1.342 áreas en riesgo de inundación en España, a la espera de que se cumpla la ley

En Sant Llorenç la última riada, antes del desastre de esta semana, ocurrió el 22 de noviembre de 2007, sin que se produjeran víctimas mortales. No era ningún secreto que la avenida torrencial podía sobrevenir a los 10 años porque el área aparece calificada como zona de alto riesgo en la web del Ministerio para la Transición Ecológica, al igual que otras 881 zonas fluviales y 461 marinas. Aunque la costa de Galicia encabeza la clasificación en número de lugares afectados, es la demarcación hidrográfica del Ebro la que más kilómetros problemáticos acumula, con 1.468. A continuación, aparece la del Guadiana con 870 kilómetros, las cuencas mediterráneas andaluzas con 1.000 y el Guadalquivir con 940. Por detrás, los 830 del Cantábrico occidental o los 630 del Tajo. La información mapeada se complementa con una abundante reglamentación, que se debería aplicar para minimizar los riesgos de las recurrentes riadas. Pero algo no funciona: las inundaciones son la catástrofe natural que mayores daños generan en España, estimados en una media de 800 millones de euros anuales, indica el ministerio con datos del Consorcio de Compensación de Seguros y del Instituto Geológico y Minero de España (IGME).

Usos prohibidos

Andrés Díez Herrero, investigador científico del IGME, experto en avenidas e inundaciones fluviales y torrenciales, opina que se falla al aplicar la legislación. “En diciembre de 2016 se publicó el Real Decreto 638 que recibimos con una gran alegría porque creíamos que se trataba de la herramienta definitiva debido a que delimitaba los usos y actividades que no pueden ser autorizadas en territorios inundables”, cuenta. No ha sido así, añade, como tampoco se respeta la obligación de incorporar a los planes generales de ordenación urbana un mapa de riesgos naturales para este tipo de desastres, como obliga la Ley del Suelo reformulada en 2015. Para Díez el problema se encuentra en que faltan supervisión e inspección, “porque no es solo incorporar los mapas en los anexos de los planes de urbanismo de los municipios, sino tener en cuenta lo que dicen”.

“Lo que tampoco se puede hacer es expropiar y eliminar todas las edificaciones construidas con anterioridad en esos tramos, pero sí se pueden ir adaptando sus usos a la peligrosidad del entorno”, explica. Ecologistas en Acción cifra en 40.000 las construcciones distribuidas por el conjunto del Estado situadas en cauces y lugares amenazados por el agua. “La mayoría son viviendas, pero también hay polideportivos, campings, bares y todo tipo de construcciones. A lo más que han llegado las administraciones es a identificar estas zonas, pero lo cierto es que no actúan sobre esas construcciones”, plantea Santiago Martín Barajas, miembro de esta ONG.

Pero, aunque las casas permanezcan, se pueden llevar a cabo actuaciones para mitigar los posibles daños. El investigador Díaz Herrero propone diferentes medidas. Por ejemplo, si existe una barriada en un punto susceptible de ser alcanzado por una avenida de agua, el siguiente plan urbanístico debería prohibir que se sitúen en las plantas bajas viviendas permanentes o dormitorios. Tampoco es recomendable cerrar con rejas las ventanas de las plantas inferiores, ya que pueden impedir un rescate, y se debería exigir un acceso al tejado que posibilite la evacuación por medios aéreos. “Es importante evitar que las compañías de gas natural o de comunicaciones ubiquen sus instalaciones subterráneas. Deben ser aéreas, por encima del nivel previsto de riadas, porque de esa manera los afectados no quedarán incomunicadas”, señala el investigador del IGME. Díez propugna la adaptación progresiva a la normativa con planes parciales, reglamentos municipales o directrices de urbanismo de ámbito local.

Algo que ya se debería estar aplicando en las diferentes comunidades autónomas a través de los planes de riesgo de inundación que son obligatorios. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica aseguran que las demarcaciones hidrográficas que dependen del Estado (Cantábrico, Miño-Sil, Duero, Guadiana, Guadalquivir, Segura, Júcar y Ebro) cuentan con dicho instrumento de gestión, además de todas las comunidades autónomas, excepto Canarias, debido a un retraso de carácter administrativo. El de las islas Baleares se aprobó en marzo de 2016. Para garantizar que se respeta la normativa de no construir en los lugares marcados se realiza un informe anual de seguimiento.

Existen algunas excepciones a la prohibición de edificar, contempladas en el decreto 638/2016, como, por ejemplo, la que afecta a los territorios en los que por su morfología “tengan una imposibilidad material para orientar sus futuros desarrollos hacia zonas no inundables”. En esos casos se podrán permitir nuevas edificaciones o usos asociados en la zona de flujo preferente, siempre que cumplan una serie de requisitos, entre los que se encuentran no incrementar el riesgo de inundación existente y que no supongan peligro para las personas.

Díez Herreno lleva más de 16 años buscando soluciones a las inundaciones en el municipio de Pajares de Pedraza (Segovia) más reconocible como Sagrillas, el pueblo de la familia Alcántara en la serie Cuéntame. Los científicos han calculado el coste de una riada con probabilidad de retorno en 10, 50, 100 y 500 años. “Es muy pequeño —no llega a los 20 habitantes— y, por lo tanto, de manejo sencillo, conocemos vivienda por vivienda cuál sería el daño y si merece la pena tomar unas medidas u otras dependiendo de lo que se obtendría como retorno”, explica. Otro pueblo que utilizan como laboratorio es Navaluenga (Ávila) que se inunda por desbordamiento del río Alberche. Han ensayado la opción de construir una presa o reforestar con pinos para mejorar la infiltración del terreno, además de estudiar las medidas de autoprotección de los vecinos que tapan con rasillas o tablas los huecos de las viviendas, “con resultados bastante buenos”.