El Consejo de Europa censura las condiciones de los centros de acogida de migrantes de Ceuta y Melilla
Tras su visita, el representante del organismo Tomáš Boček condena las expulsiones y pide que se mejore la situación de estas personas en las ciudades autónomas
El representante del secretario general del Consejo de Europa para la Migración y los Refugiados ha visitado España y ha criticado en un informe la situación de los centros de acogida de migrantes de Ceuta y Melilla. “Es necesario que las autoridades españolas garanticen que los Centros para la Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) en Ceuta y Melilla tengan los mismos estándares en cuanto a condiciones de vida, educación, asistencia sanitaria, idiomas y cursos de formación que tienen los solicitantes de asilo en la España peninsular”, ha instado Tomáš Boček. El representante también ha condenado las devoluciones en caliente que realizan las autoridades españolas en la frontera con las ciudades autónomas y la dificultad de los subsaharianos para acceder a España de forma legal.
El embajador, que estuvo en España entre el 18 y el 24 de marzo, visitó dos Centros de Acogida de Refugiados (CAR), dependientes del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, en Valencia y Madrid y quedó sorprendido con las instalaciones. Pero mientras Boček elogia y se muestra impresionado al constatar las condiciones de acogida para los refugiados y solicitantes de asilo en la España peninsular y el apoyo ofrecido para aprender español, llama la atención sobre las condiciones de recepción en Melilla y Ceuta, incluidas las de los niños no acompañados: “Las instalaciones están superpobladas”.
.@CoESR_migration report on #Spain: ”Every person arriving in Spain, including those jumping border fences in #Melilla & #Ceuta, should be protected against #refoulement & collective expulsions" & have access to "an effective and fair #asylum procedure.” https://t.co/goNALgsu7S pic.twitter.com/0IhwvEnTzG
— Council of Europe (@coe) September 6, 2018
En el momento de su visita a los CETI de Ceuta y Melilla, también gestionados por el Ministerio de Trabajo y Migraciones, Boček constató que las instalaciones acogían tanto a solicitantes de asilo, que huyen de guerras o sufren persecución en sus países, como a inmigrantes en situación irregular, que esperan hasta un año para ser trasladados a la península. Junto a ellos también se acomodaban en habitaciones pequeñas madres con niños de diferentes familias, detalla en su informe. El embajador apunta que los centros estaban en su nivel máximo de ocupación y que “los estándares de acomodación eran inadecuados” y por debajo de los centros de la península.
En su informe, Boček también insta a las autoridades españolas a tomar "medidas inmediatas para garantizar un alojamiento en condiciones adecuadas" a los menores no acompañados en Ceuta y Melilla. El informe relata la situación de centros ocupados "en condiciones de hacinamiento" con niños durmiendo en colchones en el suelo. Tras conocer la situación de los menores que viven en la calle en las dos ciudades autónomas, "expuestos al abuso sexual, violencia y tráfico de seres humanos", el documento insiste: "Se deben tomar medidas para incluirlos en el sistema de protección infantil del país".
Las restricciones de libertad de movimiento de los migrantes también son motivo de preocupación. Además de que los CETI imponen restricciones de acceso durante la noche, Boček constata que a pesar de que Ceuta y Melilla forman parte del espacio Schengen, los solicitantes de asilo y los inmigrantes en situación irregular no pueden trasladarse a la península si no es con un permiso de la Policía Nacional. Esas restricciones de movimiento de los solicitantes de asilo "son cuestionables", alerta Boček, en función del Convenido Europeo de Derechos Humanos que garantiza la libre circulación.
El desafío de los subsaharianos para pedir asilo
Durante su estancia, Boček se interesó por las dos oficinas de asilo en los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla que, en teoría, permitirían a los solicitantes de asilo entrar de forma regular en España. Un detalle le llama la atención: apenas hay subsaharianos entre los que piden protección internacional. “En el paso fronterizo de Beni Enzar en Melilla se nos informó de que las personas que cruzan la frontera son en su mayoría sirios, palestinos, argelinos o de otros países del norte de África”, detalla. En el momento de su visita había alrededor de 700 solicitudes de asilo pendientes, con una tasa de admisibilidad “bastante alta”, del 90%.
