Los cazadores de narcos que se sienten olvidados

A bordo de una patrullera del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), Paula Peñil, patrona de la embarcación, ve la bahía de Algeciras sembrada de fardos de droga. Dos miembros de su tripulación esperan indicaciones en una lancha auxiliar para recuperar los paquetes de hachís que flotan en todas las direcciones. “¡A traverso hay más fardos!”, apunta a viva voz Peñil porque el walkie talkie no funciona. No para de gritar hasta que sobre la embarcación hay 1,5 toneladas de droga. En 2017, los agentes del SVA incautaron 136.057 kilos de hachís y participaron en la aprehensión más grande de cocaína en España. Pese a sus resultados, se sienten los olvidados en la lucha contra el narcotráfico: “Necesitamos más medios para poder parar a los malos”. 

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Los casi 1.900 funcionarios de este servicio que dependen del Ministerio de Hacienda realizan tareas de investigación, vigilancia, persecución y asalto. Están autorizados a portar armas, aunque no forman parte de ninguno de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En un operativo, pueden perseguir semirrígidas que alcanzan los 50 nudos cargadas de droga (unos 93 kilómetros por hora) y estar en activo el tiempo que sea necesario.

“Pero piensan que somos administrativos con armas”, señala Francisco Carrión, delegado del sindicato Unión de Grupos C de Hacienda (UCESHA) en el Campo de Gibraltar. Carrión expone más reclamos de los que puede contar con los dedos de la mano. Los que repiten los agentes, en general, son dos: falta de recursos materiales y humanos. Se sienten "frustrados y desamparados", asegura. Destaca los resultados que obtienen y piensa en lo que podrían hacer con más recursos. En 2017, el SVA incautó 136.057 kilos de hachís y 52.716 de cocaína, según datos del sindicato. Ese año, la Guardia Civil y la policía juntas recuperaron 334.918 kilos de hachís y 40.960 de cocaína, de acuerdo con los informes del Ministerio del Interior.

José Barragán, que acaba de recuperar 40 fardos de hachís (unos 1.500 kilos) a bordo de la embarcación que pilota Peñil, está eufórico. La operación, que realizaron en coordinación con la Guardia Civil y la Policía Nacional, había empezado esa madrugada. Esta vez, los narcos tiraron la droga al mar; la semana anterior, en cambio, los contrabandistas los embistieron a 60 nudos (111 kilómetros por hora) para evitar ser detenidos. “Nunca he vivido tanta agresividad”, comenta Barragán. 

“A Algeciras vienen los que viven en la zona o los que no pueden elegir, los más jóvenes”, comenta el delegado sindical. “A iguales condiciones económicas, es preferible un sitio más cómodo”, conviene. Uno de los agentes recién salidos de la academia se juega la vida por unos 1.350 euros netos al mes. Un agente de la Policía Nacional con tareas similares recibe 1.650 euros y uno de la Guardia Civil, 1.630, tras acordar la equiparación salarial que se hizo efectiva en la nómina de octubre. 

Y en Algeciras, coinciden varios agentes, es donde más recursos hay. "Lo único que sale en la tele es el sur", lamenta por teléfono Antón Lestón, agente marítimo con 33 años de servicio y representante de la Confederación Intersindical Galega (CIG). En Galicia, asegura, les han retirado aviones y embarcaciones para desplazarlas a Andalucía. Allí también han ido las dos últimas lanchas de alta velocidad adquiridas por Aduanas. Las costas gallegas, sin embargo, siguen siendo una de las principales puertas de entrada de la cocaína a Europa. “Resolvemos [la falta de recursos] con la experiencia de muchos años. En lugar de aprehensiones en mar se hacen más escuchas, más investigación”, explica.

“Resolvemos [la falta de recursos] con la experiencia de muchos años”, comenta un agente con 33 años de servicio.

Agustín Gómez es uno de los veteranos y, con 60 años, sigue a bordo de la embarcación a la que se subió por primera vez hace tres décadas en las Rías Baixas. Él ha ganado años y la lancha ha perdido velocidad. Es una embarcación grande, antigua y ruidosa que no compite con las planeadoras que usan los narcos en la zona. “La gente se deja la piel [en las persecuciones]”, zanja Gómez. “No deberíamos estar realizando estas tareas a cierta edad”, lamenta por teléfono y reconoce que, pese a su buen estado físico, sus reflejos y capacidades han mermado. El sindicato UCESHA calcula que el 60% de los 1.200 agentes del departamento tiene más de 50 años y el 10%, más de 60.

“La cosa se está poniendo más fea”, reitera un operario aéreo con 32 años de servicio, que prefiere no identificarse. Pilota el mismo CASA 212 de cuando empezó. “Volar vuela”, se resigna, “pero no cubre las condiciones al 100%”. La aeronave no tiene aseos, asegura el veterano: “¿Qué usas? Coges una botella, luego la vacías y listo”. Pero lo peor, opina, es que los servicios de comunicación “son nefastos”. Muchas veces, asegura, no funcionan y no tiene forma de comunicarse con los funcionarios de tierra y los marítimos. “Por eso a veces tienes que intervenir [con el avión] en tierra. Es un riesgo que asumes bajo tu responsabilidad”, explica.

“Sales. No te pones a pensar en el peligro. Mientras no pasan las cosas vas tirando y haciendo el trabajo del día a día”, apunta Juan Carlos Romero, delegado sindical de UCESHA en Huelva. Tras 26 años de servicio, se juega la vida por 1.700 euros al mes. Explica que muchas veces le toca ir solo en el coche conduciendo, tomando nota de matrícula, haciendo caso a la radio, poniendo la sirena. “La mayoría que estamos aquí tenemos vocación”, destaca. “Por los incentivos que tenemos, esto es para que no funcionase en lo más mínimo”.