El juez del ‘caso Lezo’ levanta la imputación de Alberto Ruiz-Gallardón

Fin de los problemas judiciales del exministro de Justicia y expresidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. El juez del 'caso Lezo', Manuel García Castellón, ha archivado a instancias de la Fiscalía la investigación que abrió al también exalcalde por la compra presuntamente fraudulenta en 2001 por 73 millones de dólares de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II, la empresa pública de aguas madrileña, en una operación que tuvo un sobreprecio de hasta 35,4 millones de euros.

La Fiscalía había pedido que se levantase la imputación sobre Gallardón y otros ocho miembros de su Consejo de Gobierno imputados con él, al considerar que no había indicios de que ninguno de los políticos “conocieran los detalles de esta operación y, por tanto, el menoscabo económico que para la Administración autonómica se generaría con la compra de Inassa”. Por tanto, García Castellón también deja fuera de esta pieza de Lezo al expresidente madrileño Ignacio González y a Edmundo Rodríguez Sobrino —considerado el hombre fuerte de González en los negocios del Canal de Isabel II en Latinoamérica—, si bien ambos están investigados en otras piezas de esta causa, por lo que siguen imputados.

La causa prosigue para los 22 miembros del Consejo de Administración del Canal de Isabel II que aprobaron la adquisición de la mayoría de las acciones de la mercantil colombiana por 73 millones de dólares en 2001. Entre estos investigados a los que la Fiscalía pretende llevar a juicio figuran dos exconsejeros del gobierno autonómico de Gallardón de aquella época, Pedro Calvo Poch y Juan Bravo. Estos 22 imputados, según el fiscal, “otorgaron la autorización para la compra directa de Inassa en la sesión del Consejo celebrada el 14 de noviembre de 2001, a pesar de conocer que se iba a interponer en la operación una sociedad panameña y el sobreprecio injustificado que se iba a pagar”.

La actuación supuestamente fraudulenta, afirma el juez "contó con el beneplácito" del investigado Arturo Canalda González –Director Gerente de CYII desde el 25 de septiembre de 2001–. Este facilitó la tramitación del expediente y lo presentó a los Consejos de Administración "conociendo las circunstancias en las que se llevaría a cabo la operación –la interposición societaria y el sobreprecio-."

Del monto total de la operación, unos 10 millones de dólares, según la fiscalía, acabaron en manos de trabajadores españoles de Aguas de Barcelona –AGBAR-, que tenían la titularidad de Inassa con varios socios colombianos y que lograron que estos les vendieran toda su participación en la empresa colombiana.

Ruiz Gallardón declaró como imputado en la Audiencia Nacional por esta causa en junio de 2018. "La adquisición se hizo con el más absoluto convencimiento de que era buena", aseguró entonces el exministro, que añadió que la operación de Inassa contaba con todos los informes jurídicos que la avalaban. "Además, los resultados han sido positivos a la larga para la comunidad", aseguró a los medios de comunicación tras declarar.