El millonario cambiazo de los ataúdes, en 26 libretas

Justo Martín Garrido, de 69 años, no quiere saber ahora nada del revuelo que se vive estos días en Valladolid por aquellas “cartas” que mandó hace casi dos años. Las envió al poco de jubilarse, dirigidas al señor Ignacio Morchón Alonso, que había sido su jefe durante 20 años en la funeraria El Salvador. “Creo que ha pasado tiempo suficiente y no te quieres dar por enterado”, mecanografió entonces. “Te voy a dar otra oportunidad de llamarme. Como ves, una foto se puede mandar a cualquier sitio. Tú verás si quieres que empiece a repartirlas. Pase lo que pase después no tendrá solución. Te aseguró que lo haré aunque luego me arrepienta”. Junto al trozo de papel, escrito a máquina y con faltas de ortografía, iba una fotografía de un cadáver antes de ser incinerado, con la fecha y el nombre del difunto escrito en un folio.

Justo Martín Garrido entró a trabajar en 1995 en el horno crematorio de la funeraria El Salvador, ubicado en el cementerio del mismo nombre, en el término municipal de Santovenia del Pisuerga, a 11 kilómetros de la capital pucelana. “Ignacio le contrató porque un conocido se lo pidió. Por aquellos tiempos Justo se había quedado sin trabajo e Ignacio siempre ha sido un hombre de hacer favores para pedirlos después”, recuerda un antiguo trabajador del que --desde 1985 hasta hace 15 días-- era un próspero y creciente negocio mortuorio que daba empleo a 70 personas, muchas de las mismas familias y la mayor parte de ellas contratadas desde hace más de diez años. Sin embargo, nadie más parece haber visto nada de las horribles cosas que supuestamente vio, hizo (“por orden del jefe”) y fotografió durante dos décadas Justo.

Disconforme con la jubilación que le había quedado, Justo le reclamó a Ignacio una cantidad de dinero, supuestamente correspondiente a las ganancias que su jefe había podido obtener por cambiar --con su necesaria colaboración-- ataúdes caros por otros más baratos antes de proceder a la cremación de los cuerpos, con el fin de revender los de mayor calidad después. Así lo recoge la sentencia por la que Justo Martín Garrido fue condenado en abril de 2018 a un año de prisión por extorsión, tras ser denunciado por amenazas por su jefe.

Pero hace dos semanas se invirtieron las tornas: Ignacio Morchón, de 74 años, su hijo Ignacio (47) y su hija Laura (33) ingresaron en prisión acusados de “un delito continuado de estafa y organización criminal”. Hay, además, otros 12 trabajadores imputados en una pieza separada de la investigación secreta que abrió hace casi un año el Grupo 1º de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional de Castilla-León con toda la documentación y el material encontrados en el registro de la casa de Justo correspondiente a aquella denuncia.

26 cuadernos

Entre los objetos incautados, y según consta en el atestado policial, hay 26 pequeños cuadernos de espiral y hojas cuadriculadas en las que Justo anotó, uno a uno y en letras mayúsculas, los supuestos “cambiazos” de las cajas. “Afirmo que todos los datos escritos en esta libreta son verdad por tanto lo firmo por si algún día son de interés para alguna cuestión”, escribe como encabezamiento en una de ellas, fechada el 1 de enero de 1998. Se molesta en reseñar que hay otras libretas similares y hasta incluye una breve leyenda interpretativa: “C.Sí’, quiere decir que se quita la caja para el jefe”; “C.No’, que no se cambia”, aclara. Y sigue un orden sistemático en sus apuntes: Día, nombre del fallecido, DNI, fecha y lugar del fallecimiento, edad, estado civil y procedencia del cuerpo”. Incluso llega a escribir en una de ellas que “a partir del 7-10-97 no se iban a cambiar más cajas (dijo el jefe), porque cogió miedo con lo sucedido en Málaga”. En aquella época hubo un escandaloso fraude de varias funerarias que pagaban a un sepulturero para que quemase restos de nichos antiguos e hiciera sitio en el cementerio.

