La renovación del Consejo General del Poder Judicial, un conflicto asegurado para el próximo otoño

El Congreso y el Senado tendrán que abordar el próximo otoño la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un puzle que obliga a ponerse de acuerdo a la mayoría de los grupos del Congreso y del Senado y que esta vez, con el Parlamento más fragmentado de la democracia y el PP recién desbancado del Gobierno, se antoja especialmente complejo. Cada una de las Cámaras tiene que elegir a diez vocales, cuatro entre juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio en su profesión y seis correspondientes al cupo de jueces. Pero la selección tiene que salir adelante por mayoría de tres quintos, lo que exige que se pongan de acuerdo el PP y el PSOE.

El presidente del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes, envió ayer una carta a todos los jueces para recordarles que los cinco años de mandato del actual Consejo vencen el 4 de diciembre y comunicarles que, dentro de un mes, el 4 de agosto, se abrirá el plazo para la presentación de candidaturas para los 12 puestos reservados a los miembros de la carrera judicial. Puede presentarse cualquier juez que cuente con el aval de al menos 25 miembros de la carrera o el de una asociación judicial, pero los nombres de los futuros vocales serán de nuevo elegidos previo acuerdo de los partidos.

La renovación del Consejo llega sin que las Cortes hayan abordado el cambio de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que han reclamado al unísono todas las asociaciones de jueces para que los 12 vocales que les corresponden sean seleccionados por ellos y no por los grupos políticos. “Una vez que se ha iniciado el proceso de renovación no se van a cambiar las reglas a mitad del juego, lo que nos aboca, como mínimo, a otros cinco años de un Consejo elegido por el sistema actual”, afirma Celso Rodríguez Padrón, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de tendencia conservadora y la mayoritaria en la carrera.

Rodríguez Padrón sostiene que la reforma del sistema no ha salido adelante por falta de voluntad política, y ahora, con el Congreso dividido y un entendimiento casi imposible entre los dos grupos mayoritarios (PP y PSOE), teme que el mandato del Consejo presidido por Lesmes se acabe prorrogando. En 2013, con el PP con mayoría absoluta en las dos Cámaras, los grupos tardaron dos meses en llegar al acuerdo del que salió la actual composición del órgano de gobierno de los jueces: 10 miembros propuestos por el PP, siete propuestos por el PSOE, uno pactado con IU, uno con CiU y otro con PNV. Pero la entrada en juego de Podemos y Ciudadanos, y la situación creada tras la moción de censura, que deja al PP con mayoría parlamentaria pero al PSOE con el poder en la Moncloa, complica la situación. “La dificultad de llegar a un acuerdo por la fragmentación del Parlamento pone de relieve la perversión del sistema”, advierte Rodríguez Padrón.

Más optimista se muestra el portavoz de la asociación progresista Jueces y Juezas para la Democracia, Ignacio González Vega. "Me han trasladado que es posible el acuerdo, pero es pronto para saberlo", afirma. Su asociación, que hace cinco años se opuso a presentar candidatura para los vocales del turno de jueces por no estar confirme con el sistema de elección, ha decidido que esta vez sí lo hará, aunque sigue aspirando a la elección directa por parte de los miembros de la carrera.