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Narbona niega en el Senado las acusaciones del PP de tolerar una “caja b” durante su etapa como ministra

Tensa comparecencia de la presidenta del PSOE en la comisión de financiación en la que solo están los populares

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una reunión del partido.
La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una reunión del partido. EFE

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha negado este martes en el Senado las acusaciones del PP de tolerar una "auténtica caja b" en la sociedad estatal Acuamed durante su etapa como ministra de Medio Ambiente, entre 2004 y 2008. La exministra ha comparecido en la comisión de investigación de financiación de los partidos creada por los populares en la Cámara alta con su mayoría absoluta, y en la que no participa ningún otro grupo político. El PP decidió la semana en la que salió adelante la moción de censura contra Mariano Rajoy reactivar las comparecencias y llamar esta semana a tres destacados dirigentes socialistas: además de Narbona, a la exministra de Vivienda y miembro de la ejecutiva, Beatriz Corredor, que ha sido también interrogada ese martes, y al secretario de Organización, José Luis Ábalos, que comparece el miércoles.

Narbona ha tenido que responder por el plan de desarrollo de plantas desalinizadoras que puso en marcha en su etapa como ministra de Medio Ambiente en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para no llevar a cabo el trasvase del Ebro, y de un programa de publicidad posterior sobre el agua desalada. El PP la ha acusado de "despilfarro" por ese proyecto que tuvo un sobrecoste de 214 millones de euros, y el portavoz en la comisión, Luis Aznar, ha criticado que en la campaña de publicidad del agua desalada, cuyo coste ascendió a 7,5 millones (financiados por las empresas del sector, y de los cuales la sociedad pública Acuamed solo aportó 200.000 euros), hubo una "auténtica caja B" y "mordidas".

La exministra ha negado esas acusaciones en un tenso debate con el portavoz popular. La campaña de publicidad sobre el agua desalada se hizo porque las empresas del sector estaban interesadas en limpiar la imagen de este tipo de agua tras la "alarma social y empresarial" generada por el PP, ha explicado. El entonces candidato del PP al Congreso por Valencia, Esteban González Pons, llegó a decir que estas plantas eran "las centrales nucleares del mar". "Como ministra no admito que nadie me diga en sede parlamentaria que yo he tenido algo que ver con una caja B", se ha quejado Narbona. El portavoz del PP le ha acusado de "hacerse la mártir" y el debate ha subido tanto de tono que el popular ha acabado diciéndole a la socialista que no le amenazara. 

Narbona ha vinculado los sobrecostes de las obras a los "retrasos" en la construcción de las plantas desaladoras por los "obstáculos" que el PP provocó en esas obras por su oposición al plan del Gobierno de Zapatero. "Las actuaciones de desalación fueron objeto de amenazas, de descalificaciones y de trabas administrativas que generaron alarma social y empresarial", ha argumentado. La exministra ha resaltado que las actuaciones de Acuamed fueron auditadas por la Abogacía del Estado y la Intervención general del Estado sin que se encontraran problemas. "No le atribuyo que haya metido la mano en la caja. Usted ha hecho un desastre de gestión, una mala planificación que ha costado miles de millones", ha incidido el popular.

La presidenta del PSOE no está implicada judicialmente en el caso que investiga la justicia por supuestas irregularidades de uno de esos contratos de publicidad a la empresa Crespo Gomar. Tampoco lo está la exministra Beatriz Corredor en la investigación por otro contrato a esa misma empresa en su etapa al frente de la cartera de Vivienda. Corredor ha explicado que ella no nombró a ningún funcionario de los que formaban parte de la mesa de contratación que decidió ese contrato, toda vez que eran todos funcionarios de carrera, y que ella no participó de la decisión porque estaba delegada en la Subsecretaría de su Ministerio por ser de un importe inferior a 300.000 euros.