Canarias depende de un solo hombre con 6.000 votos

En un contexto frenético de reuniones poselectorales, Casimiro Curbelo, “animal político” de 63 años, aterrizaba el miércoles en Tenerife procedente de Madrid. Regresaba a su isla natal y “amada”, La Gomera (21.000 almas), tras encontrarse con José Luis Ábalos, el secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones. Hablaron de un pacto que lleve a los socialistas al poder en Canarias, después de 26 años de hegemonía de los nacionalistas de Coalición Canaria (CC). “Fui a ver a la familia y de paso…”, diría después el gomero.

El Parlamento canario está formado ahora por 70 diputados (antes 60) y, por tanto, la mayoría absoluta requiere 36. Los tres escaños de Agrupación Socialista Gomera (ASG), el partido de Curbelo, pueden hacer que el bloque de izquierdas —PSOE (25), Nueva Canarias (5), Podemos (4) y ASG (3)— sume 37; o que el de derechas —Coalición Canaria (20), PP (11), ASG (3) y Cs (2)— llegue a 36. Estos días son cruciales para decantar una balanza que tiene su peso en Madrid, donde los dos diputados obtenidos en las elecciones generales por Coalición Canaria podrían ser también determinantes para la investidura de Pedro Sánchez, si los planes en Navarra no terminan de salir bien para los socialistas.

Canarias, esa “realidad alejada” de la que hablaba Curbelo en su etapa de senador del PSOE, son: dos millones de habitantes, a más de 1.000 kilómetros de la península, con 8.000 millones de presupuesto autonómico y 16 millones de turistas al año... Nunca se vio el dirigente gomero en una igual.

Creador del “curbelismo”, este hombre que se metió en política “por casualidad”, convencido por un funcionario de Correos al que se encontró por la calle cuando acababa de terminar sus estudios de Magisterio, tiene ahora en su mano el Gobierno canario y, quién sabe, si el nacional. Y no parece dispuesto a dejar escapar la ocasión para barrer para su querida isla, en la que 6.000 sufragios valen tres escaños, aunque ya se vote con cinco urnas en el archipiélago para corregir los desmanes de la ley electoral en un territorio con tres administraciones: ayuntamientos, cabildos (una suerte de diputaciones insulares con importantes competencias) y Parlamento. Pese a las muchas candidaturas en liza, la ley electoral aún permite cosas como que Ciudadanos obtuviese 20.000 votos y solo dos escaños.

“Voy a ser frío y pragmático”, advierte Curbelo sin dar más pistas. El gomero “se fue resentido del PSOE en 2011” y con sus escaños “ha apoyado de manera estable a los nacionalistas canarios los últimos cuatro años”, se encarga de recordar José Miguel Barragán, el secretario general de CC convertido ahora en negociador. Su partido busca reeditar el apoyo de Curbelo para mantenerse en el poder, pero antes tiene que superar otro escollo: “La ejecutiva de Ciudadanos aprobó un decálogo de principios y uno de ellos es que personas investigadas por la justicia no pueden ocupar cargos públicos”, remarcaba el miércoles Vidina Espino, representante del partido de Albert Rivera. Respondía así de tajante a una pregunta sobre el posible levantamiento del veto al presidente en funciones, Fernando Clavijo, imputado en el caso Grúas, uno de los muchos procesos judiciales por corrupción que se dirimen en el archipiélago. Previamente, Espino, joven periodista metida a política, había sido puenteada por Barragán y el propio Clavijo, que se reunieron en Madrid con el secretario general de Cs, José Manuel Villegas, casi a vida o muerte. “Han quedado en mirar nuestro asunto con calma”, asegura Barragán, consciente de que una abstención de los de Rivera les dejaría fuera de juego.

“Estamos más cerca que nunca de lograr la regeneración”, decía ayer Ángel Víctor Torres (53 años), líder de los socialistas canarios, tras reunirse de nuevo con los de Curbelo, Nueva Canarias (NC) y Podemos. “Soy relativamente optimista, aunque hay intereses locales e insulares en juego”.

Las elecciones del 26-M han hecho implosionar al Gobierno canario, en el que los nacionalistas fueron apoyados por el PSOE durante el primer año y medio de la última legislatura. “La deslealtad y el hecho de que el presidente criticara públicamente al consejero de Sanidad [el socialista Jesús Morera], hizo que nos levantásemos de un Consejo de Gobierno y, acto seguido, fuésemos cesados”, recuerda Torres. El trasfondo del gran enfado que acabó con ese Gobierno de coalición fueron los conciertos sanitarios. “Se le entregan a clínicas privadas 200 millones de euros al año para que gestionen un servicio público”, resume Torres, que pone el dedo en la llaga de uno de los asuntos más espinosos en las islas: la gestión de la sanidad. A Morera le sustituyó precisamente el vicepresidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española y secretario de la Asociación de Clínicas Privadas de Las Palmas, José Manuel Baltar.

Para los próximos días se prevé un sprint de reuniones para resolver esta endiablada aritmética antes de una semana.