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Cae una red de captación y explotación de inmigrantes en Alicante y Murcia

La Policía detiene a treinta personas por reclutar a jóvenes para trabajar sin contrato ni salario

Imagen distribuida por la policía del lugar donde dormían los inmigrantes.
Imagen distribuida por la policía del lugar donde dormían los inmigrantes.

Una operación conjunta de la Policía Nacional de Murcia y Alicante ha desarticulado una red de grupos criminales dedicados a la captación de inmigrantes en situación irregular y condiciones económicas precarias para su explotación en labores agrícolas. Tras la investigación, han sido arrestadas treinta personas de diferentes nacionalidades, entre ellas dos empresarios afincados en Alicante y otro en Murcia, propietarios de negocios de procesado y empaquetado de fruta, según fuentes de la Policía Nacional. Tres de los detenidos, considerados cabecillas y principales responsables del entramado delictivo, han ingresado en prisión.

La trama, dividida por los investigadores en dos organizaciones criminales, operaba, inicialmente, desde Madrid y Valencia. Desde allí se coordinaba un operativo que se extendía también por Alicante y Murcia y que se dedicaba a captar “inmigrantes en situación irregular y en estado de extrema pobreza”, incluso menores de edad, según las fuentes consultadas. Para ello, utilizaban “anuncios en páginas de internet, redes sociales, portales online, emisoras de radios latinas y carteles callejeros”. Una vez reclutados, los inmigrantes “eran citados en los emplazamientos donde debían realizar el trabajo y alojados en condiciones inhumanas, en naves, garajes o talleres”. En estos emplazamientos, apenas encontraban unos colchones donde dormir y mesas y estanterías en las que colocar sus pertenencias. Sin apenas ventilación, con luz artificial y en pésimas condiciones de salubridad

Desde ese momento, nada de lo que les habían prometido se convertía en realidad. Los “embaucados”, tal como los define la Policía, “eran sometidos a condiciones de servidumbre o semiesclavitud”. Y no solo por las ínfimas condiciones de habitabilidad de sus alojamientos o por las extremas condiciones laborales. Los miembros de esta organización criminal, en ocasiones, llegaban incluso a hacer pasar a los trabajadores “por condiciones de trabajo difícilmente soportables para que estos abandonasen la actividad laboral y no tener así

que abonarles paga alguna por el trabajo ya realizado, con la excusa de haber dejado la tarea sin terminar”, aseguran las mismas fuentes.

La investigación, llevada a cabo por agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, dependiente de la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia, junto con agentes de la Comisaría Provincial de Alicante, fue desvelando todas las irregularidades cometidas por los miembros de la red. Según relatan las fuentes policiales, “contrataban a menores de edad sin autorización para trabajar, traficaban con mano de obra ilegal, ofrecían condiciones laborales engañosas, alojaban a los empleados en naves industriales y locales destinados al garaje de vehículos y, en muchas ocasiones, sus empleados, o no recibían el salario prometido o lo percibían muy por debajo de la cantidad ofrecida inicialmente”.

La posible existencia de esta red se detectó en Madrid y Valencia y fue trasladada a la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental (UCRIF) de la Policía Nacional, que practicó cuatro inspecciones en naves y explotaciones agrícolas situadas en las localidades murcianas de Murcia, Jumilla y Archena y en el municipio alicantino de Orihuela, donde descubrieron a un total de 18 trabajadores hacinados, de origen hondureño, colombiano, guatemalteco y boliviano. Tras las pesquisas, se procedió a la detención de treinta personas, “ocho de nacionalidad boliviana, tres españoles, dos rumanos, un italiano, tres colombianos, un indio, ocho hondureños y cuatro marroquíes”, que pasaron a disposición judicial como presuntos autores de delitos “contra los derechos de los trabajadores, pertenencia a grupo criminal, usurpación de identidad y estancia irregular”. Todas las detenciones se practicaron en la provincia de Murcia, aunque once de los arrestados tenían su sede en la de Alicante. Tres de ellos, que ejercían de capataces de las cuadrillas y son de origen boliviano, han ingresado en prisión por orden de los juzgados competentes de Murcia y Jumilla.

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