La autopsia halla signos de asfixia en el joven que murió atado en un centro de menores de Almería
Un informe enviado al juzgado revela la existencia de un vídeo de las circunstancias de la muerte: "Seis guardias jurado para contenerle"
El informe preliminar de la autopsia del chico de 18 años que murió el 1 de julio en el centro de menores de Tierras de Oria (Almería) —tras recibir un “protocolo de contención”— habla de “signos asfixiáicos generales” y describe las circunstancias de la muerte, con “seis guardias jurados para contener” al joven. A la espera de que lleguen al juzgado que instruye el caso los análisis toxicológicos, ese primer estudio “no descarta la compresión abdominal o la sofocación con almohada/colchón en esta muerte” que, entretanto, define como “súbita”.
“Se trata de un chico de 18 años de origen marroquí que se encuentra internado en el centro de menores de Oria. Está diagnosticado de TDHA (Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad), consumo de sustancias y trastorno de adaptación ansioso-depresivo”, describe el informe al que tuvo acceso EL PAÍS. Según su historial, y según confirman fuentes próximas a la investigación, “es policonsumidor de tóxicos desde los 10 años de edad y cuenta con cuadros de agresividad y necesidad de protocolo de prevención de suicidio”, aunque, según señala el mismo informe, “en el centro existe un estricto control sobre el acceso de sustancias de abuso y descartan que haya podido consumir recientemente”.
Se llamaba Ilyas T., según confirma el padre de uno de sus compañeros del centro. Provenía de Cádiz, cuyo juzgado de menores dictaminó su ingreso en ese centro, confirman fuentes próximas al caso. Ese lunes, según el relato trasladado por el padre de uno de sus compañeros, “la discusión comenzó porque se estaba haciendo un tatuaje en un brazo” de manera rudimentaria e hiriéndose. Al llamarle la atención reaccionó, supuestamente, de manera violenta y le fue aplicado el “protocolo de contención”. Eran las tres de la tarde.
La autopsia, aparte de señalar “signos asfixiáicos generales muy evidentes con livideces extensas de color azul oscuro [compatibles con la asfixia, según los forenses consultados]”, refleja: “Presencia de múltiples heridas cortantes cicatrizadas autoproducidas en dorso de brazo y antebrazo izquierdo”, lo que coincidiría con ese relato de los hechos que precedieron a la muerte.
Investigación y peticiones sin respuesta
Por el momento, la muerte del joven ha activado a la Oficina del Defensor del Pueblo andaluz y Defensor del Menor que ha abierto una queja de oficio para investigar el fallecimiento. La Red Andaluza de Inmigración se ha personado en la causa que investiga el Juzgado de Instrucción Único de Purchena. Y Adelante Andalucía ha pedido, a través de su diputado por Almería, Diego Crespo, que comparezca en el parlamento autonómico el vicepresidente del Gobierno andaluz y consejero de Justicia, Juan Marín, y explique lo sucedido.
Crespo señaló que “este caso se suma a las numerosas denuncias por malos tratos que han salido a la luz estos años, y a las numerosas voces, de antiguos trabajadores e internos, que han pedido a la Junta que se investigue sobre las actuaciones en el centro”. Una de las más frecuentes por parte de familiares de internos es la dificultad para ver al director y la administración de sedantes a los menores.
Muerte grabada en vídeo
La aplicación del protocolo de contención, que deja al chico atado de pies y manos sobre su cama, boca abajo, con los brazos y piernas en cruz y con un cinturón abdominal y otro a modo de bandolera, queda grabada en un vídeo porque hay una cámara sin sonido en su habitación: “Se le ve en prono [boca abajo], con la cabeza apoyada en almohada y colchón y se le ejerce presión con una rodilla en la escápula izquierda y con una mano en la espalda, aparte de sujetarle la cabeza (da la impresión que está aprisionada contra la almohada y el colchón)”, describe el informe. “Para colocarle las bridas se sientan en las extremidades inferiores y le hacen presión sobre zona lumbar; a los 10 minutos de este proceso, cuando está sujeto de pies y manos, deja de moverse y continúan poniéndole el cinturón abdominal, ya sin resistencia y sin percatarse de que el chico ha perdido la conciencia (se van quitando de encima poco a poco porque ya no hace fuerza)”. A los 15 minutos, al ver que seguía inmóvil, llamaron al médico. “Después de pensárselo un poco, [el médico] se acerca y llama al chico, que no responde, le toma los pulsos y comienza RCP [reanimación cardiopulmonar]”, explica el informe que está en poder del juzgado.
Por último, ese primer análisis forense refiere “pulmones con edema [líquido], congestivos y equimosis de Tardieu”, hematomas subpleurales que se encuentran en las asfixias mecánicas. “Tardieu las creyó propias de la sofocación, pero se encuentran también en otras variedades de asfixia”, señalan los manuales médicos.
En los días sucesivos a la muerte de Ilyas, la Junta de Andalucía aludió a un posible infarto. La explicación aportada el pasado día 3 por el vicepresidente autonómico, Juan Marín, aludía a un proceso de convulsiones que, tras los intentos del personal por auxiliarle, desembocó en una parada cardiorrespiratoria. Sin embargo, el informe señala un “corazón aparentemente normal con dilatación de ambos ventrículos, tricúspide [una válvula cardiaca] muy fina y sonrosada”. No obstante, serán los informes toxicológicos los que determinarán definitivamente la causa del fallecimiento.
La asociación sin ánimo de lucro Ginso, que gestiona este y otros centros de menores y que ha acumulado quejas y denuncias —incluso por la muerte de otro chico de 18 años en el centro de Brea de Tajo (Madrid) en 2011—, remiten desde hace más de una semana para cualquier explicación a la Junta de Andalucía. Ni su presidente, Alfredo Santos, ni su vicepresidente, Enrique Tuñón, han dado la más mínima explicación: “Ellos no están y además no se nos permite decir nada, os remitimos a la Junta de Andalucía”, responde la telefonista del centro. Ambos fueron condecorados en 2015 con la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco de la Policía Nacional “por su valiosa colaboración en la seguridad ciudadana”.
En el centro de Oria, rodeado de vallas metálicas, una de las empleadas que empieza su turno rechaza cualquier comentario sobre la muerte de Ilyas, pero se compromete a trasladar la petición al director del centro. Pero Manuel Madrid Saavedra delega en la misma trabajadora su negativa a hablar sobre el suceso y ni siquiera se acerca a la puerta. El hermetismo es total, también en la Consejería de Justicia: “El asunto está en proceso de investigación”. Ilyas pasaba por ser un interno nada conflictivo, según uno de sus compañeros.
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