Interior estrecha el control sobre la venta en tiendas de sustancias para fabricar explosivos

Este sábado entrarán en vigor las nuevas medidas con las que el Ministerio del Interior quiere dificultar al máximo que los terroristas adquieran sustancias químicas para elaborar explosivos caseros. Los atentados de Barcelona y Cambrils de agosto de 2017 destaparon cierto descontrol en la venta de los llamados precursores de explosivos, lo que permitió a los integrantes de la célula yihadista elaborar en un chalé de Alcanar (Tarragona) cientos de kilos de triperóxido de triacetona (un potente explosivo conocido como madre de Satán) sin ser detectados. Para acabar con ello, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha elaborado una instrucción interna y un plan anual con los que pretende extremar la vigilancia e inspección sobre las empresas que comercializan estos productos —desde farmacias y ferreterías a grandes centros comerciales, establecimientos de jardinería y empresas de mantenimiento de piscinas— además de fijar unas pautas para aumentar la colaboración de sus comerciales en la detección e identificación de compradores sospechosos.

Interior quiere que estas empresas lleven un exhaustivo registro de todas las ventas que hagan de estos productos, como la acetona, el ácido sulfúrico o algunos nitratos. En el mismo deberán reflejar el nombre, domicilio y DNI de la persona que haya adquirido cualquier precursor de explosivos, así como el detalle de cuál es esta sustancia, la concentración, la cantidad y una descripción del fin que el comprador ha asegurado que pretende dar a la misma. Las compañías comercializadoras también deberán incluir en estos registros datos de la fecha y el lugar de la transacción, la firma de comprador y la licencia que este haya aportado para justificar la adquisición. Para ello, el ministerio iniciará "una campaña informativa", dirigida especialmente a la pequeña y mediana empresa, y aquellos negocios que venden a particulares, y que la experiencia ha demostrado que suelen ser los elegidos por terroristas para hacerse con estos materiales.

Además, el ministerio quiere que los comerciales de estas empresas den un paso más allá y se involucren directamente en la detección de posibles sospechosos. Para ello, les impartirá instrucciones sobre cómo hacerlo y, posteriormente, comunicarlo a las Fuerzas de Seguridad del Estado. Así, quiere que informen de aquellos compradores que no indiquen "con claridad" la utilidad que tienen prevista darle a los precursores que adquieren, que se muestran poco "familiarizados" con la utilización de los mismos o que adquieran "cantidades, combinaciones o concentraciones inusuales" para particulares. También invita a alertar sobre aquellos que se muestren "reacios a aportar pruebas de su identidad o su lugar de residencia" o que intenten pagar en efectivo elevadas cantidades de dinero para realizar la adquisición.

La Instrucción 10/2018 sustituye a una anterior de 2013, mientras que el recién estrenado plan anual reemplaza al que la Unión Europea elaboró en 2008 con idéntico fin. Ambos habían quedado desfasados y se mostraban claramente insuficientes tras quedar demostrado tras los últimos atentados que "tales sustancias siguen siendo accesibles y utilizadas en la elaboración casera de artefactos explosivos". Así, en la instrucción —que firma la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella— se recoge como fin último de las nuevas medidas "limitar" el acceso de los particulares a las sustancias susceptibles de ser utilizadas en la elaboración de explosivos y "garantizar la adecuada comunicación de las transacciones sospechosas".

Tras los atentados del 17 de agosto, el documento considera que era urgente tomar medidas para "establecer sistemas de inspección" que permitan detectar a aquellos comercializadores de estos productos que no cumplan escrupulosamente con las medidas de control. La célula yihadista había adquirido sin problemas centenares de litros de los productos necesarios para elaborar la madre de Satán sin que ninguna de las empresas a las que acudieron alertasen en ningún momento a las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Para lograrlo, el nuevo documento otorga competencias a la Policía Nacional y a la Guardia Civil para acudir a las empresas y almacenes de autónomos con licencia para manejar estos productos con el fin de verificar que cumplen estrictamente la ley sobre su comercialización y no desvían ninguna cantidad al mercado clandestino. Todos ellos deberán completar una ficha sobre sus mercantiles con siete campos que recogen sus datos de identificación, productos que comercializa y sus características, y la forma de venta, sobre todo si es a través de páginas web. Los agentes también deberán recabar toda la información posible sobre "robos, sustracciones y desapariciones significativas" de estos productos, así como los detalles de las incautaciones que realicen en operaciones policiales.

Todos los datos que obtengan serán centralizados por una unidad especial del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco), dependiente de Interior. Este organismo será también el responsable de realizar informes previos para decidir si los particulares que pidan una licencia para operar con los precursores son actos, así como de elaborar "mapas de riesgos". El ministerio también implica en las labores de control a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, y contempla la posibilidad de que las policías autonómicas se adhieran a los planes anuales de inspección diseñados de acuerdo con las directivas europeas.