La justicia francesa condena a siete y cinco años a los exjefes de ETA Sorzábal y Pla

La justicia francesa condenó este martes a siete años de cárcel a la etarra Iratxe Sorzábal y a cinco años a David Pla, ambos miembros de la delegación de la banda que intentó negociar sin éxito con el Gobierno español después de oficializar el abandono de la lucha armada en 2011. Las penas son menores que las solicitadas por la Fiscalía y, también, a las máximas previstas por los cargos que afrontaban, en una señal de que en el juicio, previsiblemente el último gran proceso contra etarras detenidos en territorio galo, se tuvo en cuenta la disolución definitiva de la banda terrorista consumada hace un año. Los condenados no tendrán tampoco que cumplir íntegramente sus condenas, puesto que se les aplicará el principio de reducción de penas. 

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El Tribunal Correccional de París los consideró a ambos culpables de todos los delitos por los que habían sido encausados (doce para ella, seis para él), empezando por el de terrorismo. Sin embargo, decretó penas más bajas que las reclamadas por la fiscalía, que había solicitado nueve años para Sorzabal, con un cumplimiento obligado de dos tercios de su pena, y seis para Pla, en las mismas condiciones. 

Sí ordenó, tal como había pedido la Fiscalía, que Sorzabal sea expulsada de Francia y se le prohíba regresar al país una vez que haya cumplido todas sus penas. Dadas las condiciones familiares de Pla, cuya hija menor está escolarizada en Francia, el fiscal no pidió esa medida para el etarra, aunque sí que, como a Sorzabal, se le prohíba portar armas, algo que los jueces decretaron por un periodo de cinco años. 

Con la fusión de penas y las reducciones a las que tendrá derecho según el sistema judicial francés, Pla, en prisión desde su detención en 2015, podría salir en las próximas semanas, dijo su abogada, Xantiana Cachenaut, tras el proceso de dos días en el tribunal correccional de París. Sorzabal por su parte debería pasar un máximo de diez años en prisión, aunque su periplo judicial no acabará con el cumplimiento de sus penas francesas, ya que la justicia gala ha aprobado su extradición a España para responder por dos atentados a mediados de los años 90. 

La Fiscalía había rebatido en su alegato final la tesis política desplegada por la defensa, que trató durante los dos días de juicio mostrar a los dos etarras como negociadores de un proceso de paz frustrado. “No tienen que juzgar a militantes de la paz, sino a terroristas”, replicó el fiscal. En el momento del arresto de los dos dirigentes, en septiembre de 2015 en el País Vasco Francés, “ETA, pese a sus anuncios de 2011, no había procedido a su desarme y tenía podía mantener una capacidad operacional en territorio francés”, sostuvo. No obstante, ni siquiera el fiscal solicitó la pena máxima posible por estos cargos, que era de diez años. 

La abogada de los etarras, que al término del juicio mostraba su satisfacción por el resultado, había recriminado al fiscal que valorara “solo el pasado” y pidió a los jueces que “tuvieran en cuenta el contexto político” de búsqueda de un proceso de negociación en que Sorzabal y Pla fueron detenidos, en septiembre de 2015 en una casa rural de Saint Étienne de Baigorry, donde tenían cita con el antiguo jefe del aparato político de ETA Ramón Sagarzazu Gaztelumendi, para analizar los pasos a dar en la búsqueda de una salida del conflicto. Aunque Gaztelumendi también fue arrestado, al igual que el dueño de la casa donde se encontraron, finalmente no fueron procesados.