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La juez calcula que pudieron ser 6.000 los ataúdes cambiados en Valladolid

Son 15 los detenidos en la Operación Ignis aunque solo los propietarios de la Funeraria El Salvador, padre e hijo, están en prisión

Agentes de policía, a las puertas del tanatorio El Salvador. En vídeo, el resumen de la primera parte del operativo policial.

La juez de Instrucción número 6 de Valladolid estima que en la funeraria El Salvador, con cinco tanatorios en la provincia, se pudieron cambiar hasta 6.000 ataúdes antes de proceder a la cremación de los cuerpos.“No se ha cuantificado todavía el montante económico total de la supuesta estafa, pero estamos hablando de varios millones de euros”, dijo ayer la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, en rueda de prensa.

La multitud de llamadas y visitas recibidas en la Unión de Consumidores de Castilla y León (UCE) han llevado a la “Policía, de acuerdo con la Fiscalía, ha elaborado un modelo de denuncia para agilizar el trámite de los posibles denunciantes”, anunció la delegada. “Queda todavía muchísimo trabajo para esclarecer los hechos”, advirtió. “Además, no se actuaba de la misma manera en todos los casos: algunas veces llegaron a usar solo la tapa de un féretro para las cremaciones”.

Presuntamente intercambiaban los ataúdes de alta calidad pagados por los familiares de los fallecidos por otros mucho más baratos justo antes de la incineración, revendiendo después los más caros. La caja es elemento que más encarece un sepelio. Puede costar entre 600 y 4.000 euros. Los investigadores no descartan que hicieran lo mismo con las coronas de flores desechadas tras los velatorios.

A los 15 detenidos —hasta el momento— en la llamada Operación Ignis, desarrollada la semana pasada por la Policía Nacional, se les imputa "un delito continuado de estafa y falsedad, delito contra la hacienda pública, blanqueo y organización criminal". Sin embargo, solo los dueños del negocio, padre e hijo, comparten celda en la prisión de la localidad pucelana de Villanubla. Ignacio Morchón, el padre, sin fianza. Su hijo, también Ignacio, bajo fianza de 800.000 euros, que hasta el momento no ha abonado. Durante los registros realizados por los investigadores del Grupo de Homicidios la semana pasada, se encontró cerca de un millón de euros en metálico en uno de los domicilios.

El portavoz de la empresa asegura no tener "ninguna información más que aportar por el momento", mientras un equipo de abogados prepara la defensa. La única respuesta ofrecida por la compañía funeraria hasta ahora ha sido un comunicado, publicado el día después de lanzarse la operación policial, en el que negaban los hechos y culpaban a un exempleado de difundir informaciones falsas para "chantajear" a la empresa: "Desde siempre la empresa ha mantenido unos rigurosos controles que aseguran y garantizan la total transparencia en los procesos de incineración, con el objetivo de que sus clientes tengan la tranquilidad de que se cumple su voluntad en el servicio que se ofrece. Todos los crematorios del Grupo El Salvador cuentan con salas desde la que los familiares pueden ver cómo el ataúd entra en la zona de cremación", concluían.

Lo que no especificaban en ese comunicado es que los clientes podían ver ese momento a través de una pantalla ubicada en la sala. Los investigadores sospechan que lo que visionaban los familiares del difunto era "una grabación", la reproducción de un vídeo que mostraba ese instante, pero que siempre era el mismo vídeo.

La investigación

La empresa, un negocio familiar que nació en 1985 y que hoy es una sociedad anónima con tres pilares (Agencia Funeraria Castellana y Tanatorio El Salvador, ambos en en Valladolid, y Cementerio-Jardín Parque El Salvador, en Santovenia de Pisuerga), pero que además gestiona cementerios municipales, cuenta con una plantilla de 70 trabajadores. Al parecer la investigación arrancó hace dos años, cuando los propietarios denunciaron a uno de sus empleados por chantaje y este aportó pruebas de supuestas prácticas fraudulentas que la empresa desarrollaba desde hace dos décadas.

Según datos de la concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad, que tiene las competencias en cementerios, en 1995 se incineraron 76 cuerpos en la capital pucelana. Y el año pasado lo hicieron cerca de 1.000, de los casi 4.000 fallecidos en la provincia.

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