Tres mandos del Ejército y un empresario, condenados por corrupción

La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha impuesto penas de entre tres años y tres meses de prisión a tres mandos militares y a un empresario por la adjudicación fraudulenta de contratos de la Inspección General de Sanidad (IGS) del Ministerio de Defensa a cambio de mordidas.

La Sala ha rebajado de seis a cinco meses de cárcel la pena impuesta al teniente coronel interventor  A. G. G. por el Tribunal Militar Central como autor de un delito consumado contra el patrimonio en el ámbito militar, al considerar que este no se benefició del pago de comisiones, pues no está acreditada la emisión de una factura falsa de 15.000 euros por la limpieza del garaje del hospital militar Gómez Ulla de Madrid. En cambio, desestima los recursos interpuestos por el teniente coronel F. N. C., condenado a tres años de cárcel por un delito contra el patrimonio; el teniente M. A. G., dos años por el mismo delito; y el empresario U. L. G., tres meses por cohecho.

Según la sentencia, el teniente coronel F. N.C. y el teniente M.A.G., destinados en el departamento de contratación de la sanidad militar, idearon un sistema para amañar contratos: fraccionaban el importe de las adjudicaciones y recurrían al concurso negociado sin publicidad a cambio de un “beneficio exorbitante” para el empresario, que este repartía al 50% con los dos mandos. Cuando resultaba ineludible el concurso abierto, los militares manipulaban el pliego de prescripciones técnicas para sobrevalorar aspectos que eran previamente conocidos por el empresario, quien los incluía en sus ofertas.

Voto particular

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La sentencia incluye el voto particular de un magistrado que discrepa de la rebaja de pena al teniente coronel interventor por considerar que este no solo no controló la conducta corrupta de sus dos subordinados, como responsable de fiscalizar los contratos, sino que se benefició de ella. Además, sostiene que se debió aplicar a los militares el Código Penal común y condenarlos por prevaricación, cohecho, malversación, fraude o blanqueo de capitales.

Los contratos supuestamente adjudicados por este sistema sumarían 176.816 euros entre 2008 y 2013. El proceso judicial se ha alargado durante años, pues el Supremo anuló la primera condena por no considerarla suficientemente fundamentada.