Cinco años de cárcel para el cajero del consulado en Cantón por malversar 295.000 euros

La Audiencia Nacional condenó a principios de julio a cinco años de prisión y doce de inhabilitación absoluta a Carlos Gabriel Lozoya, antiguo canciller cajero del consulado de España en Cantón (China) por malversar 295.319 euros manipulando la contabilidad de la representación diplomática entre abril de 2012 y noviembre de 2013. Lozoya apuntó en los libros contables cantidades que no coincidían con los extractos del banco chino en el que el consulado tenía cuenta abierta. El canciller -jefe del personal administrativo de una embajada o consulado, sin carácter diplomático- hacía constar en la contabilidad cantidades muy superiores de las que realmente ingresaba en el banco. Posteriormente, remitía al Ministerio de Asuntos Exteriores extractos falseados para dar apariencia de que los saldos cuadraban.

El funcionario deberá devolver el dinero malversado más los intereses correspondientes, según la sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

Lozoya, que como canciller en Cantón desde enero de 2010 tenía expresamente conferidas las funciones de cajero del consulado y, por tanto, era responsable de la custodia del efectivo, realizó al menos once ingresos por cantidades menores a las que fueron contabilizadas. En realidad, en la cuenta bancaria sólo había en torno al 10% del dinero que el funcionario hacía constar después en los libros.

El desfalco fue descubierto en una visita ordinaria de control contable de técnicos del Ministerio que se llevó a cabo entre el 12 y el 18 de diciembre de 2013. Esa inspección fue notificada por teléfono el 27 de noviembre de ese año. Lozoya se encontraba de vacaciones hasta el 9 de diciembre, con lo que disponía de tres días para poner al día la contabilidad y preparar la documentación. Sin embargo, Lozoya no regresó a Cantón: el 5 de diciembre remitió a Exteriores una baja por depresión.

El equipo de inspección se desplazó igualmente a Cantón. En un primer arqueo de caja realizado en presencia del personal del consulado se detectó un desfase de 135.665 yuanes renminbi (la moneda local china, 17.167 euros al cambio actual) entre el dinero registrado por Lozoya en la contabilidad y el metálico y los recibís justificados guardados en diferentes cajas fuertes de la sede diplomática. Los interventores hallaron, además, diferencias entre los datos bancarios con los datos reflejados en la contabilidad y tras recabar los extractos de cuenta que habían sido compulsados por Lozoya, se remitió una copia al Banco de China y se solicitó que certificase su autenticidad. La entidad constató que había discrepancias entre los datos de su contabilidad y los aportados por los técnicos de Exteriores. Además, alertó de que las fotocopias no correspondían con los originales que había expedido.

El Banco de China aportó los extractos originales de la cuenta, y al compararlos con los que figuraban en la contabilidad del canciller Lozoya se detectó que faltaban en el banco 2,35 millones de yuanes, en torno a 300.000 euros. En once ocasiones, el funcionario había ingresado menos de lo declarado en la contabilidad y posteriormente había manipulado los extractos originales de las cuentas, según la investigación.

En el despacho del canciller fue hallada la principal prueba de cargo contra él, un extracto bancario fotocopiado en el que había anotado nuevas cantidades que era "las que luego copiaba en los registros contables adjuntando fotocopias manipuladas de los extractos".

En el año 2015, mientras la Audiencia Nacional, competente para enjuiciar los delitos cometidos por ciudadanos españoles en el extranjero, investigaba a Lozoya, el Tribunal de Cuentas abrió una causa paralela contra el funcionario. Esta fiscalización detectó que el excanciller en Cantón cargó a la caja del consulado en torno a mil euros en gastos personales de vivienda. En aquella investigación, el Tribunal de Cuentas calificó de “dolosa” la actuación de Lozoya, que fue juzgado en ausencia. “La conducta del demandado en cuanto responsable de la existencias y movimientos de efectivo del Consulado ha de calificarse, como mínimo, de gravemente negligente teniendo en cuenta el canon de diligencia exigible a los gestores de fondos públicos”, señalaba la sentencia del máximo órgano fiscalizador del Estado.