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Expertos juristas ven inconstitucional una consulta habilitante para reformar el Estatuto vasco

Los catedráticos sostienen que la fórmula prevista por el PNV y EH Bildu no tiene cabida en el marco jurídico actual

Medios de comunicación a las puertas del Tribunal Constitucional.
Medios de comunicación a las puertas del Tribunal Constitucional.

Expertos constitucionalistas consultados por EL PAÍS sostienen que introducir la celebración de una "consulta habilitante" en el procedimiento para reformar el Estatuto de Gernika, como han pactado hoy el PNV y EH Bildu en el Parlamento autonómico, "no tiene cabida" en el actual marco jurídico y sería declarada inconstitucional por el alto tribunal. Eduardo Vírgala, Alberto López Basaguren, Javier Tajadura y Roberto Uriarte, todos ellos especialistas en Derecho Constitucional, coinciden en que las instituciones del País Vasco no son competentes para convocar una votación como la pretendida por los nacionalistas.

“No veo posibilidad alguna de que el Gobierno vasco convoque una consulta” sobre el Estatuto, afirma el catedrático de Derecho Constitucional de la UPV Eduardo Vírgala: “Cualquier modificación [estatutaria] tiene que seguir la vía que marcan la Constitución y el Estatuto de Gernika, que no contemplan esa opción”. El Alto Tribunal, recuerda este jurista, ya ha declarado que “el único competente” para promover una votación así es el Gobierno central.

El PNV y EH Bildu han pactado hoy que la futura reforma del Estatuto del País Vasco sea sometida a una consulta "habilitante" entre la ciudadanía vasca, cuya celebración sería previa a la tramitación del nuevo texto estatutario en las Cortes Generales y no tendría validez jurídica. Las dos formaciones nacionalistas han coincidido en incluir esta fórmula con el fin de que la ciudadanía se pronuncie sobre el nuevo estatus político-jurídico del País Vasco que apruebe el Parlamento, aunque han acordado que la consulta "tendría un valor declarativo y habilitante esencial", y no sería vinculante.

Javier Tajadura, profesor de Constitucional, precisa que la doctrina del máximo tribunal “no establece diferencias entre consultas vinculantes o no vinculantes”. No cabe hacer "juegos de palabras" ni hacer distinciones entre una consulta o un referéndum, puesto que en ambos casos la competencia para llevarlas adelante recae en el Estado.

“Consultar a un cuerpo electoral sobre una cuestión política sin las garantías recogidas en el procedimiento, como es el caso, va contra el marco jurídico establecido, que en la actualidad no otorga al País Vasco la capacidad para hacerlo", manifiesta Tajadura. "El Gobierno vasco podría realizar una encuesta sobre el Estatuto, pero no una consulta", afirma.

Alberto López Basaguren coincide con sus colegas y advierte de que el procedimiento acordado por los nacionalistas es inconstitucional y “similar a lo que pretendía [el exlehendakari] Ibarretxe”. "El Tribunal Constitucional dice que introducir una consulta previa en un procedimiento de reforma de estatuto altera la naturaleza del procedimiento y no es admisible", sostiene el catedrático.

En su opinión, incluir en el proceso de reforma la celebración de una consulta, aunque esta no tenga carácter vinculante, "solo busca dar legitimidad social" a un texto aprobado por el Parlamento. De esta manera, insiste, "se reproduce la confrontación" que se dio en 2005, cuando la propuesta que lideró Ibarretxe fue rechazada por el Congreso, y supone "volver al conflicto más descalificador de las instituciones del Estado".

Roberto Uriarte, que fue secretario general de Podemos Euskadi y es profesor de Derecho Constitucional, opina que "técnicamente un referendum consultivo que afecte a competencias estatales requiere autorización del presidente del Gobierno". Pero va más allá, y opina que se da "un problema de fondo previo a la cuestión técnica, y es que el principio democrático exige una ciudadanía bien informada sobre aquello sobre lo que es consultada", esto es, requiere "claridad".

Según su punto de vista, un gobierno autonómico no repsetaría un proceso democrático "si convoca una consulta a la ciudadanía sobre cuestiones de naturaleza constitucional sobre las que no tiene competencia" y, además lo hace sin aclarar "sin lugar a confusión si se trata de un mero sondeo de opinión o trata de abrir un cauce constituyente al margen del poder constituido". Del mismo, Uriarte también apunta que un Gobierno central "no respetaría el principio democrático si utiliza la Constitución somo una camisa de fuerza para dejar sin ningun procedimiento posible dentro de la legalidad vigente a un territorio en el que una clara mayoría estuviera netamente a favor de modificar su estatus territorial".

En resumen, concluye el profesor, la solución pasa por "evitar las decisiones unilaterales, respetar escrupulosamente los procedimientos y sobre todo, claridad, claridad y claridad".