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El PP lleva a la Fiscalía a una compareciente que se niega a declarar ante una comisión de investigación

Los populares escudriñan a las empresas relacionadas con una presunta financiación ilegal del PSOE valenciano

Anabel Díez
El presidente del Gobierno en el pleno Senado este miércoles.
El presidente del Gobierno en el pleno Senado este miércoles. FERNANDO VILLAR (EFE)

El Grupo Popular da un paso inédito al llevar a la Fiscalía a una compareciente que este jueves se negó a declarar ante una comisión de investigación, la de financiación del partidos en el Senado, por si ha incurrido en delito de desobediencia. Se trata de una empleada de una empresa que aparece en el procedimiento por presunta financiación ilegal del PSOE valenciano

La comisión de investigación de financiación de partidos políticos creada en el Senado por el PP sigue su curso dedicada a escudriñar la actividad de todos los partidos. La apertura de un procedimiento judicial al PSOE de la comunidad valenciano, por hechos ocurridos cuando gobernaba en España José Luis Rodríguez Zapatero ( 2004 - 2011) ha llevado al PP a pedir las comparecencias de personas relacionadas con empresas en esos años y en esa comunidad. Este jueves llamó a Lucía Pascual, empleada de la Agencia Crespo Gomar que se relacionó con ese partido y el gobierno en 2007. Compareció pero no declaró. Esta actitud lleva al Grupo Popular a llevar el caso a la Fiscalía por si el rechazo a declarar en una comisión parlamentaria fuera delito, concretamente de desobediencia, según señalan a EL PAÍS, fuentes de la dirección del grupo popular. Sí es delito no comparecer pero hay algunas dudas sobre si también incurre en algún ilícito penal hacer acto de presencia pero no responder a las preguntas, como ayer hizo esta empleada al ser preguntada por el portavoz en esta comisión del Grupo Popular, Luis Aznar. Las dudas también las tiene el PSOE por lo que su dirección en el Senado, encabezada por Ánder Gil, ha pedido un informe a los letrados de la Cámara Alta para que traten de aclarar si hay o no obligación de responder a las preguntas de los parlamentarios. Pero el PP no ha querido esperar a ese informe y pedirá a la Mesa de la comisión que tramite la petición de que se investigue si esta empleada ha cometido un delito de desobediencia. En el Congreso se ha dado en distintas ocasiones la situación de que comparecientes no han querido responder a los diputados, sobre todo, si el asunto por el que se les pregunta está incurso en un procedimiento judicial.

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Esta comisión en el Senado se creó como consecuencia directa de la formada en el Congreso por el PSOE y Unidos Podemos sobre la “financiación ilegal del PP”. La réplica de los populares fue hacer otra en el Senado donde su mayoría absoluta la hizo posible. Los tesoreros del PSOE y de los partidos de la oposición, distintos al PP, han pasado por el Senado pero ahora los populares han dirigido la mirada hacia el PSOE valenciano al abrirse un procedimiento judicial sobre presunta financiación ilegal

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Sobre la firma

Anabel Díez
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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