Las autonomías solo ofrecen 150 plazas para el reparto de 11.000 menores inmigrantes
Esta oferta de mínimos está lejos de responder a las necesidades de las regiones que más peso migratorio soportan
El plan del Gobierno para apelar a la solidaridad de las comunidades a fin de que se repartan la acogida de los 11.100 menores extranjeros no acompañados que se calcula que hay en España no está dando resultado. El Ministerio de Sanidad, responsable por las negociaciones, lleva desde el 20 de septiembre estirando plazos para arrancar un mayor compromiso a las autonomías que condicionan su solidaridad a recibir más dinero. Hasta ahora, solo han ofrecido unas 150 nuevas plazas, una cifra que está muy lejos de resolver la situación de Andalucía, Cataluña, Ceuta o Melilla, que tutelan más del 70% de los menores.
Esta oferta de mínimos, aunque todavía se puede ampliar, contrasta con las necesidades de las regiones que más peso migratorio soportan. Fuentes próximas a La Moncloa calculan que para aliviar el sistema de acogida deberían distribuirse al menos unos 6.000 de los 11.000 menores.
Andalucía lleva meses protagonizando titulares por los problemas de gestión de sus centros, en los que los niños tienen que dormir en colchones en el suelo por la sobreocupación. La Junta, que, según datos oficiales, asume más del 50% de los menores, esperaba apoyarse en la solidaridad territorial para ceder la tutela de 1.000 jóvenes a otras regiones.
Las autoridades de Melilla, que a pesar de su superficie territorial acoge otro millar de menores inmigrantes (prácticamente los mismos que Cataluña), mantiene que no puede atender a más de 260. Mitigar temporalmente su situación supondría destinar más de 700 chicos a la Península. Ceuta, que se reconoce “desbordada” con más de 400 menores a su cargo, calcula que necesitaría transferir la tutela de 130.
La oferta de plazas proviene de apenas 10 comunidades. Castilla y León, por ejemplo, según informó un portavoz, se ha dispuesto a acoger un mínimo de 40 menores; Extremadura ofrece 34 y Baleares, 10. Las autonomías que más acogen, como era de esperar, no se han ofrecido a tutelar más niños, según han confirmado a este periódico. Son nueve: Andalucía, Cataluña, Melilla, País Vasco, Madrid, Comunidad Valenciana, Ceuta, Murcia y Canarias. La Comunidad Valenciana, que recibió al Aquarius con 630 migrantes a bordo, no cierra la puerta a acoger más en el futuro, pero advierte de que en ningún caso lo hará sin que se concrete la contrapartida económica. “No se puede comenzar la casa por el tejado”, ilustran fuentes del Gobierno valenciano. El tiempo para ofrecer medidas a corto plazo apremia: el fenómeno de los menores extranjeros, cuya competencia recae en las comunidades autónomas, es una prioridad del Gobierno en el contexto migratorio.
Fondo de 40 millones
El Ministerio de Sanidad trabaja con un fondo interministerial de 40 millones para compensar a las comunidades en las que se ha incrementado el número de acogidos desde diciembre de 2017. El dinero está destinado tanto a incentivar a las autonomías a recibir más menores como para compensar a las que más tutelas han asumido en lo que va de año. La previsión es que esa distribución de recursos y de niños, que se regulará en un Real Decreto, se inicie a finales de este mes o, como mucho, a comienzos de noviembre. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, garantizó en agosto, ante la canciller alemana, Angela Merkel, que habría “acuerdo” para repartir a los menores.
La visión desde algunas comunidades no es tan optimista. Buena parte de los consejeros de Servicios Sociales, que asumen las competencias de infancia, no saben hasta hoy en función de qué criterios —técnicos o no— se distribuirán los menores y el dinero, ni si el apoyo económico se ampliará más allá de 2018 teniendo en cuenta que las tutelas y guardas de los niños pueden prolongarse años hasta que cumplan la mayoría de edad. “No podemos concretar un compromiso sin saber cómo va a financiarse. Nuestros recursos ya están al límite”, han repetido responsables autonómicos a este periódico.
El aumento de llegadas de migrantes a las costas españolas ha superado las marcas históricas y ha convertido la ruta a España en la más transitada del Mediterráneo, desbancando las travesías hacia Grecia e Italia, tradicionalmente más usadas. El Gobierno considera asumibles esas cifras (más de 45.000 personas), pero el fenómeno de los menores que migran solos preocupa. Por la presión que ejercen las comunidades receptoras, pero también por la vulnerabilidad del colectivo, formado en un 70% por adolescentes marroquíes.
Un registro cuestionado
El registro de los menores que llegan a España, gestionado por la Policía Nacional con los datos que le aportan las autonomías, no está actualizado. La falta de rigor de los únicos números que se tienen sobre los menores que migran solos implica, por un lado, la falta de dimensión real del fenómeno. Y, por otro, que la distribución de fondos que premiará el incremento de tutelas asumidas por las comunidades se realice sobre unos números cuestionados. Las comunidades son responsables de comunicar a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras las altas, las fugas —el año pasado casi se alcanzan las 1.300, según la memoria de la Fiscalía—, las bajas y el traspaso de tutelas a otras regiones. En su informe de 2016, el Defensor del Pueblo reconoció los avances en el sistema, pero criticó la falta de coordinación entre los servicios sociales autonómicos y la policía.
Según los datos del registro a 31 de agosto, Murcia acogía 206 menores, un 8% menos que en diciembre de 2017, por lo que no estaría asumiendo un aumento de tutelas y no tendría por qué recibir fondos. El Gobierno murciano defiende que, por el contrario, tutela más del doble. En Cataluña también ha habido problemas para cuadrar las cifras al comprobar que los datos oficiales del registro a 30 de agosto (1.109 menores) estaban lejos de los cerca de 2.000 que la Generalitat mantiene que están en sus centros. En Andalucía, el Ministerio del Interior ofrece como dato oficial a 31 de diciembre de 2017, 2.209 menores acogidos, mientras la Junta lo reduce, según sus cifras oficiales, a 1.309.
El Ejecutivo ha detectado además innúmeras deficiencias que se arrastran desde hace años —cuando el número de menores migrantes era muy inferior— en el sistema de protección y se ha propuesto coordinarse con las comunidades para mejorar el modelo a medio plazo. Los fallos se suceden en aspectos fundamentales, desde la integración de los pequeños y la determinación de la edad hasta la tramitación de los permisos de residencia.
Las autoridades son conscientes de que el desafío que supone la acogida de estos menores no termina con una distribución de recursos ni de niños, y están tocando paralelamente varias puertas. Una es la de sus socios marroquíes, con los que negocian activar un convenio de repatriación de menores de difícil aplicación en el marco legislativo actual. La otra está en Bruselas, adonde el Gobierno ha acudido para buscar nuevas vías de financiación para enfrentar el fenómeno.
La Unión Europea es, precisamente, un ejemplo del fracaso de la solidaridad territorial ante la llamada crisis de refugiados de 2015. Para aliviar la situación de Grecia e Italia se propuso un esquema obligatorio de reparto que culminó con un cumplimiento mínimo de los objetivos: de los 1,4 millones de migrantes arribados a las costas mediterráneas entre 2015 y 2016, se distribuyeron apenas 29.144. España fue una de las incumplidoras y resultó condenada por ello por el Tribunal Supremo.
Sobre la firma
