Moreno relega la auditoría integral a la Junta y prioriza el examen a 14 entes públicos

—En su primer Consejo de Gobierno, el nuevo Ejecutivo bipartito andaluz ha comenzado a tramitar dos de sus iniciativas estrella: la auditoría del sector público y la bonificación al 99% del impuesto de Sucesiones y Donaciones, si bien su alcance ha quedado sensiblemente reducido. La auditoría integral, suscrita en el acuerdo programático de populares y Ciudadanos, se ha aplazado para priorizar el examen de 14 entidades del sector público, entre ellos la Radiotelevisión pública y Canal Sur o la agencia IDEA, en el epicentro de los casos de corrupción que afectan a antiguos gobiernos socialistas de la Junta. Respecto de la reducción impositiva, la medida se circunscribe a instar a la Consejería de Hacienda a que “inicie las actuaciones necesarias” para la reforma del tributo. En su comparecencia, el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, ha reconocido que a su equipo le ha sorprendido el impacto en las cuentas públicas de las sentencias condenatorias a la Junta, unas cantidades que “suponen un menoscabo que habrá que analizar”.

“La selección de los entes no es caprichosa, no buscamos estar buceando en el pasado, pero necesitamos saber de dónde venimos para evitar la existencia de duplicidades innecesarias, reducir o reorientar el gasto superfluo en la financiación de los servicios esenciales, adelgazar las que sean necesarias y mejorar las que sean más competitivas”, ha señalado Moreno respecto de la determinación de los primeros entes públicos para ser auditados. El Ejecutivo, que se ha reunido en Antequera (Málaga) ha encargado estos trabajos a la Cámara de Cuentas —se encargará de la RTVA y de Canal Sur— y a la Intervención General del Estado en Andalucía —asumirá las otras 12 agencias—, alterando el pacto firmado por ambas fuerzas políticas que limitaba la auditoría integral a la Cámara y los informes sobre el gasto general a la Airef. Moreno, quiere tener los primeros resultados en 45 días, un plazo que, según fuentes de la Cámara consultadas por este diario, no son plausibles.

“No podemos estar un año sin tomar decisiones”, ha justificado Moreno. La Cámara elaboró entre 2010 y 2012 dos informes sobre la agencia IDEA, en los que se invirtió una media de ocho meses, explican fuentes del órgano fiscalizador. Desde el Gobierno consideran que la Intervención General está capacitada para elaborar análisis en menor tiempo y por ello han decidido incorporar a esta entidad de control interno en las tareas de auditoría y le han encargado el grueso de la fiscalización. En el PP llevan desde comienzos de esta semana determinando por qué entes debía comenzarse la auditoría y quiénes la asumirían, unos términos de la que Ciudadanos no estuvo al corriente hasta los últimos días, evidenciando que aún hay fallas en la coordinación de ambas fuerzas y que, de momento, el Gobierno todavía no es uno, como sus respectivos líderes insisten en asegurar.

Los socios del Ejecutivo no han calibrado la magnitud del encargo, compleja por su dimensión, alcance y consecuencias, lo que ha determinado al Gobierno a posponer su compromiso de una auditoría completa y dividirla en diferentes fases. Ninguno de los entes fiscalizadores públicos ha sido contactado en estos días ni por el Ejecutivo ni por los partidos que lo conforman para consultarles sobre los procedimientos de elaboración de informes, indican las fuentes consultadas. Ciudadanos, y en concreto Marín, siempre ha sido partidario de que sea la Cámara de Cuentas quien se encargue de llevar a cabo toda la labor de fiscalización, pero en el PP, que mientras estuvo en la oposición puso a este ente como ejemplo de independencia, gestión y solvencia, ahora ha mostrado más recelos a la hora de dejar únicamente en sus manos el examen de la administración paralela de la Junta, una ambivalencia que no entienden en la entidad, según indican fuentes cercanas a la misma, que se reivindica como “el ente más capacitado para realizar la auditoría por el conocimiento directo del sector público andaluz”.

Como en el caso de la fiscalización, la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones, otra de las medidas sobre las que el nuevo Ejecutivo iba a estructurar las líneas políticas e ideológicas de la alternancia en la comunidad, no ha sido esbozada en cuanto a su amplitud, desarrollo inicial o plazos. Si bien tanto Moreno como el vicepresidente, Juan Marín, sí han confirmado que la bonificación al 99% afectará únicamente a las herencias entre padres e hijos —dejando al margen las indirectas que son la vía que mayores ingresos proporciona a las arcas autonómicas, suponiendo el 66,3% de la recaudación, según datos facilitados por el Colegio de Economistas de Sevilla— e incluirá a las donaciones, equiparando a Andalucía con otras comunidades como Murcia, Madrid, Extremadura o Galicia. Moreno ha confirmado que se ha calculado el impacto de la supresión de los tramos del impuesto en 40 millones de euros. La recaudación acumulada en 2017 por este tributo fue de 364.207.325 millones de euros, según las Estadísticas de Recaudación Tributaria publicadas por la Junta.

Presupuestos andaluces para el verano

Uno de los elementos que más preocupa al nuevo Gobierno es la vía de aprobación de esta reforma para impedir que la oposición la recurra. La vía más sencilla sería incluirla en la aprobación de los presupuestos, pero los tiempos para la tramitación, debido a los intereses divergentes entre los socios del Ejecutivo, podrían dilatar la aprobación de una medida que para ambos es bandera de su concepción de la política fiscal. Ciudadanos no quiere correr el riesgo de acudir a las elecciones municipales con el estigma de haber aprobado las cuentas andaluzas con el apoyo de Vox, el único actor clave para dar vía libre al presupuesto. El PP, por el contrario, preferiría tenerlos listos cuanto antes, si bien Moreno ya ha reconocido que lo más probable es que el debate parlamentario se produzca en junio o julio.

Moreno ha aludido a razones técnicas para no poder acelerar la presentación de las cuentas, fundamentalmente la necesidad de nombrar a los altos cargos que forman parte de la estructura de la Administración andaluza. Tras el nombramiento de los viceconsejeros, el Ejecutivo se ha dado un plazo de 15 días, hasta el 5 de febrero, para ultimar la selección del resto de puestos de alto nivel.