La Audiencia absuelve tras 14 meses en prisión a un joven navarro acusado de yihadismo

Tres semanas después de que la Audiencia Nacional absolviera al expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell tras pasar 21 meses en prisión provisional por blanqueo de capitales, el mismo tribunal exculpa a otro acusado que ha permanecido un largo periodo privado de libertad a la espera de juicio. La Sección Primera de lo Penal ha absuelto este viernes y ha ordenado la inmediata puesta en libertad a Víctor F. M., un joven navarro de 27 años acusado de autoadoctrinamiento yihadista y que lleva encarcelado desde el 14 de marzo de 2018, desde hace 14 meses. El tribunal, tras la vista oral celebrada el pasado martes, considera "insuficientes" los indicios de delito de terrorismo presentados por la Fiscalía contra él.

Víctor abandonó hace 10 años a su familia adoptiva y se instaló en una casa semiabandonada de San Martín de Unx, un municipio de poco menos de 400 habitantes situado a 50 kilómetros al sur de Pamplona, en la comarca de Tafalla. En 2015 se convirtió al islam, religión que profesan la mayoría de sus amigos, inmigrantes de nacionalidad senegalesa. Tras dejarse crecer la barba, el joven acudía a la mezquita de Tafalla vestido con chilaba. En 2017, algunas personas de su entorno alertaron a la Guardia Civil sobre su presunta radicalización.

La investigación puso de manifiesto que, en noviembre de aquel año, Víctor adquirió en Internet un fusil AK 42 de airsoft —simulación de guerra—, que dispara balas de goma y PVC, así como un cargador y una mira telescópica. En el juicio, el joven declaró que esa arma falsa era para espantar a los gatos que rondaban su casa. El 13 de marzo de 2018 compartió en sus redes sociales un vídeo de un combatiente de Yemen que terminaba con la siguiente frase en árabe: "Alá es el más grande, muerte a América, maldición a los judíos y la victoria es del Islam".

Al día siguiente de esa publicación en Internet, la Guardia Civil, con autorización judicial, entró en la casa que ocupaba el joven navarro. En ella, los agentes encontraron una catana y dos hachas, todas ellas oxidadas, así como dos libros de temática islamista. También hallaron distintas cantidades de cannabis y resina de cannabis, que superaban el límite legal para el autoconsumo. Por la tenencia de esta droga fue condenado el pasado febrero a una pena de un año de prisión y multa de 8.900 euros.

El tribunal, en su sentencia, afirma que las manifestaciones anónimas sobre su supuesta radicalización, que alertaron a la Guardia Civil "no tienen alcance alguno probatorio". Los archivos que había en el disco duro de su ordenador —que incluían una portada de un libro sobre los atentados yihadistas del 11 de marzo de 2004 en Madrid y fotografías de un soldado rezando junto a un lanzacohetes y de una mujer con burka— "“tampoco evidencian una actitud de apoyo del terrorismo de corte yihadista".

Los jueces tampoco ven relevante, desde el punto de vista penal, los cambios en la vestimenta del joven, su creciente interés en las artes marciales, así como las medidas de seguridad que adoptaba en las redes sociales y que, dijo en el juicio, eran para evitar la intromisión de terceros en sus archivos.

"Algo gordo al salir"

Los magistrados consideran que en el juicio no quedó probado el supuesto carácter violento de Víctor, ni los enfrentamientos con vecinos de San Martín de Unx. Además, el tribunal recuerda que la Fiscalía no llamó a declarar a los agentes que registraron su domicilio el 14 de marzo de 2018 y a los que supuestamente dijo que si le metían en la cárcel iba a hacer "algo gordo al salir". Esa ausencia en la vista oral impide dar por acreditado ese elemento de la acusación. La Fiscalía pedía para él en el juicio una pena de cinco años de prisión por un delito de autoadoctrinamiento y autocapacitación terrorista.

La prisión provisional está contemplada legalmente en tres supuestos: para evitar el riesgo de fuga, para conjurar la posibilidad de reiteración delictiva y para impedir la destrucción de pruebas, y no puede ser en ningún caso una pena anticipada a la condena. El tribunal descarta que la investigación contra Víctor F. M. fuera un error, lo que podría darle derecho a una indemnización. "Desde luego fue justificada la actuación de la Guardia Civil cuando investigó al acusado, se autorizó la intervención de sus comunicaciones y finalmente se autorizó el registro de su domicilio, pero el resultado de la investigación no permite concluir que nos encontremos ante una persona que se estaba capacitando para actuar como terrorista", concluye la sentencia.