Los partidos reconocen la infrafinanciación universitaria

Ningún partido pone en duda que para que España progrese económica y socialmente necesita una universidad de calidad, que hay urgencia en dotar de más fondos a los campus y deben de contar con mayor autonomía —no en el papel, sino de facto— siempre con rendición de cuentas. A partir de ahí, este martes casi todo fueron divergencias en el debate preelectoral celebrado en Madrid entre los grupos principales sobre políticas universitarias organizado por la Fundación CYD.

La crisis trajo consigo una sangría económica y de empleo (se perdieron el 13% de los puestos fijos al no reponerse los jubilados) para las universidades de la que no se ha recuperado. En 2019 ya ni el Partido Popular, que gobernó parte de esos años, niega la infrafinanciación. Según datos de la OCDE el gasto por alumno bajó un 13% entre 2010 y 2015, mientras subía un 5% de media. Aunque la diputada popular y profesora universitaria Isabel Valmaña mostró un escenario más amigable: “Se está haciendo una valoración casi cegata, las cifras desmienten. En 2018 hubo muchos más alumnos egresados que en el 2010. No ha perdido músculo pese a la insensatez del Gobierno socialista que negó la crisis. La Universidad ha resistido con un profesorado magnífico. El problema es politizar la universidad, y los acontecimientos recientes han propiciado eso”.

“No en la Universidad de Matrix ideal que pinta Isabel [PP]. Hay que solucionar la suficiencia económica, que esté bien financiada. Llegar al 1,5 PIB que es lo que invierte nuestro entorno”, replicó el diputado Joan Mena, de En Comú Podem. En 2016 se invirtió un 0,819% del PIB español, frente al 0,898 de 2018. Dura fue también Marta Martín de Ciudadanos: “Podemos seguir haciéndonos trampas pero hay muchas cosas que mejorar. Se necesita una mejor autonomía con más rendición de cuentas para que no pase lo que ha pasado con los escándalos políticos”.

El socialista Juan José Moreno, que fue secretario de Estado de Universidades con Ángel Gabilondo en los inicios de la crisis, cree que no se puede “pedir milagros a los campus”. Puso de ejemplo la Universidad KTH de Estocolmo, que ocupa el puesto 100 y que invierte en cada alumno 28.000 euros anuales, frente a los 6.400 en España. “Y las hay con cifras mayores. Stanford gasta 100.000”, subrayó Moreno.

Existe entre los grupos también el consenso de que, además de una mayor financiación, tiene que existir estabilidad presupuestaria. Hoy los campus no saben con qué dinero van a disponer a medio plazo, lo que condiciona sus planes. La Comunidad de Madrid estuvo a punto de aprobar en 2018 —la presidenta regional Cristina Cifuentes se equivocó en la votación— una ley que ofrecía una estabilidad plurianual a los campus. Los gallegos cuentan ya con una norma que lo regula.

División en la gratuidad

La gratuidad de los estudios divide, sin embargo, a los grupos. Podemos pretende que la universidad sea gratuita “para garantizar la igualdad de oportunidades” en grado y máster habilitante (el que te exigen para poder ejercer de profesor o abogado). Mena se dio cuenta de la gravedad de la situación al enterarse del precio de un máster para profesor de español para extranjeros. “Casi no podía con mi sueldo, que es más alto que la media. Quiero que volvamos a la situación de hace 20 años”, reclamó Mena.

Mientras que el PSOE, que el pasado otoño calculó que costaría 950 millones al presupuesto en cinco años que ningún estudiante pagara la primera matrícula en un título superior, ahora se vuelve más cauto y habla de bajar las tasas teniendo en cuenta la renta familiar y de homogeneizar tasas —un máster catalán cuesta tres veces el manchego—. Moreno, portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, recalcó que la intención es ir al coste 0. Pero eso es un brindis al sol si los Gobiernos autonómicos, que son los que fijan las tasas, no reciben más fondos. Casi toda la partida se va en pagar los sueldos de la plantilla y dependen en gran medida de las tasas (1.081 euros de media).

En 2017 la socialista Susana Díaz impuso en Andalucía una bonificación del 99% en las tasas de grado si se aprueban todas las materias el primer año. La medida cuesta cada curso en torno a 30 millones. El PP, que en 2012 con José Ignacio Wert forzó a las autonomías a que cobrasen a los alumnos entre el 15% y el 25% de la matrícula, no habla ahora de revertir esta gratuidad. Valmaña explicó tras el debate que el PP ha dado libertad de acción a sus Gobiernos regionales. Tampoco ha dicho nada Ciudadanos, su socio de Gobierno andaluz.