Chocolate belga, tabaco y un mensaje xenófobo en Alcaucín

Alcaucín (2.239 habitantes) es un pueblo al que se entra en coche y se sale a pie. Muchos de sus visitantes son senderistas, que lo toman de punto de partida para ascender al pico de la Maroma, el más alto de la provincia de Málaga. El ascenso es duro, pero la cima –a 2.066 metros- es un roqueo llano desde el que observar la comarca de la Axarquía. La panorámica muestra motas blancas entre un manto verde. Son viviendas, la mayoría –hasta 12.000, según la Junta de Andalucía- construidas fuera de la ley. Un estudio de Ecologistas en Acción calcula que Alcaucín acoge un 10% de ellas. Muchas siguen en un limbo legal a pesar del trabajo de la asociación Save Our Homes in Axarquía (SOHA), cuyo portavoz es el belga Mario Jean Baptist Blancke. Desde 2015, también ejerce de alcalde de esta localidad. Pero la semana pasada estuvo a punto de abandonar por un incidente racista.

El clima, la tranquilidad, la naturaleza y la cercanía al mar -a 20 minutos de carretera- atrajeron a personas de medio planeta. Hoy, el 40% de la población de Alcaucín es foránea. Un estudio de SOHA afirma que aportan dos millones de euros al mes al entorno gracias a sus pensiones. Destacan los británicos: siete de cada 10 extranjeros proceden de Reino Unido. También hay un buen número de alemanes y, últimamente, belgas, que siguen el ejemplo de su compatriota Blancke. La diversidad no ha gustado a todos los alcaucimeños. Uno de ellos envió el martes pasado un mensaje a los teléfonos de sus vecinos: “Queremos un alcalde o alcaldesa de Alcaucín. Y un equipo de gobierno que también sea de aquí. ¡Extranjero a tu país! No queremos un chupatintas en el pueblo de Alcaucín”. Corrió como la pólvora.

Fue sobre las 10 de la mañana cuando la imagen de un cartel con ese texto se difundió vía Whatsapp. Blancke quiere olvidar esa jornada. “Casi lo dejo”, subraya. “Tuve una conversación con mi mujer y si ella no me hubiera apoyado, ya habría dimitido”, comenta mientras apura su segundo cigarrillo L&M en solo 10 minutos. Ha vuelto a fumar para calmar los nervios. Aunque lo peor ha pasado –el autor del mensaje se autoinculpó ante la Guardia Civil- la tormenta ha dejado una inestable marejada en las habituales aguas tranquilas de Alcaucín.

Durante un café con leche con pitufo mixto en la terraza del bar Enrique, Blancke relata cómo llegó a Málaga hace tres décadas. Tenía 32 años. Importó chocolate belga. Regentó un par de pastelerías en Rincón de la Victoria y Torre del Mar. A los 49, decidió dejarlo. “La vida es más que dinero”, asegura mientras las colillas se acumulan en el cenicero. Adquirió un terreno de 6.000 metros cuadrados a las afueras de Alcaucín. Ahí posee un huerto, diversos frutales y una coqueta vivienda. Resultó ser una construcción ilegal, aunque tenía todos los papeles en regla. El ayuntamiento había estado años dando licencias conforme al futuro plan general de ordenación urbana antes de que se aprobara. Ese documento nunca se firmó. Y su caso fue uno de tantos: SOHA reúne a 400 familias afectadas en su misma situación a las que Blancke da voz.

La asociación nació en 2008. En 2009, la Guardia Civil desarrolló en Alcaucín la operación Arcos. Procesó a 51 personas. El entonces alcalde, José María Martín Alba, fue detenido. La Fiscalía llegó a pedirle 226 años de prisión, aunque la Audiencia Provincial de Málaga le condenó finalmente a 17 meses de cárcel el año pasado por un delito continuado de prevaricación urbanística y tráfico de influencias y por otro de falsedad en documento oficial. “En otras decenas de municipios ocurrió lo mismo, pero no hubo policías”, recuerda Blancke. Fue en aquel momento cuando decidió dar el salto a la política. Apostó por Ciudadanos. En 2015 se convirtió en alcalde con el apoyo del PSOE.

Tras acabar el café se dirige al Ayuntamiento. En el corto recorrido saluda por sus nombres a cada vecino. Antonio, Sebastián, Michael, Patrick. Pocos entienden lo sucedido la semana pasada. Valoran la convivencia en el pueblo. Pero basta acercarse a bancos de la plaza de calle la Fuente, donde cada mañana hay corrillos de jubilados. Surgen algunas claves. Piden leer entre líneas. “Este solo gobierna para los extranjeros”, asegura uno de ellos. No todos comparten su tesis, pero callan. Y una voz se alza para avisar al grupo: “Ojo, que aquí no somos racistas ni nada de eso, ¿eh? No vayamos a dar esa mala imagen”.

Frente a ellos, una decena de británicos desayunan en las mesas del bar. “Nos extraña mucho lo ocurrido. Aquí hay buena convivencia”, insisten Christine y Leonardo Price, que residen varias temporadas al año en Alcaucín. Comparten sensación con Bill Murphy, que vive desde 2009 en el pueblo: “Aquí todo va bien”. Sus respuestas son en inglés y, como él, pocos de sus compatriotas dominan el castellano. Es lo que más duele a los locales, que no terminan de entender a sus nuevos vecinos. “Pero vaya, lo del mensaje fue una tontería muy gorda. Lo importante es el respeto y la educación”, afirma Antonia Luque mientras echa una mano a su hija en un pequeño ultramarinos mientras sigue por el móvil Sila, telenovela a la que está “enganchada”.

En Alcaucín ahora el culebrón es otro. Y los resultados electorales han dejado más abierto que nunca el gobierno local, que se despidió este miércoles con un pleno extraordinario burocrático. El nuevo tendrá cuatro concejales de Ciudadanos y PSOE (los socialistas, con 48 votos más), dos del PP y uno de Por mi pueblo. Blancke apuesta por reeditar el acuerdo con los socialistas, pero el PP también le ha tentado. El pacto entre populares y PSOE no se descarta. “En los pueblos importan más las relaciones personales que las siglas”, destacan desde el PP local. Tras aquel pleno, miembros de dicho partido y del PSOE se sentaron en una mesa del bar Enrique a tomar café y anís.

Este sábado habrá solución a la ecuación. Para entonces, Mario Blancke habrá apurado varias cajetillas de tabaco motivadas por un mensaje racista que no esperaba. Siga o no como alcalde, al menos sabe podrá volver a dejar de fumar.