El conflicto catalán tiñe las propuestas de los partidos en Educación

Hace poco más de un año se rompía la negociación del Pacto de Estado por la Educación. PSOE y Unidos Podemos se levantaron de la mesa de la subcomisión creada ad hoc por un desacuerdo en la financiación. Los socialistas pedían aumentar el gasto en educación hasta el 5% del PIB —ahora está en el 4,2%—, unos 1.500 millones extra anuales hasta 2023. El PP no cedió al ultimátum y el año y medio de acercamiento de posturas para consensuar una nueva ley educativa saltó por los aires. Ahora, los partidos incluyen en sus programas electorales su intención de retomar ese pacto, pero el resto de propuestas van en la dirección contraria: la pugna territorial ha teñido también la educación.

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El enfrentamiento por Cataluña es la base del programa educativo de Ciudadanos, que pretende crear una asignatura obligatoria sobre la Constitución Española —en la actualidad se estudia en diferentes materias de la ESO y bachillerato—, y que el castellano pueda ser la lengua vehicular en los colegios en cualquier autonomía. Otra de las medidas del partido de Albert Rivera es reforzar la Alta Inspección del Estado (organismo dependiente del Ministerio de Educación sin supervisión directa sobre los centros educativos) para dotarla de más “independencia” y “acabar con el adoctrinamiento nacionalista en las escuelas”. El PP va todavía más lejos y propone asignarle capacidad sancionadora.

“Han puesto el barniz de la educación a su guerra territorial y cometen un grave error, proponen nuevas asignaturas cuando uno de los problemas es la sobrecarga del currículum escolar”, apunta Ainara Zubillaga, directora de Educación de la Fundación Cotec para la innovación —cuyo patrono es el Rey—, que señala que Unidas Podemos también quiere crear una nueva asignatura de feminismo, del que ha hecho su bandera.

De fondo, los datos muestran una enseñanza pública debilitada. Entre 2010 y 2015, el gasto por alumno bajó un 11% en primaria y secundaria, y el abandono escolar temprano sigue siendo el talón de Aquiles del sistema, con un 17,9% de jóvenes entre 18 y 24 años que solo obtuvieron el título de la ESO, frente al 11% de media de los países europeos. España está lejos de cumplir el compromiso adquirido con Bruselas de reducir el abandono al 15% en 2020. “En España hay un uso de la educación muy pronunciado. Con cada Gobierno entra una nueva ley. Hay un problema con la gestión educativa”, sostuvo en una entrevista en este periódico Beatriz Pont, analista de políticas educativas de la OCDE.

El PSOE es el único que incorpora un plan específico, coordinado con las comunidades autónomas, para conseguir que en 2025 el 90% de los jóvenes alcancen una educación postobligatoria. Además, los socialistas incorporan por primera vez en su programa un plan nacional contra la segregación escolar con medidas presupuestarias para “reducir la concentración de alumnado desfavorecido” en determinados colegios, después de que la Comisión Europea y la ONU hayan urgido a España a aprobar políticas que frenen esa segregación, que afecta al 46,8% de los centros educativos del país.

La enseñanza concertada sigue siendo una de las principales armas arrojadizas. El PP propone extender el concierto al bachillerato y la Formación Profesional Básica, así como modificar la ley de incentivos al mecenazgo para que las cuotas que las familias pagan a la concertada sean deducibles, después de que el pasado noviembre el Ministerio de Hacienda recordase que esas desgravaciones son ilegales. Ciudadanos recoge la misma medida. Por su parte, PSOE y Unidas Podemos prohibirán el concierto a centros que segreguen por sexo. Vox apuesta por dinamitar el sistema público y dotar a las familias de un cheque para que decidan si escolarizar en la pública o en la privada. La formación de Santiago Abascal cree que la igualdad de oportunidades pasa por “permitir el acceso a la privada de los alumnos con rentas bajas”.

Proponen nuevas asignaturas cuando uno de los problemas es la sobrecarga del currículum escolar AINARA ZUBILLAGA

“Se pueden regular los requisitos de admisión para asegurar, por ejemplo, que los alumnos con problemas de aprendizaje sean admitidos en la concertada, así como los que tienen un perfil socioeconómico más bajo”, apunta Lucas Gortázar, miembro de REDE, una plataforma para impulsar cambios en la educación española.

En España, el 62% de los menores de tres años no están escolarizados y organismos internacionales como la OCDE o Unicef recomiendan hacerlo para asegurar que los niños, especialmente los de familias más desfavorecidas, desarrollen las aptitudes para triunfar en la escuela y prosperar en el trabajo. Este es el único punto en el que coinciden todos los partidos. Desde la gratuidad de Podemos, al cheque de mil euros para todas las familias del PP, al horizonte más realista del PSOE de conseguir que en 2025 el 50% de esos menores estén escolarizados de forma gratuita en centros educativos homologados.