La única vez que EL PAÍS tituló “SÍ”

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“La libertad es una posibilidad que se actualiza cada vez que un hombre dice No al poder”, dejó escrito Octavio Paz. Por eso la legitimidad de los periódicos no se ha asentado nunca en decir a los poderes lo que tienen que hacer sino en decir “no” a aquellas de sus decisiones que violentan las libertades o la razón. La única vez que el diario EL PAÍS en sus 42 años de existencia tituló “SÍ” un editorial que, insólitamente, arrancaba en primera página, fue el martes 5 de diciembre de 1978, para pedir explícitamente a sus lectores que votaran a favor de la Constitución que se sometía a referéndum al día siguiente. “Mañana una consulta popular preguntará a los españoles si quieren o no darse a sí mismos un régimen de libertades. Se vota sí o no a favor de un compromiso en defensa de las libertades de todos… La Constitución es un documento de concordia porque no existe opción de ningún género, excepto las que predican y practican la violencia, que no tengan acomodo en ella. No resolverá todos los problemas, antes bien, no resuelve casi ninguno, pero marca las reglas de juego comunes para que los españoles aborden la resolución de los conflictos que toda sociedad libre comporta”.

Cuarenta años más tarde, EL PAÍS sigue defendiendo ese “sí”, porque durante todo este tiempo el periódico y sus periodistas han podido hacer uso de las libertades que ese texto plasmaba. El debate constitucional demostró a una sociedad traumatizada por una guerra civil que aún no era lejana, que la acción política necesitaba del diálogo y la duda y ofreció ejemplos de cómo personas racionales lograban romper con esa cadena de causa-efecto que seguramente rige la naturaleza, pero no, necesariamente, las sociedades humanas. La Constitución de 1978, como la razón que también inspira los principios de EL PAÍS, es incompatible con la dictadura y no se basa en soluciones eternas, sino que confía en el gradualismo e incluye los mecanismos de su reforma. En lo más duro de una batalla, decía el escritor Chris Hugues, la libertad y la razón buscan, siempre, armisticios y la Constitución española fue y es un excelente marco para llegar a él. Entonces nos pareció el mejor instrumento no para zanjar grandes cuestiones filosóficas o de principio, sino para avanzar en el camino de la prosperidad y la libertad. La apreciamos porque no exigía declaraciones solemnes o aparatosas de identidad, casi siempre manchadas de sacrificios y dolor, sino porque suponía un acuerdo, era la consecuencia de un diálogo y una negociación y del anhelo de establecer un espacio público de derechos y libertades. El mundo, pensábamos, no ha sufrido nunca por un exceso de libertades —ni de razón, decía Thomas Mann, convencido de que “nada corta más rápidamente el diálogo y la conversación que las emociones”—.

En 2018 es ya indudable que por el camino han aparecido señales alarmantes de desgate

El “sí” de EL PAÍS a la Constitución de 1978 ha ido acompañado siempre de la firme voluntad de apoyar todas aquellas reformas que permitieran que siguiera siendo un documento de concordia y de defensa de las libertades. Que siguiera siendo el mejor instrumento para decir “no” al deterioro de las instituciones democráticas. En 2018 es ya indudable que por el camino han aparecido señales alarmantes de ese desgaste, provocado no tanto por errores de concepto constitucional, que también existen, como por el destrozo que han provocado usos políticos incorrectos o, peor aun, perversos. El mejor camino para afrontar sin miedo un presente difícil, disponer de los medios necesarios para solucionar los conflictos sobrevenidos y hacer frente a las innovaciones que traiga el futuro pasa por adecuar el texto constitucional para que siga garantizando la vitalidad de las instituciones y el respeto a las libertades. Una adecuación que no implica ningún imperativo ideológico, sino simples constataciones pragmáticas. La sociedad española no es la misma que la que existía en 1978 pero en ella siguen viviendo hombres y mujeres que tienen seguramente anhelos muy parecidos.

Todos cuantos participaron en la elaboración de la Constitución de 1978 merecerían un recuerdo en este suplemento que conmemora sus 40 años. Como no es posible, permítanme que resuma ese homenaje en tres personas que fueron decisivas en aquel proceso de reconciliación y democratización: Adolfo Suárez, Santiago Carrillo y Juan Carlos I. Sus biografías son muy distintas y seguramente podrían dar origen a encendidas polémicas, pero sería mezquino negar que de su inteligente comprensión de lo que sucedía en España, de su sincera convicción de que la memoria solo era útil si se hacía presente como experiencia y de su habilidad política se benefició todo un país. Los tres legitimaron sus propias biografías en esa Constitución de libertades y derechos que ayudaron a nacer.

La filósofa Hannah Arendt decía que la política no tiene punto de partida en la identidad, sino en la pluralidad. No afecta a la familia sino a la comunidad, no se asienta sobre prejuicios sino sobre su eliminación o explicación, la política es un espacio público donde se habla y se actúa. Ahí es donde debería plantearse una eventual reforma pragmática de la Constitución. Y ahí es donde estará siempre EL PAÍS.