El ‘solo sí es sí’ que nació con el caso de La Manada

"Un punto de su programa electoral que me pareció fascinante. El consentimiento afirmativo", dijo anoche Cayetana Álvarez de Toledo, candidata del Partido Popular por Barcelona a las elecciones generales, a María Jesús Montero, ministra de Hacienda. Y siguió: "Dice su programa: garantizaremos con el Código Penal que todo lo que no sea un sí, es un no. ¿De verdad van a garantizar eso? ¿Penalmente? ¿Un silencio es un no? Ustedes dicen que un silencio es un no, y una duda, ¿de verdad van diciendo ustedes sí, sí, sí hasta el final?".

Álvarez de Toledo insistió en varias ocasiones en la cuestión a lo largo del debate electoral a seis de RTVE. Interpeló a Gabriel Rufián (ERC), que contestó que le parecían "muy graves" sus palabras, e Irene Montero (Unidas Podemos), que contrarreplicó: "Como gobierne la derecha, ya vemos lo que va a ocurrir… que cuando te violen, va a venir una mujer como Cayetana Álvarez de Toledo a decirte 'hombre, querida, no es para tanto, a lo mejor es que yo no digo que sí todo el rato, todas las veces, yo no digo que sí hasta el final'... Miren, en este país ya las mujeres hemos dicho claramente que solo sí es sí y eso tiene que pasar a la ley".

Esa referencia de Montero a la petición de las mujeres españolas surgió a raíz del caso de La Manada, los cinco hombres que abusaron de una joven de 18 años en Pamplona durante la madrugada del 7 de julio de 2016. Primero, durante el juicio, en noviembre del 2017, y después tras la sentencia, el 26 de abril de 2018, que entendió aquellos hechos como abuso sexual con prevalimiento y no como agresión (según el Código Penal, tiene que mediar violencia o intimidación para que exista esta última). Aquel mismo día hubo manifestaciones y concentraciones a las pocas horas de hacerse público el fallo en decenas de ciudades españolas; reclamaban que los magistrados vieran en aquellos hechos una violación y no un abuso.

Asumir la neutralidad (el silencio) como referente válido es un error Miguel Lorente

Casi de forma inmediata, el Gobierno de Mariano Rajoy convocó a una comisión para revisar el capítulo sobre delitos sexuales en el Código Penal. Y, poco después, tras la moción de censura que terminó con Pedro Sánchez como presidente, el Ejecutivo se posicionó. "Si una mujer no dice sí expresamente, todo lo demás es no", dijo el pasado julio la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. Abrió un debate sobre la violencia sexual que todavía no se ha cerrado. La actual legislación ya considera delito todos aquellos atentados contra la libertad sexual que no sean consentidos, el debate está en como se recoge en la ley la forma de expresar ese consentimiento.

En diciembre, el grupo de expertos que revisa el CP ya tenía un borrador: incorporaban el consentimiento de la víctima como eje, dejaban fuera el abuso y consideraban cualquier atentado contra la libertad sexual como agresión, recuperaban el delito de violación para los casos más graves y entendían como agravantes la violación a la pareja o expareja, entre otros cambios.

En países como Suecia, Alemania, Bélgica o Reino Unido, el consentimiento es ya el centro de las normativas sobre los delitos sexuales

Ese "solo sí es sí" al que hacía referencia Calvo es lo que incluye ahora el PSOE en su programa electoral, un modelo basado en el de Suecia que, a su vez, recoge la filosofía del Convenio de Estambul, el marco europeo contra la violencia machista ratificado por España en 2014 (que no recoge el sí expreso, pero sí que el consentimiento debe prestarse "voluntariamente"). Desde julio del pasado año, la violación en el país nórdico está definida por el consentimiento expreso: cuando un juez sueco tenga que interpretar unos hechos como los del caso de La Manada, podrá hacerlo sabiendo que ese sí expreso puede darse a través de palabras, pero también hechos o "de otro modo"; e incluye que cualquier acto sexual no consentido es violación, aunque no exista violencia o intimidación.

Además, incluyeron el concepto de "violación negligente", por el que la justicia entiende que el condenado debería haber sido consciente de que la otra persona no estaba dando su consentimiento. Según Miguel Lorente, médico forense experto en violencia de género y exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género, este es un modelo legislativo positivo porque "asumir la neutralidad como referente válido [como ocurrió en el caso de La Manada] induce al error, pensar que hay espacio vacío entre el sí y el no es falso, porque en el momento que el hombre inicia una conducta es ya un sí por su parte y presupone siempre que ella tiene que asumir ese sí".

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Recuerda el forense que en España, hasta hace no mucho, la educación a las jóvenes se basaba en "la resistencia": "Decir que no al principio para que el otro no pensara que eras una ligera. Resistirse era demostrar feminidad, honradez y reputación". Sobre esa base, la cultura de la insistencia, añade, "se han ido construyendo las actitudes y las conductas normales o permitidas socialmente, por eso hace falta que cualquier no, explícito o implícito debe ser tomado como una negativa. A falta de la seguridad de que el testimonio de la víctima vaya a ser creído cuando diga que no consintió o que no quería pero no fue capaz de expresarlo, el consentimiento expreso dentro de la legislación es una buena forma de proteger a las víctimas". En otros países como Alemania, Bélgica o Reino Unido, también el consentimiento es ya el centro de las normativas de los delitos sexuales.

Lorente cree que encaja mejor con la realidad de los delitos sexuales. Sucedió con la víctima de La Manada: la sentencia recogió que "estaba en estado de shock", entre otros motivos, por la superioridad numérica del grupo de cinco hombres que la rodeaba. Algo que incluyó el voto particular de dos de los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Navarra con el término intimidación ambiental, que, apunta Lorente, también puede llevar al "silencio". "Y un silencio no es un sí", espeta. "Hay que empezar a transformar las leyes, sí, pero también la educación, tanto la afectiva como la sexual, y las construcciones sociales que tenemos de los roles masculino y femenino en el sexo".

Un cambio al que Lucía Avilés, magistrada y vocal de la Asociación de Mujeres Jueces de España, hizo alusión el pasado febrero en una columna en este periódico. "No es cualquier reforma", escribió. "Es una con mujeres, con nuestro concepto de violación y nuestro punto de vista para feminizar el tratamiento jurídico de una violencia que nos azota desproporcionadamente".