Según el atestado policial, de lo recogido en esas libretas se deduce que “se han efectuado un total de 5.308 cambios de caja en las incineraciones, se ha llevado a cabo una apropiación de coronas mortuorias, centros y ramos de flores en un total de 893 incineraciones, hay 77 registros fotográficos de personas fallecidas e incineradas en el cementerio El Salvador y en 1.389 incineraciones no se ha realizado el cambio de caja”. Además, entre lo incautado en su casa, hay también “14 carretes fotográficos con 450 fotografías que muestran cadáveres en una sala de incineración y que reposan dentro del horno crematorio en una gran variedad de elementos que sustituyen al féretro original, como cajas en desuso, tapas de féretros, cajas de restos”. Aparte hay “tres memorias USB con 207 imágenes y 44 vídeos con contenido semejante”.

Una empresa pantalla

Tras analizar todo ese material, los investigadores apuntan a uno de los principales suministradores de ataúdes de la funeraria desde 2001 hasta 2017, Fabricados Senovilla S.L., como la empresa que habría facturado al Grupo El Salvador hasta 3.428.775 euros pese a carecer de empleados desde 2005. Es decir, la policía sospecha que sería esa sociedad la que “le habría servido a la funeraria para justificar documentalmente los féretros que presuntamente se sustraían a los difuntos”.

Según el informe policial, basándose en los partes de defunción, “el 95% de las incineraciones” se realizaba en ese crematorio de Santovenia de Pisuerga, donde estaba Justo, a 11 kilómetros de la ciudad. Y no en el que se encuentra junto al Tanatorio en Valladolid, sede principal del Grupo El Salvador, donde la mayor parte de las familias de los difuntos contrataban el servicio.

Pese al silencio de los empleados, los investigadores sospechan que muchos de ellos eran partícipes “directa o indirectamente” de esos traslados de cuerpos y cajas y debían de conocer lo que ocurría. “Muchas veces se llevaban a Santovenia porque no daba tiempo a hacer todos los servicios en el de aquí y se les decía a los familiares”, dice un trabajador.

A 11 kilómetros de distancia

En sus anotaciones, Justo sugiere que los llevan adonde está él porque es más fácil dar el cambiazo allí, aunque en los últimos años apunta que muchos “vienen ya con la caja cambiada, en una tapa o solo con un sudario”. Incluso señala que han prescindido del otro incinerador que se turnaba con él, un tal “Chema”, porque “de vez en cuando se emborracha” y temen que se vaya de la lengua.

El jueves pasado no había actividad alguna en el tanatorio de El Salvador, salvo la creada por algunos pocos empleados, temerosos por el Expediente de Regulación de Empleo que parece que se avecina, con todas las cuentas de la empresa intervenidas por orden judicial.

“Lo normal era hacer una media de 6-8 servicios diarios”, contaban. “Hoy no hemos hecho ninguno, esto se hunde”. “El 50% de los servicios venían por las aseguradoras: Santa Lucía, Mapfre, Ocaso… ahora nuestro nombre, que era marca de prestigio hasta antes de ayer, está vetado”, confesaban con incredulidad por lo que se cuenta y por lo rápido que se precipitan los acontecimientos. “Nunca he visto nada raro, aquí el trato es familiar”.

“De lo que se ha contado, la mitad la mitad: Yo jamás he vendido una caja de más de 1.600 euros; lo normal, para incinerar, son féretros de entre 900 y 1.200 euros, aunque es cierto que el margen de beneficio de una caja de muerto es enorme: a la empresa le cuestan entre 100 y 200 euros la unidad en fábrica”, apunta uno de los comerciales de la empresa.

La defensa de la familia Morchón resta veracidad a las anotaciones, las fotografías y los vídeos de Justo Martín Garrido: “Él tendrá que explicar por qué lo hizo, son sus notas, sus fotografías, todo es él”. Y muestra sorpresa por el crédito que a esos materiales le ha dado la policía.

Que las notas y el material gráfico de Justo Martín Garrido respondan o no a hechos verídicos tendrá que determinarlo la juez del juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid, que tras los registros en la funeraria está inundado de papeles. Pero lo cierto, como advertía Justo en sus amenazas, es que ya no hay marcha atrás