La acusación pide al juez de los discos duros que rectifique y deje grabar a la prensa dos días de la vista

Izquierda Unida, una de las tres acusaciones populares personadas en el juicio por la destrucción de los discos duros de Bárcenas, ha pedido al magistrado Eduardo Muñoz que rectifique parcialmente y deje a la prensa grabar, al menos, dos sesiones de la vista oral que arranca el próximo viernes. En un escrito presentado este martes en el Juzgado de lo Penal número 31 de Madrid, al que ha tenido acceso EL PAÍS, IU solicita al tribunal que autorice a la retransmisión de la primera y última jornada del juicio, cuando se plantean las cuestiones previas y las conclusiones respectivamente, y donde no declaran testigos ni los acusados.

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Muñoz dictó este lunes un auto donde limita el trabajo de los periodistas audiovisuales y rechazó la petición de que hubiese una señal institucional —que pudiera ser utilizada en directo o en diferido, de forma íntegra o parcial—, tal y como había solicitado el gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Las cámaras de los medios de comunicación solo podrán captar imágenes (sin sonido) al principio de las sesiones, con planos de los acusados posteriores o laterales. El resto de redactores acreditados sí podrán seguir el juicio desde dentro de la sala.

El juez aceptó así las pretensiones del partido liderado por Pablo Casado, que maniobró para impedir que la prensa pudiera grabar la vista oral. "Generaría un juicio paralelo en los medios y en la sociedad, entre quienes se fomentaría un veredicto anticipado de culpabilidad", argumentó la formación conservadora, que se sienta en el banquillo acusada como persona jurídica, al igual que otras tres personas que trabajaban en el PP cuando se destruyeron los discos duros: su extesorera, Carmen Navarro; Alberto Durán, director de los servicios jurídicos, y José Manuel Moreno, exresponsable informático del partido.

Según su auto, Eduardo Muñoz rechazó la retransmisión por dos aspectos principales. Primero, porque, al haber varias sesiones, los testigos podrían conocer la declaración de los acusados y otros testigos que han declarado antes que ellos. Y, segundo, porque los tres trabajadores del PP acusados "no son personajes públicos ni de notoriedad pública".

"Puede haber trascendido su identidad, pero no su imagen, por lo que la retransmisión del juicio les puede suponer una exposición pública desproporcionada en relación con la naturaleza de los delitos y la entidad de las penas que son objeto de acusación", afirma el juez en su escrito, pese a que Carmen Navarro ha llegado a declarar en la comisión de investigación impulsada en el Congreso por la presunta financiación ilegal del PP. Y Durán fue vocal de la Comisión Organizadora del XIX Congreso nacional de los populares —de la que se facilitaron imágenes—, que acabó con la victoria de Casado.

En su nuevo escrito, IU defiende que se retransmitan la primera y última sesión, ya no intervienen testigos ni acusados y, por tanto, no pueden conocer algunos el contenido de lo que dijeron sus predecesores. Además, la coalición de izquierdas explica que se puede grabar "tomando la prevención de que a los acusados no aparezcan en pantalla", como se hace en muchas causas. Todo ello, ante la "evidente relevancia social" de ambas vistas. De hecho, el propio juez admitió en su auto el "lógico y notorio" interés social y mediático por el juicio oral que se va a celebrar, "dado que uno de los acusados es un partido político con representación parlamentaria".

El Observatorio DESC, otra de las acusaciones populares, también anunció este lunes que recurriría la decisión del magistrado: "Entendemos que se crea un peligroso precedente. Nos parece una limitación importante al derecho de información, valor superior del ordenamiento jurídico en un Estado democrático", afirmó el colectivo.