Arrecian los recursos contra las promociones de jueces de un Poder Judicial en funciones dirigido por Lesmes

El enfrentamiento entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y tres de las cuatros asociaciones profesionales —todas, excepto la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura— se ha intensificado desde el pasado mayo después de que el órgano presidido por Carlos Lesmes decidiese poner en marcha el nombramiento de los presidentes de varias Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia (TSJ). "¿Por qué existe prisa en nombrar unas plazas que pueden ser prorrogadas?", se preguntaban entonces, con cierto retintín, los tres colectivos —Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente—, que pedían en un comunicado la paralización del proceso y recordaban a los miembros del Consejo que, desde 2018, "ya no deberían permanecer" en sus puestos.

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Un tono que, posteriormente, ha ido subiendo a medida que se sucedían las convocatorias de los puestos y se acumulaban los recursos. De hecho, JJpD ha llegado a afirmar que el actual CGPJ "carece de la legitimidad necesaria para adoptar decisiones de trascendencia para la carrera judicial, en tanto que su actividad debería limitarse al despacho mínimo ordinario de los asuntos". Y la AJFV ha acusado al órgano de "falta de imparcialidad" y de "pastelear con los nombramientos discrecionales" pese a encontrarse en una situación de provisionalidad.

El Poder Judicial se encuentra en funciones desde el pasado diciembre, cuando las Cámaras debían haber aprobado la renovación de sus miembros. De hecho, PP y PSOE pactaron un reparto y el Congreso llegó a poner en marcha la comisión consultiva por donde desfilaron los primeros candidatos a convertirse en vocales. Pero todo saltó por los aires cuando se desvelaron unos mensajes de móvil del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, donde presumía de un futuro control de los populares sobre el Supremo y el CGPJ al asegurarse el nombramiento de Manuel Marchena, de perfil conservador, como su presidente.

Entonces, la renuncia de Marchena tras estallar la polémica y la inestabilidad política, que acabó con la convocatoria en febrero de Pedro Sánchez de nuevas elecciones, paralizaron todo el proceso de renovación. Aún así, según han denunciado las tres asociaciones judiciales, el Consejo aprobó solo dos meses después y por "sorpresa" las bases para aprobar los nuevos nombramientos de la cúpula judicial.

Amparo al Supremo

A raíz de ello, según explica el portavoz de la AJFV, Raimundo Prado, ya han recurrido por la vía administrativa este proceso para el nombramiento, de momento, de 13 altos cargos: la presidencia de la Audiencia Nacional; la presidencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional; las presidencias de ocho Audiencias Provinciales (Albacete, Castellón, A Coruña, Lleida, Valencia, Valladolid, Toledo y Zamora); la presidencia del TSJ de Galicia; y las presidencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Castilla y León y de la Sala de lo Social del TSJ de Aragón. Además, incide el portavoz de la Francisco de Vitoria en que, cuando se materialicen, tienen intención de llevar cada designación al Supremo.

"Las asociaciones están en su derecho a recurrir", recalca un portavoz del Consejo, que insiste en que las convocatorias "tienen unas bases muy detalladas, donde se establecen claramente los méritos y cómo se van a valorar".

Este frente de las asociaciones no es el único que se le ha abierto al CGPJ. La magistrada Rosa María Freire, instructora del caso de los discos duros de Bárcenas, ha llevado al Supremo la decisión del Consejo de nombrar como magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional a un juez con un número escalafón menor que ella —el elegido ocupa el 4.212, frente al 1.271 de Freire—.

Además, tras el recurso de otra juez, el Supremo también ha pedido al Poder Judicial que explique qué criterios siguió en mayo para mantener a los magistrados Enrique López y Eloy Velasco como adscritos a la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, después de que el alto tribunal anulara las plazas en propiedad que les habían otorgado. Y a todo esto se suma que la magistrada María José Hernández, que aspiraba a la presidencia de la Sala de lo Social del TSJ de Aragón, denunció la pasada semana un trato "indigno" y "discriminatorio" en la entrevista que le hizo el Consejo.

Una acusación rechazada en el seno del órgano, pero que ha provocado que el vocal José María Macías haya decidido abstenerse en el nombramiento de la presidencia de la Sala de lo Social del TSJ de Aragón tras la denuncia de María José Hernández y el respaldo de la AFJV, asociación a la que pertenece. La juez afirmó durante su exposición que en esa Sala no había habido ninguna mujer en 30 años. Y Macías, tras recordarle que solo el presidente de ese órgano era elegido directamente por el Consejo, le preguntó si conocía que la normativa prevé que solo tiene que primarse a una candidata mujer cuando haya igualdad de méritos entre los candidatos.

"Se están produciendo lo que solo sé interpretar como agrios ataques contra mi persona, que no tengo la menor duda de que pretenden y pueden influir en el procedimiento de nombramiento al que se refiere dicha convocatoria", ha afirmado Macías en una carta, a la que ha tenido acceso EL PAÍS y remitida a sus compañeros y a Lesmes. El vocal, que enmarca esta denuncia en los ataques de las asociaciones contra el actual CGPJ, también afirma en ese texto que sabe que puede "estar abriendo una puerta muy peligrosa, en la que basta con atacar a un vocal para apartarlo de un procedimiento selectivo o para intimidarlo".