El vicepresidente andaluz niega que conociera los ERE cuando como alcalde pidió una ayuda en 2003

El vicepresidente de la Junta andaluza, Manuel Jiménez Barrios, ha negado esta mañana que conociera el fondo de los ERE cuando como alcalde de Chiclana (Cádiz) reclamó y recibió una ayuda de 24.000 euros que procedía de dicho fondo, dotado por el Gobierno autonómico con 855 millones entre 2001 y 2010. A petición de la acusación popular ejercida por el PP, Jiménez ha declarado en el juicio como testigo por dicha subvención, otorgada por la Consejería de Empleo para una feria de empleo y comercio celebrada en 2003 en la localidad gaditana.

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“Yo hablé con todo el mundo para encontrar financiación. En absoluto conocía que había una línea de ayuda para ferias de Ayuntamientos en la Consejería de Empleo”, ha manifestado el número dos del Gobierno ante el tribunal de la Audiencia de Sevilla. El exalcalde de Chiclana remitió una carta al delegado de Empleo en Cádiz en 2003 para reclamarle que aportara fondos para la feria municipal, sin saber, según su testimonio, que la subvención vendría del fondo destinado a empresas en crisis. “Esa carta fue una carta tipo remitida a múltiples instancias, a bancos, entidades e instituciones, para que aportaran dinero”, ha añadido.

El PP, personado como acusación popular en la vista, reclamó que acudieran como testigos la presidenta andaluza, Susana Díaz, el vicepresidente y la exportavoz del Gobierno y expresidenta del Parlamento, Mar Moreno. Los jueces rechazaron la comparecencia de Díaz y vieron procedente la de Jiménez y Moreno, que esta mañana han sido muy breves, apenas dos horas entre las declaraciones de ambos políticos.

Al finalizar su testimonio, a las puertas de la Audiencia el vicepresidente ha criticado: “El Partido Popular solo pretendía que yo pasara por delante de la Audiencia. Es una estrategia política, no jurídica, que siempre le pasa factura al Partido Popular. En el juzgado, donde mi comparecencia duró tres minutos, el PP ni se atrevió a preguntarme y ahora lo hace sobre una cuestión de hace 15 años”. “Me parece que el PP se ha comportado de una manera infame”, ha censurado.

Jiménez ha defendido que a pesar de que su Ayuntamiento recibió la subvención por parte de la Consejería de Empleo, “no sabía nada en absoluto de la 31L”. “Posteriormente la feria de muestras justificó gastos y le reclamó el dinero la Administración [la Junta] y ahora el alcalde ha ganado el pleito a la Junta y le han devuelto el dinero”, ha precisado el vicepresidente.

El presidente del tribunal, Juan Antonio Calle, ha cortado varias preguntas del letrado del PP por considerarlas inoportunas al incluir valoraciones del vicepresidente intrascendentes para la causa. La Fiscalía Anticorrupción no ha preguntado al testigo. Sobre los expresidentes andaluces procesados, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, Jiménez ha afirmado: “Son personas a las que estimo”.

La censura del magistrado presidente también retumbó en la sala durante la comparecencia anterior de la exportavoz del Gobierno socialista y expresidenta del Parlamento andaluz, Mar Moreno. “Esto parece un debate político en el Parlamento, y estamos ante una comparecencia en vista oral, solo proceden las preguntas sobre los hechos en función de los escritos de acusación. El resto las declararé impertinentes. Es irrelevante lo que la testigo opine sobre los hechos”, ha zanjado.

El fiscal ha preguntado a Moreno, absuelta tras la instrucción del Tribunal Supremo del caso, por su conclusión de que algunos de los beneficiarios de las ayudas merecían dichas subvenciones, y la exconsejera ha defendido la política de ayudas públicas desde la Junta de Andalucía para empresas en crisis, al igual que hicieron los gobiernos vasco y catalán. “Todos los gobiernos en todas las épocas han prestado ayudas especiales a las grandes empresas por el gran impacto de venirse abajo industrias auxiliares. Son criterios de oportunidad política”.

“Si ha habido intrusos [personas beneficiadas por ayudas y ajenas a las empresas] me parece deleznable. Ahora bien, la existencia de una iniciativa pública para empresas en crisis, es similar a la de Cataluña con la empresa automovilística y el Gobierno vasco con los altos hornos en Vizcaya”, ha añadido.

Esta semana han terminado los interrogatorios a los 66 testigos propuestos por el fiscal y han comenzado los testigos propuestos por el PP y Manos Limpias. Al ritmo actual, la estimación más realista es que el juicio concluya a finales de año y la redacción de la sentencia se prolongue durante meses.

Las próximas elecciones autonómicas están previstas para el próximo marzo. Al respecto, Jiménez ha descartado el adelanto electoral que la oposición da por hecho: “Espero un veredicto lo más rápido posible. Tenemos que pedir la mayor celeridad para saber lo que ha ocurrido. Todo el mundo reconoce que hay estabilidad política y un presupuesto de 2018 aprobado. El Gobierno sigue trabajando, son otras formaciones las que están pendientes de cálculos electorales”.