Condenados los 11 acusados por el ‘caso Pretoria’ de corrupción urbanística en Barcelona

La Audiencia Nacional ha condenado a penas de hasta siete años y un mes de cárcel a los once acusados por la Operación Pretoria, la trama de corrupción urbanística que funcionó durante casi una década en las localidades de Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona, en la zona metropolitana de Barcelona. A lo largo de una resolución de más de 1.300 páginas, los magistrados consideran probados los delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, cohecho, falsedad documental y blanqueo de capitales. Y sentencian al principal implicado, Luis Andrés García, alias Luigi y exdiputado del PSC, al que definen como el "conseguidor", "facilitador" e "intermediario", y condenan al exalcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, a cinco años y ocho meses de cárcel.

Los jueces imponen la mayor pena a Luigi: siete años, un mes y 27 días de prisión, así como una multa de 14,1 millones de euros. También condenan a Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, ex altos cargos de la Generalitat durante los Gobiernos de Jordi Pujol, pero solo a un año, 11 meses y 27 días. El tribunal les ha aplicado los atenuantes de confesión y dilaciones indebidas, después de que ambos alcanzaron un acuerdo con la Fiscalía. Por su parte, la resolución contempla una pena de dos años y tres meses para Manuel Valera; de un año y diez meses para José Singlá; de seis meses para Gloria Torres, Philip Mc Mahan y Maria Lluïsa Mas; y de cinco meses y 29 días para Manuel Carrillo. El exconcejal Manuel Dobarco ha sido condenado a ocho años y seis meses de inhabilitación. Los magistrados aplican a todos los procesados la atenuante de dilaciones indebidas, debido a los casi nueve años que ha durado la causa

Según la sentencia, los acusados tejieron entre 2002 y 2009 toda una red de corrupción en el área metropolitana de la provincia de Barcelona para participar en diferentes operaciones urbanísticas y, en lugar de favorecer el interés público, enriquecerse. "Buscaban la obtención de elevados rendimientos económicos para promotores e inversores particulares, propiciando importantes beneficios y comisiones", relata la Audiencia Nacional, que describe también cómo utilizaron para ello un entramado de intermediarios, testaferros, empresas y cuentas bancarias abiertas en entidades situadas en territorios off shore. Obtuvieron casi seis millones de euros de ganancias ilíticas.

Los roles de la trama

Luis García jugaba un papel fundamental en esa red. Tras ejercer como diputado del PSC desde 1980 a 1988, el socialista contaba con "fluidas relaciones personales y de antigua militancia política con diversos cargos públicos" que le permitían ejercer como "conseguidor". De hecho, los jueces relatan que participó en operaciones en los tres municipios y que se encargaba de seleccionar a los posibles inversores. Después, influía para aprobar los cambios urbanísticos que les beneficiaban, a cambio de comisiones para él y los cargos públicos e intermediarios que intervenían. En Santa Coloma de Gramenet, por ejemplo, usó su amistad con el alcalde para lograr un "dominio fáctico sobre las decisiones municipales, especialmente en los expedientes de adjudicación de concursos y procesos de modificación urbanística".

La sentencia también detalla que Luigi influyó del mismo modo sobre el concejal de Urbanismo en Sant Andreu de Llavaneres, y en Badalona lo hizo a través del consejero delegado de la sociedad pública Marina Badalona. En esta localidad consiguió que una finca edificable situada en un lugar estratégico del puerto pasara a manos de inversores particulares que obtuvieron una gran plusvalía en su reventa.

Prenafeta y Alavedra se unieron a ese entramado, "sabedores de los contactos e influencias" de Luigi. Y, junto a él, planificaron y ejecutaron el "manejo de los tiempos del desarrollo urbanístico y de las adjudicaciones”, según describe la sentencia, que sitúa a Valera como hombre de confianza de García y administrador de sus empresas. Los líderes de la trama también usaron a sus esposas como testaferros, así como a Gloria Torres y Philip Mc Mahan. Los magistrados imponen a los condenados multas que ascienden a un total de más de 35 millones de euros.