En la oficina de Ceuta, sin embargo, las autoridades españolas le informan de que no se ha presentado una única solicitud de asilo desde 1993. “Varios informes han subrayado que las autoridades marroquíes impiden a las personas procedentes del África subsahariana acercarse a los pasos fronterizos, especialmente en Melilla. En consecuencia, no tienen acceso al procedimiento de asilo”, mantiene. El embajador critica que no existan vías legales para permitirles la entrada. “Sin posibilidad de acceso legal y seguro al territorio español, los subsaharianos recurren al crimen organizado, a esconderse en automóviles o embarcarse en balsas para acceder a las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta, exponiéndose así a riesgos de tráfico de seres humanos, violencia y abuso sexual”.
"Gestionar los flujos de migración es un desafío para todos los estados miembros, incluido España. Sin embargo, es posible que las respuestas concilien el control fronterizo y la seguridad, por un lado, y la protección de los derechos humanos de los migrantes y refugiados, por otro lado, en cumplimiento de las normas del Consejo de Europa ", alerta Boček en el informe.
Devoluciones en caliente
Boček critica las llamadas devoluciones en caliente, realizadas en el momento en que el migrante atraviesa la frontera sin prestarle atención jurídica ni posibilidad de recurso, una práctica condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que está pendiente del recurso que ha interpuesto el Estado. “Los extranjeros no tienen acceso a intérpretes, abogados o a las oficinas de asilo ubicadas en el punto fronterizo. Son devueltos a Marruecos sin ninguna identificación”, explica. Boček recuerda a España que la legislación internacional, independientemente de los dictados de las leyes de cada país miembro, “garantiza el respeto del principio de no devolución, la expulsión colectiva y el acceso a un procedimiento de asilo justo y eficaz”.
Tapón en las solicitudes
Uno de los capítulos del informe está dedicado a la demora que sufren los solicitantes de asilo para regular su situación e incluso para hacer la primera entrevista que inicia la solicitud y que puede retrasarse hasta seis meses. “En estas situaciones, los solicitantes quedaron en situaciones muy precarias ya que no podían acceder al sistema de acogida y no podían recibir los beneficios asociados a los solicitantes de asilo”, señala Boček. Tras sus conversaciones con el Defensor del Pueblo, ACNUR y las ONG, el informe señala que cerca de 8.000 personas estaban esperando aún su entrevista. “A menudo en condiciones de indigencia”, mantiene.
.@elvanathaci on today’s #CoE report on how #Spain is dealing with increased #migration https://t.co/Hj9hhLpfu5
— Council of Europe (@coe) September 6, 2018
En el momento de su visita había más de 40.000 solicitudes pendientes de resolución en la Oficina de Asilo y Refugio, dependiente del Ministerio del Interior. Una de las primeras medidas Fernando Grande Marlaska al llegar al ministerio ha sido precisamente convocar 231 nuevas plazas en la Oficina para descongestionar los expedientes. “La Oficina de Asilo está en una situación lamentable", reconoció el ministro.
Este apartado reseña también informaciones recibidas por parte de abogados locales en Andalucía que denuncian casos en los que agentes de policía habían “desalentado explícitamente” a los recién llegados en patera a formalizar sus solicitudes de asilo. Letrados y ONG de Málaga, detalla el informe, explicaron también Boček que durante las entrevistas de asilo, realizadas en las comisarías o en los propios puertos, la traducción se había proporcionado solo en inglés y francés y, en algunos casos, de mala calidad (algunos migrantes no hablan ninguno de los dos idiomas). “No obstante, la capacidad de la Policía Nacional para registrar y procesar las solicitudes está mejorando a un ritmo notable”, reconoce Boček.
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