Torbe, el rey del porno español, se libra de los delitos de blanqueo y trata de mujeres

Al caso Torbe (la investigación judicial que afecta al considerado rey del porno español) se le han caído dos delitos por el camino (trata de ucranianas para grabar escalofriantes escenas de sexo en grupo y blanqueo de capitales), pero ya se acerca a su recta final y mantiene los de distribución y posesión de pornografía infantil y revelación de secretos. Torbe, Torbellino o Natxo (Portugalete, 1969) son los apodos de Ignacio Allende, un director de cine porno que sale a la calle armado con una cámara y ofrece entre 200 y 700 euros, e incluso más en función del aparente nivel de resistencia de la entrevistada, a mujeres que escoge supuestamente al azar. Y a las que trata de convencer para que le acompañen a su estudio y mantener relaciones con él, que graba y luego exhibe en su millonaria página web. Aunque esta solo es una de sus vertientes porno.

Torbe atesoró 1,7 millones de euros en solo tres años vendiendo escenas lujuriosas con él y empleados suyos de  actores o colaboradores, según consta en el sumario

Tiene más, y algunas delictivas, según un auto que acaba de dictar el juez Pedro Antonio Domínguez, que le mantuvo siete meses preso y le liberó provisionalmente tras pagar 100.000 euros de fianza. Solo entre 2013 y 2016, Torbe atesoró 1,7 millones de euros difundiendo escenas lujuriosas con él y empleados suyos (hasta once ha llegado a tener en sus sociedades) como actores o partícipes de las grabaciones porno, según consta en el sumario.

La detención de Torbellino en abril de 2016 levantó una polvareda mediática en la que salieron a relucir conocidos jugadores de fútbol y personajes televisivos amigos del director porno. No hay nada en las diligencias judiciales contra ellos.

Las pesquisas, ya muy avanzadas, se centran en Torbe y en varios de sus empleados y amigos. Al rey de porno español, el juez le atribuye, eso sí, haber distribuido pornografía infantil hallada en una carpeta de su ordenador tras ser detenido y transmitir una grabación manteniendo relaciones con una menor, en 2015. El juez Domínguez, del Juzgado 29 de Madrid, ha decidido eliminar el delito de trata de seres humanos. Torbe trajo desde Ucrania a Madrid a una treintena de jóvenes para grabar los denominados (y temidos) Bukkakes, sexo en grupo con grandes dosis de sevicia en el que intervienen varias decenas de actores masculinos frente a una o dos chicas, que son humilladas sexualmente.

La fiscal, según un informe al que ha tenido acceso EL PAÍS, ha pedido al juez que elimine de las pesquisas el delito de trata de blancas. Cuenta la fiscal, en contra de lo que expuso la policía tras las primeras pesquisas, "que no ha quedado acreditado” que Torbe o su entorno “utilizasen violencia o intimidación” para los llamados Bukkakes. Y cita a la testigo protegida número 3 (TP-3). Esta chica confesó “sentirse a gusto y contenta de trabajar” con Torbe, y declaró que en las imágenes que se le tomaron “rodeada de varones” durante viajes, “de ningún modo" cabe ver en ellas "ansiedad o aflicción”.

La detención de Torbellino en abril de 2016 levantó una polvareda mediática en la que salieron a relucir conocidos jugadores de fútbol y personajes televisivos amigos del director porno

Añade que constan en la causa mensajes de Facebook en los que TP-3 pide a un colaborador de Torbe que le ponga en contacto con él “para hacer películas porno y así conseguir dinero rápidamente”. Recuerda la fiscal que esta testigo mantuvo una relación sentimental con Torbe que acabó “abruptamente” tras denunciarla el actor por “posible sustracción de dinero y de enseres”.

La fiscal María Jesús Rodríguez Zarauz entiende asimismo que no hay pruebas de que Ignacio Allende formase parte de una red de trata de mujeres (una treintena) procedentes de Ucrania y traídas por Torbe a España entre octubre de 2015 y abril de 2016 con ayuda de los también investigados Borys Malyonovsky y Lyudmyla Sova con la intención de rodar bukkakes. La policía señaló que estas mujeres fueron traídas a España “privándolas de libertad” y que se las coaccionó “para hacer películas porno de temática bukkake”. Y que, además, se prestaron a grabar esas películas sin contrato de trabajo y por precios muy bajos. “Nada de esto ha quedado probado”, sostiene la fiscal, que añade: “Las jóvenes ucranianas vinieron  sabiendo a lo que venían y conociendo el objeto del viaje, y ello se infiere de los contratos aportados de cesión de derechos de imagen firmados por las chicas y la productora denominada Perroflauta Producciones, S. L., cuyo representante legal es Ignacio Allende, Torbe”.

Es cierto, añade la fiscal, “que de las conversaciones de Liudmyla con otro implicados y con Tania, mujer que enviaba a las jóvenes desde Ucrania a España, a algunas chicas no les advirtieron de cuántos hombres iban a participar en esas escenas sexuales”. Pero ello “no implica que no conocieran el contenido de las grabaciones de pornografía de adultos que iban a realizar”. Y, además, “cobraron por las grabaciones unas cantidades nada despreciables, en todo caso muy superiores a lo que cobraban actrices españolas, quienes por cada Bukkake percibían 300 euros, mientras que las ucranianas recibieron cantidades de entre 1.300 y 1.700 euros por cada grabación, sextuplicando lo cobrado por las españolas y latinas”.

"Relatos estremecedores"

Sin embargo, la fiscal sí ve indicios de criminalidad en Allende por distribución y posesión de pornografía infantil y descubrimiento y revelación de secretos. Un informe policial señala que el director porno transmitió videos de una menor con la que mantuvo relaciones sexuales, sin contar los archivos de pornografía infantil descubiertos en una carpeta de su monitor durante un registro. El acusado se ha defendido alegando que esos archivos fueron descargados desde una web llamada eMule, que permite descargar archivos de contenido no siempre previamente identificable que, además, nunca llegó a abrir. Y que detesta la pornografía infantil.

La policía apunta que el denominador común de las decenas de chicas que han pasado en los últimos lustros por los estudios de Torbe (pisos distribuidos por Madrid) es la necesidad de dinero y el desarraigo familiar. En la causa hay estremecedores relatos de chicas que, si bien admiten que fueron ellas la que contactaron con Torbe esgrimiendo que les gustaba el porno o necesitaban dinero, también indican los traumas personales vividos al conocer que sus vídeos habían sido colgados en Internet. Torbe les exigía dinero para eliminarlos basándose en el contrato de cesión de imagen que habían firmado, según las afectadas.

El juez ha conminado a las partes, entre las que se halla la Asociación Nacional de Afectados de Internet y las Nuevas Tecnologías (Anfitec) que dirige Manuel Carlos Merino, a que emitan su calificación de los hechos, lo que abre la puerta del banquillo al rey del porno español.