Decenas de solicitantes de asilo que dependen de la caridad reclaman al Gobierno que les acoja

La profesora Anginneth Páez llegó hace dos semanas a España con su hijo de 10 años. Docente en una escuela primaria desde hace nueve años, Páez cogió un vuelo de Caracas a Madrid tras ver como su vida corría peligro por negarse a dar temario politizado en su aula. Tras pedir protección internacional nada más aterrizar y dormir cuatro días en Barajas, se vio en la calle. Las semanas pasan y aún no ha logrado alojamiento. Como ella, otros 65 potenciales refugiados, han presentado este miércoles ante la Secretaría de Estado de Migraciones un requerimiento para que el Gobierno asuma su responsabilidad y les acoja mientras se resuelve su solicitud de asilo. 

Son las víctimas de un sistema de asilo que en los dos últimos años ha visto cómo se desbordaba. Actualmente, la Oficina de Asilo, que estudia los casos de y depende del Ministerio del Interior, acumula más de mis expedientes en sus cajones. El Ministerio de Trabajo, Migración y Asuntos Sociales, que se ocupa de ofrecerles acogida, no da abasto, así que Páez y su hijo tuvieron que recurrir a una parroquia del madrileño barrio de Entrevías, San Carlos Borromeo, para tener un techo bajo el que dormir. Por esa parroquia han pasado más de 500 personas en un año, y ahora mismo hay 22 acogidos, incluyendo una familia que lleva más de seis meses.

Otros esperan en albergues municipales, instalaciones del SAMUR o incluso viviendas particulares que ceden espacio temporalmente. Algunos, sin embargo, no tienen tanta suerte y pasan noches a la intemperie. "Estamos hablando de personas muy vulnerables en situación de calle. Personas que han tenido que huir de su país porque temían por su vida y se encuentran incluso con situaciones de chabolismo y explotación", explica Patricia Fernández, abogada especializada que trabaja con la San Carlos Borromeo. 

Los solicitantes de asilo, una vez presentan su petición de protección internacional, deben esperar a obtener cita con el trabajador social para ver como pueden ser alojados. Pero las citas pueden demorar hasta tres meses. Fuentes del Ministerio de Trabajo, Migración y Asuntos Sociales aseguran que "los recursos son limitados" y que en caso de que haya demasiadas llegadas puede haber "retrasos". "Vamos a estudiar caso a caso las 66 solicitudes y privilegiaremos aquellas personas que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad. Nuestra prioridad es dar salida a todo el mundo, pero los recursos son los que son", afirman.

Ana Zamora, voluntaria de la organización Red Solidaria, cree que el problema está en la lentitud del proceso, lastrado por el alto número de solicitudes que dependen de una Oficina de Asilo con un sistema informático obsoleto y el mismo personal desde 1992. Los medios en la Secretaría de Estado de Migraciones tampoco alcanzan. Esta misma mañana, para poder presentar los requerimientos, los solicitantes han tenido que esperar varias horas, entrando de tres en tres, ya que había un solo funcionario disponible. "Gracias al Ayuntamiento y a la acción vecinal, se han podido encontrar soluciones de emergencia para muchas personas. Pero a muchos solo se les puede proporcionar espacio en un contenedor industrial adaptado, en el que se les da un mínimo de desayuno y solo se les permite estar para dormir. El resto del día, se tienen que buscar la vida", explica Zamora.

Wasin y Bangik, que no quieren desvelar su apellido, huyeron de Siria en plena guerra buscando una vida mejor. Sus casas fueron destruidas y muchos de sus familiares y amigos murieron. Los dos usaron España como puerta de entrada, tras una azarosa ruta por todo el norte de África, pero uno terminó en Luxemburgo y otro en Holanda, donde tenían conocidos. La burocracia les ha traído de vuelta a España. El Convenio de Dublín, que regula el asilo en la Unión Europea, obliga a que el  país de entrada sea el que se haga cargo del refugiado. Al llegar, descubrieron con sorpresa que no solo nadie les esperaba sino que eran ellos mismos los que debían buscar la manera de lograr la acogida. Wasin durmió cuatro días en la calle y Bangik más de una semana, antes de ser admitidos en una de las residencias provisionales del Ayuntamiento de Madrid. "Es una vergüenza. Nos hacen volver para nada, a nadie le importan nuestros derechos" asegura Wasin. "Yo estaba bien en Holanda".

Tanto la parroquia de San Carlos Borromeo como las organizaciones humanitarias Red Solidaria y Sercade y la Mesa de Responsabilidad Social, entidad dependiente de la Comunidad de Madrid, han dado un plazo de 10 días al Ministerio para que resuelva los requerimientos. De no obtener respuesta, se plantearán posibles denuncias por vulneración de los derechos humanos.