“Violencia intrafamiliar”, derechos LGTBI... las exigencias de Vox para apoyar al PP en Murcia

Revisar la ley regional de igualdad LGTBI, promover la natalidad y la protección de las mujeres embarazadas, prevenir la “violencia intrafamiliar”, revisar la política de creación de centros de acogida de menores extranjeros o “evitar el adoctrinamiento” en las aulas son algunos de los compromisos que Vox exige que asuman PP y Ciudadanos en Murcia si quieren contar con sus votos para hacer a Fernando López Miras presidente de la comunidad autónoma.

Los ultraconservadores han remitido un nuevo documento a populares y liberales que los tres partidos están trabajando “en privado” y “sin descanso”, según anunciaron este lunes tras reunirse por cuarta vez desde que comenzaron sus contactos el pasado 4 de julio, cuando los cuatro diputados de Vox votaron en contra de la investidura de López Miras.

La portavoz de Ciudadanos, Isabel Franco, ha asegurado que el partido tiene “constancia de que existe una versión de un documento de trabajo entre PP y Vox” del que no comparten algunos de sus puntos. Hasta este martes, ha seguido, Ciudadanos solo tiene rubricados sendos acuerdos programáticos y de gobierno con el PP, aunque ha subrayado que “el verdadero problema de la región, el que preocupa a nuestros conciudadanos, no es la Ley de Igualdad Social del colectivo LGTBI, sino la falta de oportunidades para nuestros jóvenes y el paro que alimenta esta situación”.

El documento al que se refiere la portavoz de Cs, y al que ha tenido acceso EL PAÍS, es el tercero que ha elaborado la formación de Santiago Abascal desde las elecciones. El texto matiza algunos aspectos y amplia otros ya incluidos en los borradores que presentaron el 26 de junio y el 4 de julio, previo a la investidura fallida. La nueva propuesta pretende “facilitar la investidura” de López Miras y busca el “el compromiso del candidato y sus socios de gobierno” de introducir en su "acción de Gobierno" un total de 24 reivindicaciones de Vox agrupadas bajo tres epígrafes: “Libertad”; “Economía, familia e impuestos” e “Inmigración”.

El primero de los capítulos retoma uno de los asuntos que más polémica ha suscitado entre los ciudadanos, el compromiso de que los servicios jurídicos de la comunidad autónoma hagan un “análisis jurídico completo” de la ley de igualdad LGTBI “para asegurar la no vulneración de derechos constitucionales”. El punto no aparecía como tal en el documento de mínimos del 4 de julio, pero sí en el anterior, cuando se exigía directamente la “derogación de esa ley”, aprobada por unanimidad en 2016.

En ese primer documento se hablaba también de proteger la libertad de cátedra para “mitigar los estragos de la ley de memoria histórica”, cuya derogación también se pedía. En el documento actual se mantiene el compromiso con la libertad de cátedra, pero ha desaparecido toda referencia a la memoria histórica.

Asimismo, incluye media docena de medidas relacionadas con la educación, como la de garantizar el derecho de que los alumnos “reciban la formación moral y religiosa de acuerdo a sus convicciones”, lo que se debe conseguir reforzando las inspecciones “para evitar el adoctrinamiento político en las aulas”.

“Los padres tienen derecho a ser informados y poder elegir el tipo de educación moral que reciban sus hijos. Se garantizará la obligatoriedad de consentimiento expreso con el objeto de que los padres puedan decidir la asistencia o no de sus hijos a enseñanzas, charlas, talleres o actividades relacionadas con contenidos éticos, sociales , cívicos morales, o sexuales”, recoge también el texto, en el que se pide además que se promueva “la libertad de elección de centro educativo” y que estos puedan “adaptar” sus contenidos formativos a su identidad. El gobierno deberá también comprometerse a elaborar un “plan integral para la difusión en los centros educativos de los valores constitucionales y para el conocimiento de la aportación de España a la civilización como elemento clave de la Historia Universal”.

La violencia machista queda transformada en este documento en “violencia intrafamiliar”, una expresión acuñada por los miembros de Vox, que dejan clara una vez más su oposición al aborto al proponer dos nuevas leyes para la comunidad autónoma: una de Protección integral de la familia, con “partidas presupuestarias concretas al apoyo a la maternidad, fomentado así la natalidad”, y otra de “Protección de la mujer embarazada, ofreciendo información y alternativas, para que ninguna mujer se vea abocada al aborto”.

En materia de inmigración, exigen “el cumplimiento de la legislación vigente, en concreto de la Ley de Extranjería, en el control de nuestras fronteras” y también la revisión de la política de creación de centros para albergar a inmigrantes menores no acompañados.

Bajada del tono

El partido ha rebajado el tono en lo relacionado con subvenciones a partidos políticos y sindicatos, que en su propuesta inicial de pacto llamaba a eliminar y en la segunda, a revisar. Los de Abascal se conforman ahora con hacer una auditoría de las concedidas en la pasada legislatura “con el fin de garantizar que los fondos públicos no vayan destinados a entidades de carácter ideológico”.

También añaden sus propuestas económicas: eliminar o reducir al máximo los impuestos y los gastos políticos “superfluos” de la administración, mejorar la simplificación administrativa, aprobar reducciones en el IRPF, especialmente para familias numerosas, o reducir el “sector público institucional”, entre otras.

En la propuesta de pacto han eliminado las referencias a la cultura, las tradiciones o la caza y añaden un tema esencial para la comunidad autónoma, el agua, señalando que reclamarán al estado un Plan Hidrológico Nacional “elaborado bajo el principio de igualdad de todos los españoles”. Esta es la única medida del documento de la que este lunes habló el portavoz del equipo negociador de Vox a nivel autonómico, Luis Gestoso, tras reunirse con los representantes de PP y Cs, cuya portavoz, Isabel Franco, también se refirió a ese punto para decir que su partido podría “asumirlo” como una “adenda” al acuerdo de gobierno que ya tiene con el PP, porque no se vería “alterado”.

López Miras, por su parte, ha dicho en numerosas ocasiones que se siente en disposición de cumplir las reivindicaciones de Vox, que ha calificado de “razonables” porque, en su opinión. no recortan derechos ni libertades y son constitucionales. También en numerosas ocasiones los tres partidos han asegurado que apenas hay diferencias en sus planteamientos y que en la negociación no hay ningún escollo importante por salvar.