Disfrazados de ancianos para cobrar pensiones

Nueve de los sospechosos han sido detenidos en el marco de la Operación Libitina II, que ha destapado 53 delitos de fraude a la Seguridad Social, falsedad documental, estafa y apropiación indebida en 10 comunidades autónomas. Los agentes calculan que se trata de un fraude de casi seis millones de euros mediante el cobro indebido de pensiones de personas fallecidas.

La mayoría de los supuestos implicados son familiares de los difuntos, pero también se han identificado casos de amigos o compañeros de vivienda. Para hacerse con el dinero ocultaban el óbito a la Administración y llegaban a falsificar el certificado de fe de vida y la firma del difunto para realizar reintegros en efectivo.

La investigación comenzó tras varias denuncias y, con el tiempo, los agentes localizaron personas sospechosas de las mismas prácticas en 17 provincias (A Coruña, Albacete, Alicante, Barcelona, Burgos, Cádiz, Las Palmas, Madrid, Málaga, Murcia, Ourense, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Tarragona, Valladolid y Bizkaia). La policía explica que por lo general los investigados, al verse descubiertos, se escudaron en que ignoraban que estaban recibiendo esos cobros (pese a que gastaban el dinero) o que los acuciaban las necesidades económicas. Otros se aferraban a que si el banco solventaba el fraude de los últimos cuatro años, podía quedarse con todo lo cobrado anteriormente.

Supuestamente, los investigados también usurpaban la identidad de sus familiares, usaban sus tarjetas bancarias y hasta contaban que el muerto vivía en el extranjero. En Albacete el empleado de un banco donde se encontraba la cuenta de un fallecido cobró presuntamente casi 10.000 euros realizando a lo largo del tiempo discretas retiradas de dinero. En Madrid, la compañera de piso de una pensionista originaria de Ucrania, fallecida en 2010, se hizo según la policía con 91.926 euros en seis años. El caso de Málaga es el más llamativo, no por la cuantía (129.200 euros) porque las ha habido mucho mayores, sino por su duración en el tiempo (19 años) y ese modus operandi para el cobro en el que varios familiares estaban supuestamente confabulados.

El pensionista suplantado había perecido en 1999, y las prestaciones siguieron siendo abonadas por el Estado hasta 2017. El estudio de la información bancaria destapó varios traspasos posteriores al fallecimiento y la policía identificó a varios familiares como supuestos responsables de las maniobras. "Los investigados aprovechaban que uno de ellos contaba con características físicas parecidas al fallecido para hacerse pasar por él", explican los investigadores. La diferencia de edad, hasta los noventa y muchos que podía tener al final el difunto, se salvaba presuntamente con un buen disfraz.

Los investigadores han elaborado informes patrimoniales de las personas supuestamente implicadas destinados a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social. Según informa la policía nacional, este organismo puede ahora solicitar el embargo de bienes o derivar los casos a los juzgados. El equipo de la UDEV advierte, sin embargo, que estas prácticas se están volviendo cada vez más difíciles en el país gracias a las nuevas tecnologías que "permiten la interconexión telemática entre Administraciones". De "forma periódica", explican, se realizan "controles de la fe de vida de los beneficiarios de prestaciones". "Estos avances hacen que muchas de las comprobaciones se lleven a cabo en tiempo real", con lo que se elimina el margen para el cobro ilícito por parte de parientes.