gobierno de coalición cada ministro no aplica el programa de su partido en su negociado, sino un programa de gobierno acordado previamente. Programa y personas son asuntos diferentes pero conectados: acordar el programa puede facilitar ceder carteras asumiendo que los ministros del otro partido también trabajan para un objetivo común. Un agosto de mentideros madrileños a medio gas es un escenario bastante discreto para que un nuevo equipo negociador pueda retomar el trabajo.

No parece fácil encontrar las razones que explican la abstención de Unidas Podemos en la investidura de este jueves. Una posibilidad es que en la dirección del partido considere que todavía puede conseguir más en la negociación. Podría existir racionalidad tras esta lectura: en unas pocas semanas Iglesias ha conseguido que Sánchez accediera a un gobierno de coalición al que se oponía en un principio, ofreciendo una vicepresidencia social a Irene Montero y varios ministerios. ¿Por qué no esperar, seguir negociando y conseguir más?

Sin embargo, dada la ventaja comparativa del PSOE en la negociación – unas elecciones solo favorecerían a los socialistas – esta lógica es poco realista. Es posible también que Iglesias y los suyos estén sobreestimando, como ya sucedió en 2016, su capacidad para cargar al PSOE con la culpa de unas nuevas elecciones. Por ello, a pesar de que Sánchez haya presentado esta investidura a modo de ultimátum, el presidente en funciones tiene incentivos para tomar la iniciativa de nuevo durante los dos próximos meses, mostrando su disposición a negociar hasta el último minuto. Es en ese momento cuando podría materializarse el apoyo de Unidas Podemos quienes, temerosos de una repetición electoral, desatascarían la investidura (Esquerra mediante) con el objetivo de ganar tiempo antes de unas posibles elecciones.

La cooperación desde la derecha se antoja improbable, con un PP que espera aglutinar mejor el voto del centro derecha en una repetición electoral y cuya abstención podría legitimar a Rivera como el principal líder de la oposición. El electorado de Ciudadanos parece más dividido en relación al apoyo a Sánchez pero sus líderes cada vez están más alejados y no se divisa un retorno a la moderación en el corto plazo. En este escenario de gran incertidumbre solo hay una cosa clara. La fragmentación política está aquí y en toda Europa para quedarse. Es necesario que las elites políticas y los votantes lo asuman para que un gobierno estable puede hacer frente a los importantísimos y variados retos que afronta el país en la próxima década.

En los próximos 57 días, el Rey presentará nuevas candidaturas a la presidencia del gobierno, si considera que estas pueden prosperar. Con el actual reparto de escaños en el Congreso, parece que el único capaz de sacar adelante una votación positiva, por mayoría simple, es el presidente en funciones Sánchez. Visto lo visto, el Rey debería esperar a que el candidato pudiera presentar al debate de investidura un programa de gobierno mínimamente trabado con sus potenciales socios de gobierno o legislatura. Ello evitaría repetir la situación vivida estas últimas 48 horas, en la que hemos asistido a una suerte de Gran Hermano, en que los participantes competían por ganar en “el relato”, utilizando a los medios como “confesionario”. Todo ello en detrimento de la credibilidad de las instituciones y la confianza ciudadana.

Si finalmente se convocan nuevas elecciones, los cabezas de lista del PSOE y Podemos deberían ser otras personas, ya que lo actuales líderes habrían demostrado su incapacidad como interlocutores. Mientras, seguiremos con un gobierno en funciones, con sus atribuciones limitadas a la gestión ordinaria

El panorama político es muy incierto. Puede que Podemos intente reabrir las negociaciones pero su posición de fuerza se ha reducido en gran medida tras esta investidura fallida. Sánchez no se someterá de nuevo a la investidura si no tiene garantías y será poco probable que la opción de un gobierno de coalición vuelva a estar encima de la mesa. El escenario más probable es una repetición de las elecciones, con un refuerzo del bipartidismo clásico y pocas variaciones en la suma de los diferentes bloques. En cualquier caso el resultado de la investidura fallida augura un período de inestabilidad y como mucho una más que probable legislatura corta con una importante quiebra de la confianza entre el PSOE y Podemos.

En estas circunstancias, no es esperable que se acometan reformas importantes: ni institucionales, ni económicas ni políticas. Al fracasar la alianza de la izquierda, las reformas van a necesitar un mayor empeño en llegar a acuerdos con las fuerzas del centro derecha, particularmente con Ciudadanos, algo francamente complejo dada la actitud destructiva que están manteniendo.

Es la segunda vez Pedro Sánchez no ha logra ser investido por la negativa de Podemos. En 2016 porque vetó a Ciudadanos. Ayer porque no le pareció aceptable el reparto de competencias y la propuesta de ministerios hecha por el PSOE. Pero ni entonces ni ahora han negociado un programa de gobierno. Las negociaciones se han limitado al papel que cada uno de los partidos debía jugar en el gobierno obviando que un gobierno de coalición no es un reino de taifas en el que cada partido decide al margen del otro. La desconfianza mutua es grande pero en dos meses hay margen para recomponerla y negociar el contenido sustantivo del acuerdo, más allá del reparto de cargos, si se quiere evitar nuevas elecciones. Y si no hay acuerdo y efectivamente el PSOE quiere evitarlas ha de explorar otras alternativas con otros partidos como el PP que pueden tener incentivos para actuar con sentido de estado.

En la sesión de hoy apuntaba Pablo Iglesias que no es posible negociar en 48 horas lo que no se ha hablado en 80 días. Razón no le falta. Para llegar a un pacto se requiere de importantes dosis de diálogo y negociación que necesitan de tiempo y de discreción; más si se trata de un acuerdo de gobierno del que no hay antecedentes a nivel estatal. Desde las elecciones del 28 de abril este proceso no se ha producido y se ha fiado todo a la discusión en el congreso de diputados.

Ahora bien, el fracaso de la investidura de Pedro Sánchez, aunque haya enrarecido el ambiente, no cierra nada. Al contrario. Pone a los dirigentes políticos frente al reto de negociar de verdad. El artículo 99 de la Constitución les da dos meses para intentar nuevas votaciones de investidura. Decía Joan Baldoví: “siempre nos quedará agosto y setiembre”. El dirigente de Compromís compartía mensaje con el PNV, Bildu y ERC. Porque aunque no lo parezca, se ha avanzado. PSOE y Podemos parten ya de las siguientes premisas. 1) Gobierno de coalición. 2) Los morados no ocuparan ministerios de “Estado” (justicia, interior o defensa), ni hacienda o economía. 3) A los de Iglesias les corresponde entre 4 o 5 ministerios (si calculamos un ejecutivo de 12 ministros, según peso en escaños o votos). Y estos no tienen que ser vacíos de competencias. Ya queda menos.