El juez envía a prisión a dos de los 10 inmigrantes detenidos por el salto a la valla de Ceuta

Mientras que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dejado claro que en política migratoria “humanidad no es permisividad”, a más de 700 kilómetros del Congreso, otro magistrado ha decidido el destino judicial de los 10 detenidos por el salto de la valla de Ceuta del pasado 26 de julio. El titular del Juzgado 5 de la ciudad autónoma ha determinado que dos de los inmigrantes vayan a prisión eludible bajo fianza al considerarlos los organizadores del asalto. Del resto, siete quedan en libertad con cargos y otro sin imputación alguna al no ser reconocido por los testigos.

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Los 10 fueron detenidos por la Guardia Civil en la mañana de este martes en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), donde estaban acogidos desde finales de julio. En el ataque en el que accedieron a territorio nacional hasta 602 personas, algunos llegaron a usar palos, piedras, cal viva, aerosoles como lanzallamas y heces para atacar a los agentes. A eso se sumó el empleo de cizallas o sierras radiales para cortar la alambrada. 22 guardias civiles resultaron heridos y 132 inmigrantes acabaron afectados con diversos cortes y contusiones.

A los nueve encausados se les investiga por atentado a agentes de la autoridad, pertenencia a organización criminal y daños. En un principio la Guardia Civil consideró que la entrada ilegal estaba orquestada principalmente por un ciudadano de Togo que incluso llegó a agredir ayer a un agente en el momento de la detención. Sin embargo, tras valorar las pruebas presentadas, el juez ha decidido ampliar la presunta responsabilidad en la organización del salto a otro de los subsaharianos. A los dos los considera “jefes del asalto”, según fuentes judiciales. Para ambos ha decretado el ingreso en la prisión de Ceuta, eludible con una fianza de 6.000 euros.

Aunque las diligencias se mantienen bajo secreto de sumario, ha trascendido que, de los 10 llamados a declarar ante el juez, nueve se han acogido a su derecho de no declarar. Sin embargo, tanto el juez instructor como la Fiscalía de Ceuta han podido reconstruir los hechos gracias al testimonio de tres testigos, uno de ellos protegido. Además, se han realizado hasta cinco ruedas de reconocimiento con los detenidos.

De ellas, se ha podido identificar a nueve de los inmigrantes implicados: los dos enviados a prisión y los otros siete que ya están en libertad con cargos. Para el décimo, el magistrado ha decidido dejarlo en libertad sin cargos, al no existir pruebas concluyentes que determinen su participación en los hechos violentos. Los siete que han quedado en libertad provisional tienen también la prohibición de abandonar el país mientras se tramita el procedimiento, según han detallado fuentes cercanas al caso. Pasado el mediodía, han abandonado el juzgado a pie.

Los hechos que ahora han llegado a la Justicia se remontan a la madrugada del pasado 26 de julio. Ese día, al alba, 602 inmigrantes consiguieron atravesar la frontera de Ceuta haciendo uso de una “violencia inusitada”, como reconoció la Guardia Civil en su momento. En el asalto, las fuerzas de seguridad de ambos países consiguieron repeler a 150 personas, algunas fueron devueltas en caliente, según quedó registrado en distintas grabaciones. Algunos de los que consiguieron entrar, emplearon como armas cal viva, palos, piedras, o heces que arrojaron a los agentes.

El pasado 22 de agosto, otros 116 consiguieron llegar a Ceuta atravesando la valla en un asalto en el que volvieron a emplear cal, además de sangre o ácido de baterías. Sin embargo, en esta ocasión, el Gobierno desempolvó un acuerdo de 1992 con Marruecos para devolverles a este país apenas 24 horas después de su llegada. El ministro del Interior ha defendido este miércoles que esta expulsión buscaba lanzar un mensaje a las mafias que cobran hasta 18 euros por organizar los saltos a la valla. De forma paralela, ya ha advertido que la investigación de los cabecillas violentos que salten la valla de Ceuta continuará. La propia delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, dejó el pasado martes poco margen a la duda. “El que entre violentamente y agrediendo va a recibir el mismo pago”, remachó la ceutí.