Los planes del Gobierno sobre la concertada indignan a las escuelas católicas

“Sorpresa, preocupación e indignación”. Así respondió ayer el secretario general adjunto de la patronal Escuelas Católicas, Luis Centeno, a los planes del Gobierno de reformar la Lomce para eliminar el principio de “demanda social”, por el que la Administración debe garantizar a los padres plazas en centros concertados. La ministra de Educación, Isabel Celaá, considera ese concepto “un eufemismo que ha servido para propiciar en algunos casos que la escuela pública pueda ser considera subsidiaria de la concertada”. Y pretende cambiarlo.

En su comparecencia ante la comisión de Educación del Congreso para presentar las líneas maestras de su mandato, la ministra confirmó el miércoles, como ya adelantó en una entrevista en EL PAÍS, que planea modificar el artículo 109.2 de la ley educativa que establece el principio de demanda social. En la práctica, en nuevos desarrollos urbanísticos de algunas comunidades autónomas se ha cedido suelo público para construir centros a los que se concedía el concierto de antemano. “Eso supone priorizar la enseñanza concertada sobre la pública y el Gobierno quiere impedirlo”, afirma Alejandro Tiana, secretario de Estado de Educación y Formación Profesional.

“Eso es una excusa, es hacer de un caso una categoría; solo ha habido uno o dos casos en la Comunidad de Madrid”, responde Centeno. El portavoz de Escuelas Católicas, que representa al 60% del sector de la concertada, rechaza que la ley educativa del Partido Popular haya dejado en un segundo plano a la pública. “Lo único que hizo la Lomce fue decir que entre todos los criterios para programar puestos escolares en una determinada zona, se considere lo que las familias han escogido”, defiende. “Es necesario porque es la manera que tienen los padres de elegir un tipo de educación para sus hijos y que no sea la Administración la que establezca cuántos puestos van a ofertar la pública y la concertada”.

Carácter complementario

“La escuela pública es la respuesta de la Administración para garantizar el derecho a la educación y garantizar la cohesión social y el desarrollo cultural de la ciudadanía”, afirmó la ministra en sede parlamentaria en su primera comparecencia ante la oposición. Celaá añadió que los centros concertados “desempeñan una función social, que tiene un carácter complementario”. Las Escuelas Católicas consideran que “la imagen del Gobierno de la enseñanza concertada no está en absoluto en consonancia con el artículo 27 de la Constitución sobre el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, ni con las últimas sentencias del Tribunal Supremo, incluso del Constitucional, sobre la complementariedad de las dos redes, pública y privada”. “Frente a una situación equilibrada, de complementariedad de redes, la Lomce cambió las reglas del juego”, según Tiana.

El secretario de Estado rechaza cualquier vulneración del artículo 27. “Cualquier persona, siempre que cumpla criterios educativos, puede crear un centro. El debate no está en la libertad de enseñanza. A las familias no se les obliga a llevar a los hijos a un determinado centro”, insiste. Ese artículo incluye además la posibilidad de que los colegios públicos ayuden a los privados en los términos que la ley defina. “Lo que no establece la Constitución Española es que exista un derecho al concierto de tal manera que quien quiera lo pueda solicitar”, asegura.

El Gobierno insiste en enviar un mensaje de tranquilidad a los concertados. Como señala, el sistema funciona, tiene seguridad jurídica y los cambios no van a afectar a contratos de concierto en vigor ni a centros que cumplen con las normas. “Las escuelas católicas llevan décadas atendiendo a un porcentaje de estudiantes similar. No veo motivos para la alarma”, insiste Tiana. La concertada representa el 26% del sistema y el ministerio asegura que ese porcentaje no está amenazado.