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Parte de las medidas antiyihadistas anunciadas tras los atentados sigue sin ser activada

El 17-A destapó fisuras en la lucha antiterrorista. Los cuerpos policiales se acusan mútuamente de la descoordinación antes y después de los ataques

Agentes cívicos trabajan en la Rambla de Barcelona a un año de los atentados terroristas.
Agentes cívicos trabajan en la Rambla de Barcelona a un año de los atentados terroristas.

Todo atentado destapa brechas en la seguridad. Los ataques de Barcelona y Cambrils no fueron una excepción. La investigación reveló lagunas organizativas y legales que permitieron que un grupo de jóvenes musulmanes se radicalizara en un tiempo récord y consiguieran material para fabricar cientos de kilos de explosivo y perpetraran los atentados que causaron 16 muertes. Todo ello, sin ser detectados.El entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, anunció entonces medidas para evitar —o, al menos, dificultar— que un ataque de aquellas características se repitiera. La primera era una ley que incrementara la vigilancia sobre los productos químicos susceptibles de ser usados para elaborar explosivos. También anunció mayor control sobre los alquileres de vehículos —la célula se hizo con varios para perpetrar los atentados— y pisos turísticos.

La primera ley se aprobó en noviembre, pero fuentes de la lucha antiterrorista reconocen que aún no es eficaz ya que falta desarrollarla y, sobre todo, dedicar efectivos policiales para analizar la información que llegue desde los comercios sobre los compradores de las sustancias incluidas en una lista europea que tampoco está terminada. Sobre el segundo proyecto, desde el Ministerio del Interior admiten que aún se está redactando el Real Decreto que permitirá saber, por ejemplo, si quién alquila un vehículo o un apartamento paga con tarjeta o en metálico y otros detalles sobre los que, hasta ahora, no llega información a la policía.

Fuentes de la lucha antiterrorista critican ese retraso e, incluso, auguran que no será suficiente. Recuerdan que tras los atentados del 11-M se obligó a las tiendas de telefonía a identificar a todas las personas que contrataban una línea. Sin embargo, los integrantes de la célula de Ripoll tenían terminales con identidades falsas. “De nada sirve legislar si no se conciencia a los responsables de los establecimientos de que su colaboración es imprescindible”, se lamenta un alto mando policial.

Parte de las medidas antiyihadistas anunciadas tras los atentados sigue sin ser activada

Los agentes consultados también hacen autocrítica y admiten “errores” en lo que denominan “flujo de información” entre cuerpos policiales. Eso sí, cada uno responsabiliza al otro de ello. Así, mientras desde la Policía Nacional y la Guardia Civil se asegura que los Mossos d'Esquadra despreciaron el ofrecimiento de colaboración de sus técnicos en desactivación (Tedax) en el estudio de los restos del chalé de Alcanar donde los terroristas preparaban el explosivo, la policía catalana niega que nadie llamara para prestar ayuda.

Lo mismo ocurre con el intercambio de datos entre los cuerpos policiales durante las pesquisas. Desde la policía se asegura que no tuvieron acceso a algunos elementos recuperados, como las imágenes que los terroristas grabaron mientras preparaban el explosivo. Por el contrario, los mossos afirman que una copia fue entregada al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), creado precisamente para el intercambio de información policial. Interior reduce esos desencuentros a un problema “técnico” que impide que los sistemas informáticos de la policía catalana se conecten con los del CITCO. “La coordinación policial de la que tanto presumen los políticos esta lejos de alcanzarse”, admite un mando.

Algo similar sucede con la información que obtienen en las cárceles los Grupos de Control y Seguimiento, funcionarios de prisiones dedicados a analizar cada paso que dan mafiosos y terroristas. En la actualidad, hay 134 reclusos ligados al Estado Islámico, Al Qaeda y al extinto GIA. Además, Interior controla a otros 35 presos comunes que hacen labores de proselitismo y a otros 83 que han mostrado signos de radicalización. En total, 252 reclusos. “La información fluye en una dirección tras pasar por la Coordinación de Seguridad de Instituciones Penitenciarias, que encabeza un teniente coronel de la Guardia Civil”, critican trabajadores de Prisiones. Estos insisten en que, además, la plantilla de estos Grupos de Control es escasa: “Hay que formar más funcionarios para que gente como el imán Abdelbaki Es Satty [que estuvo preso por narcotráfico] sea detectada”, añade.

Detectar ese radicalismo es otra de las asignaturas pendientes. Los terroristas de Barcelona pasaron inadvertidos cuando abrazaron el yihadismo. Para Manuel R. Torres, profesor de la Universidad Pablo Olavide, de Sevilla, y experto en yihadismo, en parte ha sido porque la policía ha centrado sus esfuerzos en los últimos años en desarticular tramas de envío de combatientes a Irak y redes de radicalización en Internet. “Ninguno de los integrantes de la célula tenía intención de acudir a luchar con el ISIS y todos se radicalizaron en el contacto directo, no por redes sociales. Quedaron fuera del foco”, añade.

Tampoco el control sobre las mezquitas se ha mostrado suficiente. “No radicalizan durante el rezo, sino en espacios más privados. Las mezquitas no son el problema”, añade este experto. Una impresión que comparten los policías consultados, que destacan que a los 1.600 lugares de culto reconocidos se suman otros 600 alegales. En total, 2.200 de los que los expertos antiterroristas admiten que sólo pueden vigilar algo más de 200.

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