Refugiados

España exige visado a los palestinos que huyen de Líbano

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) denuncia un nuevo obstáculo al derecho de asilo

Campo de refugiados palestinos de Burj al-Shamali en Líbano.
Campo de refugiados palestinos de Burj al-Shamali en Líbano. Mahmoud ZAYYAT / AFP

España requerirá a partir de este jueves 1 de noviembre un visado de tránsito aeroportuario a los refugiados palestinos con documento de viaje emitido por las autoridades libanesas, según ha confirmado el Ministerio de Asuntos Exteriores. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha denunciado que, con esta medida, el Gobierno español pone "obstáculos" en el acceso al derecho de asilo de los palestinos, a los que sin embargo reconoce como merecedores de protección internacional.

Líbano es uno de los principales asentamientos de refugiados palestinos, con 12 campos superpoblados y rodeados de vallas y muros que comenzaron a crearse tras la declaración del Estado de Israel en 1948. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés) tiene registrados a 504.000 palestinos en dicho país, aunque un estudio de la Universidad Americana de Beirut concluyó en 2015 que casi la mitad ya no residen allí. La causa fundamental de su marcha, según denuncia la CEAR, son las condiciones precarias en las que están obligados a vivir y las frecuentes violaciones de sus derechos.

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El nuevo requisito dificulta el acceso de los palestinos refugiados en Líbano al derecho de asilo. Aunque España ya les exigía visado para entrar en su territorio, no lo necesitaban para acceder a los puestos fronterizos de los aeropuertos españoles, donde podían iniciar los trámites para demandar protección internacional.

Para acceder a esta zona de tránsito bastaba con comprar un billete con escala en España pero con destino a otro país ajeno a la UE que no les requiera visado. Más de 1.000 palestinos solicitaron asilo en puestos fronterizos el año pasado, casi cinco veces más que en 2016, según datos del Ministerio del Interior. Los palestinos son el segundo colectivo que más solicita asilo de esta manera. En primer lugar se sitúan los sirios que, en 2017, concentraron 2.000  de las casi 4.300 solicitudes en Melilla.   

Un portavoz de la Oficina de Información Diplomática (OID) explicó que la medida se ampara en la normativa Schengen, ha sido adoptada por otros países y tiene como objetivo ejercer de forma eficaz el control de fronteras, en cumplimiento de las obligaciones internacionales de España. Además, agregó el mismo portavoz, se revisará anualmente en función de las circunstancias y no afecta a quienes ya se encuentren en territorio español o soliciten asilo en la frontera. Sin embargo, de los 26 países que han suscrito el acuerdo Schengen, que crea un espacio sin fronteras, solo tres (Francia, República Checa y España) exigen este visado a los refugiados palestinos en Líbano.

Fuentes gubernamentales alegan que en los últimos tiempos se ha producido un aumento "muy notable" de las solicitudes de asilo por parte de palestinos residentes en Líbano y que el objetivo de la medida es controlar una "situación anómala".

Palestina fue el quinto país de origen de las personas que solicitaron asilo en 2017 en España. Fueron 1.165 solicitudes, a las que se suman otras 1.500 peticiones en los nueve primeros meses de 2018. Todas han sido admitidas a trámite, afirma Cear, que hace un seguimiento de las peticiones. “Históricamente se trata de una de las principales nacionalidades de las personas que buscan refugio y una de las que mayor concesión de estatutos de refugiado y protección subsidiaria recibe en nuestro país”, ha afirmado la coordinadora del servicio jurídico de Cear, Paloma Favieres.

Los refugiados palestinos han sido históricamente marginados y excluidos de aspectos claves de la vida económica, social y política  de Líbano (por ejemplo, no tienen derecho a adquirir bienes inmuebles). Tampoco tienen acceso al servicio público de salud libanés ni al sistema educativo local, por lo que acaban dependiendo de lo que pueda proveer la UNRWA, amenazada por el drástico recorte de la financiación aportada hasta ahora por Washington, y del trabajo de las ONG.

Para Cear, la decisión del Gobierno dificulta las vías de llegada legales y seguras para un colectivo que es merecedor de protección internacional. En 2011, también se impuso el visado de tránsito a las personas de origen sirio. "Si se cierra el acceso legal, evidentemente, se está promoviendo la entrada ilegal y alimentando el tráfico de personas", denuncia Favieres.

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