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Sánchez lleva al Constitucional una moción del Parlament en vísperas de recibir a Torra

La ministra portavoz diferencia “el itinerario jurídico” de la vía política que Pedro Sánchez quiere abrir con la Generalitat

Nueva foto de familia del Gobierno de Pedro Sánchez. En vídeo: El Gobierno impugnará ante el TC la moción aprobada por el Parlament (ATLAS)
Madrid / Barcelona

Mano tendida y reciprocidad. Esta es la actitud con la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, plantea la reunión del próximo lunes en La Moncloa con el jefe de la Generalitat, Quim Torra. Esa oferta para dialogar y tratar de “normalizar” la relación del Ejecutivo central con Cataluña pasa al mismo tiempo por exigir el cumplimiento estricto de la legalidad constitucional que, según el Gobierno, ha sido vulnerado por una moción aprobada por el Parlamento catalán el pasado jueves. El Ejecutivo la impugnará ante el Tribunal Constitucional. 

La moción aprobada por los nacionalistas en el Parlament, presentada originalmente por la CUP, abre la vía para retomar la vía unilateral hacia la independencia. El Gobierno puso en marcha de inmediato el mecanismo de impugnación ante el Tribunal Constitucional que empieza por pedir un dictamen al Consejo de Estado, aunque no sea vinculante. Estos son los mismos pasos que dio el año pasado el Gobierno de Mariano Rajoy por una moción de la misma naturaleza que consideraba válido el referéndum ilegal del 1 de octubre para iniciar el camino hacia la secesión.

Este movimiento del Ejecutivo se produce a dos días de la reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el jefe de Gobierno catalán, Quim Torra, en La Moncloa, y en un clima que en los últimos días se había distinguido por la distensión entre ambas partes.

Defensa del Estatut. 

“Esta impugnación la hacemos en defensa de la Constitución y del Estatut; la legalidad va por un camino y la política por otro”, sintetizó la ministra portavoz, Isabel Celáa, al anunciar este recurso. El Gobierno alega que la iniciativa del Parlament no reconoce las instituciones del Estado sino que aspira a crear las suyas propias. Con esta decisión, el Ejecutivo quiere marcar su línea de actuación: compatibilizar la defensa de la legalidad con la decisión de intentar normalizar las relaciones con Cataluña. Por eso el Gobierno espera la reunión de Sánchez y Torra “con fuerza, ilusión y firmeza a la espera de la reciprocidad del otro lado”, sostuvo la ministra portavoz.

No va a ser fácil, pero Pedro Sánchez lo va a intentar a pesar de que los escollos son considerables. Además, su Gobierno está sometido a una estrecha vigilancia tanto del PP como de Ciudadanos, sin olvidar a buena parte de los dirigentes territoriales del PSOE, muy pendientes de esta reunión. De entrada, el presidente catalán defenderá el derecho de autodeterminación. “Eso no tiene recorrido”, zanjó de antemano la ministra portavoz.

La Generalitat lamentó el recurso de Gobierno, pero evitó la salida de tono en la crítica, con la intención de no enrarecer el encuentro en La Moncloa del próximo lunes. “No es una buena noticia a tres días de la reunión”, aseguraron fuentes de la presidencia catalana. El Gobierno de Torra sigue defendiendo “la soberanía” del Parlament para plantear todo tipo de debates, aunque como en el caso de la moción impulsada por la CUP, los letrados de la Cámara advirtieran de la ilegalidad que se estaba cometiendo y de los avisos previos que había realizado el Tribunal Constitucional.

La consejera de la Presidencia y portavoz del Gobierno catalán, Elsa Artadi, quiso restar trascendencia a la moción aprobada, que plantea la posibilidad de llevar a cabo las actuaciones necesarias previstas para “alcanzar y culminar democráticamente la independencia”. La moción reitera los “objetivos políticos” de la resolución aprobada el 9 de noviembre de 2015 por el Parlament y anulada a los pocos días por el Constitucional, en lo que fue el inicio del proceso independentista. Junts per Catalunya, Esquerra y la CUP pactaron un texto en el que se dice que los objetivos de aquella declaración se vieron legitimados por las elecciones del 27 de septiembre de 2015 y del pasado 21 de diciembre, en las que las formaciones secesionistas lograron la mayoría absoluta, así como por la celebración del referéndum del 1 de octubre.

Métodos y objetivos

La interpretación que hizo el viernes la Generalitat es que la doctrina del Constitucional considera que son impugnables los métodos para lograr la independencia, pero no así los objetivos, que es lo que se recoge en la moción. En esa estrategia de no echar leña al fuego antes de la reunión del próximo lunes, Artadi recordó también que Junts per Catalunya, Esquerra y los comunes apoyaron en el mismo pleno del Parlament otra moción impulsada por el PSC en el que se reclama al presidente de la Generalitat que constituya una mesa de diálogo que se reuniría cada mes para analizar el encaje político de Cataluña en el Estado.

Pese a esta buena disposición y en sintonía con el Gobierno, el PSC ya presentó el pasado martes recurso de amparo ante el Constitucional contra la decisión de la Mesa del Parlament de incluir en el orden del día la moción de la CUP que finalmente fue aprobada. Los diputados del PSC y de Ciudadanos no participaron en aquella votación..